Se cumplen 44 años del inicio de la Dictadura Militar, que asesinó más de 30.000 luchadores populares, obreros y estudiantiles. Una Dictadura al servicio de un plan económico que destruyó la economía nacional, inició el endeudamiento externo a manos del FMI y enriqueció a un puñado de empresarios cómplices.
Las organizaciones de DDHH vuelven a marchar, junto a decenas de miles, para exigir justicia por esos crímenes, para lograr la apertura de los archivos secretos de la dictadura, y para rechazar la continuidad de la violencia del Estado, aunque bajo formas “democráticas” y “legales” de todos los gobiernos.
En Argentina funcionaron cerca de 500 centros de detención clandestinos, en los que actuaron decenas de miles de asesinos y torturadores en un plan sistemático de represión. Está demostrado que fue un genocidio cometido por el conjunto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, bajo la tutela del Estado.
La inmensa mayoría de los asesinos represores continúa en libertad. Así como los empresarios que colaboraron con la Dictadura, junto a jueces, miembros de la Iglesia, etc. Por esa colaboración, la Dictadura (a través de Domingo Cavallo) estatizó la deuda de grandes empresas. Lo que debían ellos, pasó a ser deuda de todo el pueblo argentino, que aún hoy seguimos pagando.
Alfonsín protegió a los genocidas, limitándose a encarcelar a 9 comandantes. Menem los indultó. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impidieron seguir con el juicio a los demás criminales. El Argentinazo, del 2001 obligó a Néstor Kirchner a derogar esas leyes. Pero en 17 años, solo fueron juzgados alrededor de 700 genocidas.
En Argentina, aún no se logró la Justicia en relación a la Dictadura
Ningún gobierno desde 1983 hasta hoy aceptó abrir los archivos secretos de la Dictadura, lo que significa una protección inaceptable a los genocidas, cuando todo el pueblo reclamó y reclama Verdad, Memoria y Justicia.
Eso alimenta la impunidad de hoy, los crímenes como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, así como la utilización autoritaria de la Justicia heredera de la Dictadura y sus jueces corruptos, que mantiene más de 6.000 procesos sobre los luchadores, y encarcelan, reprimen o persiguen, como ocurrió luego del 18 de diciembre del 2017 con nuestros compañeros Sebastián Romero o Daniel Ruiz, junto a otros que manifestaron para rechazar las medidas antiobreras.
Contra todo eso, marcharemos el 24 de marzo, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que agrupa a decenas de organismos de DDHH, junto a organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas, que luchan por todo esto de manera independiente de los gobiernos de turno.
¿Dar vuelta la página?
Alberto Fernández se dirigió a los militares en un acto de despedida de Cascos Azules, ante las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Allí dijo que había que “dar vuelta la página” sobre el genocidio, porque no quedan en ejercicio militares que actuaron durante de la Dictadura. Y señaló que no podían pagar las Fuerzas Armadas “democráticas” de hoy por las “inconductas” de algunos militares del pasado. Lo que niega el plan sistemático de represión, volviendo a la teoría de los “excesos” cometidos por “algunos” militares.
La intención de Fernández, confirmada por el Ministro de Justicia, Agustín Rossi, es volver atrás el reloj de la historia. Todos los gobiernos de la “democracia”, intentaron la “reconciliación” de las FFAA con la población. Saben que, para aplicar los ajustes que ordena el FMI para renegociar cada varios años la deuda, necesitarán reprimir.
No podemos permitir que eso ocurra. Tenemos que movilizarnos para impedir este retroceso, y para exigir Juicio y Castigo a todos, así como el cese de toda represión y persecución a los que luchan.
Muchos luchadores por los DDHH votaron al actual Gobierno para echar a Macri, e impedir sus intentos de perdón al genocidio y reconciliación. Y se vieron amargamente sorprendidos por estas declaraciones del Presidente. Aunque no marchen junto a nosotros, los convocamos a rechazar todo intento de vuelta atrás, y a seguir luchando (exigiendo ahora a quien consideran su gobierno) la cárcel para todos los genocidas, la apertura de los archivos secretos, y el fin de toda persecución a los luchadores, así como la inmediata libertad de Milagros Sala, Luis D’Elía, el fin de la farsa del juicio a Daniel Ruiz y César Arakaki, así como el fin de la persecución a Sebastián Romero.