Cuando Macri asumió, encontró un camino allanado para su propósito de rematar el país y disciplinar la protesta social. Recibió del kirchnerismo el legado de la Ley Antiterrorista, gendarmería y prefectura instaladas en Buenos Aires y en las principales ciudades, fuerzas de seguridad lanzadas contra huelgas de trabajadores del estado y privados y criminalización de las luchas. Lo muestran los petroleros de Las Heras condenados sin pruebas a cadena perpetua (que Osvaldo Bayer llamó los Sacco y Vanzetti del Siglo XXI) y miles de procesados por participar de marchas, piquetes, huelgas y luchas sociales.
Pero la llegada de Cambiemos a la Rosada significó un salto en la represión a las luchas y en la persecución a la militancia social y política que se interpusiera en sus planes hambreadores y serviles a las grandes empresas, las potencias mundiales, el FMI y el G20.
Milagro Sala en huelga de hambre.
A solo un mes de la asunción de Macri, la dirigente de la organización Tupac Amaru fue detenida por organizar una protesta al gobernador Morales de Jujuy. Aunque esa causa no prosperó, le sumaron otras por presunta corrupción, para dejarla en la cárcel, aunque no hubieran comprobado sus delitos.
Ahora un juez revocó la prisión domiciliaria de Milagro Sala y ordenó su traslado al Penal Federal de Salta, burlando los reclamos por su libertad, las declaraciones de organismos de DDHH nacionales e internacionales y hasta a la propia Corte Suprema de Justicia.
Milagro Sala inició una huelga de hambre. ¡Prisión domiciliaria para genocidas como Etchecolatz y cárcel común para los que protestan! ¿Qué justicia es ésta?
Presos, procesados y persecuciones.
A Milagro siguieron las detenciones de Facundo Joanes Huala, líder mapuche, y de Agustín Santillán, dirigente wichi. A ambos les “armaron” causas por reclamar tierras para sus comunidades. Osaron cuestionar la propiedad de ricachones como Benetton, Turner, Lewis, Pérez Companc, Bulgheroni y otros.
En 2017 aumentaron las persecuciones y cárcel de opositores políticos.
A medida que iba perdiendo control social, peor reaccionaba el gobierno y en descarada violación al derecho de manifestarse.
A las multitudinarias acciones contra la Reforma Jubilatoria de diciembre de 2017 respondió con brutal represión y cientos de detenidos.
Producto de las cacerías represivas del 14 y 18 de diciembre, todavía hoy están presos Diego Parodi y José María Carrizo; hay compañeros procesados, como César Arakaki y Dimas Ponce del PO; y continúan las persecuciones, como a nuestro compañero, Sebastián Romero, que hace poco fue de nuevo demonizado en TV por la Ministra de Seguridad. Todos señalados como delincuentes, solo por defender a los jubilados.
En tanto, no hay castigo para Bullrich ni para los demás responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, ni de la ejecución por la espalda de Rafael Nahuel. Se cumple al pie de la letra lo que dijera el poeta: “El fuero para el gran ladrón. / La cárcel al que roba un pan.”
Redoblar la pelea.
A pesar de los ataques del gobierno y de las traiciones de la dirigencia sindical y política mayoritaria, los trabajadores y el pueblo no se rinden y siguen en las calles.
Se necesita mucha unidad en la lucha. Porque sin unidad obrera y popular no es posible frenar a Macri.
Y se necesita rescatar los valores de la mejor moral proletaria, que ha caído en el olvido para muchas organizaciones, incluso de la izquierda revolucionaria. La que dicta que los presos, procesados y perseguidos por luchar, son de toda la clase trabajadora, que ante una embestida enemiga las divergencias políticas deben pasar a segundo plano.
Con una pelea incesante y unitaria, con esa moral fraterna y leal, es posible derrotar al gobierno y sus planes, lograr justicia para Santiago y Rafael Nahuel, el cese de las persecuciones y el desprocesamiento de los luchadores y hacer realidad la vieja consigna: “Libertad/libertad/ a los presos/por luchar.”