El país ya superó el mes de aislamiento obligatorio para evitar la infección masiva del COVID-19. Pero hay otra pandemia que crece: es el hambre que azota a millones de personas, donde la asistencia por parte del Estado es insuficiente.
En las últimas horas salió publicado el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) donde los números y las proyecciones son muy categóricos.
Se estima que la economía en América Latina caerá en torno del 5,3% y predice que habrá este año en el continente 28,7 millones de personas que caerán por debajo de la línea de pobreza y 16 millones bajo la pobreza extrema. A estos pronósticos se suman el incremento significativo del trabajo infantil que hoy se encuentra en 7,3% y un aumento en el trabajo informal que hoy es de 53,1%.
Argentina está lejos de ser la excepción a estos números continentales, ya que la CEPAL la ubica en el segundo lugar de los estados más afectados con 6,5 de caída económica.
Estos números lo único que demuestran es la crueldad del sistema capitalista frente a los pobres y, por otro lado, lo insuficiente de las medidas por parte del gobierno de Fernández que sigue priorizando los intereses de los empresarios.
La realidad en los barrios
Lamentablemente estos números ya empiezan a verse en la realidad de los barrios más pobres del país, en donde los comedores del Gran Buenos Aires, por ejemplo, tuvo un crecimiento del 40%, al igual que la entrega de bolsones de comida, con la dudosa administración por parte de las organizaciones sociales que forman parte del Gobierno y tienen funcionarios en el Ministerio de Desarrollo, organismo que compra los alimentos tres veces más caros que el valor en un supermercado.
Los $ 10 mil del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que el Gobierno tenía previsto otorgar a casi cuatro millones de personas, se vio obligado a duplicar la cantidad de beneficiarios, ya que lo solicitaron 11 millones. Beneficio, además que es diluido cada día por la inflación galopante (marzo 3,3%) en los productos de primera necesidad como la leche, huevos, aceites, fideos, etc.
Impunidad empresarial
Nuevamente estos aumentos son una muestra más de los empresarios hacen lo que quieren con total impunidad y muestra que lo único que importan son sus ganancias con indiferencia absoluta sobre cuántas muertes o pobres menos hay. La impunidad empresarial se ve también en como incumplen el decreto de prohibición de despidos, como patronales como Techint, que despidió 1450 trabajadores o el empresario Bruzeze, dueño del frigorífico Penta, que dejó a 250 familias en la calle.
Mientras estos personajes están impunes, el Gobierno hace oídos sordos a los reclamos de los más necesitados, como las víctimas de violencia familiar y de género, con denuncias que en lo que va de la cuarentena se incrementaron un 40%.
No puede faltar comida en ningún hogar
En un país donde se producen alimentos para 400 millones de personas, es inadmisible que haya hambre en nuestros hogares. El Gobierno dice que está haciendo todo lo posible para sobrellevar la situación, pero ¿es realmente así? ¿No se podría hacer más?
Desde el PSTU sostenemos que es posible combatir realmente el hambre, si se deja de privilegiar la ganancia capitalista, por sobre nuestras vidas. Pero eso no lo lograremos por la propia voluntad de los empresarios, ni lamentablemente ni del Gobierno, que por más que habla de la vida y la salud poco hace en realidad y se cuida de tocar en profundidad los intereses patronales.
La organización y solidaridad obrera y popular es lo único que nos podrá salvar. Por eso proponemos organizarnos en cada barrio para exigir al Gobierno que deje de darnos migajas, que se distribuya una canasta de alimentos básica (que incluya frutas, verduras y carnes) para todas y todos. Eso se podría garantizar si se obliga a las empresas alimenticias (que crecieron un 3,2% en este periodo de crisis) a otorgar como mínimo un 20% de su producción en forma gratuita mientras dure la pandemia. De manera similar, los grandes supermercados (que se llenan de plata con esta situación) deben otorgar en forma gratuita bolsones de alimentos.
El Gobierno tiene instrumentos legales que se está negando a utilizar, como la Ley de Abastecimiento, aprobada en 1974 y modificada en 2014: “La Ley de Abastecimiento básicamente le permite al Gobierno hacer todo en una empresa. Por un plazo de hasta 180 días, puede intervenir una firma, obligarla a producir una cantidad determinada de productos, fijar precio y establecer márgenes de ganancias, entre otras cuestiones. Se consideran infracciones incrementar precios “artificial o injustificadamente” de una manera no proporcional al aumento de costos, revaluar existencias sin autorización, acaparar mercadería o materias primas, crear instancias de intermediación en una cadena de valor que no se considere justificado, negar la venta de bienes o de prestar un servicio, destruir mercadería, entre otros.”(1) ¿Cómo no aplicar esta ley en la crítica situación sanitaria y alimenticia en la que estamos? Mientras miles fueron detenidos por violar la cuarentena, no hay ningún castigo para los empresarios que especulan con el hambre del pueblo trabajador.
Para dar estas peleas no podemos permitir que la asistencia y la distribución de ayuda alimentaria siga en mano de los punteros del Gobierno. Tenemos que organizarnos entre todos los vecinos y vecinas, formar comités con representantes elegidos entre todos y todas, para tomar esta lucha en nuestras manos. Exijamos al gobierno de los Fernández, a los supermercados y a las cientos de organizaciones sociales que hay en cada barrio que dejen de administrar la miseria y se pongan a pelear por lo que nos corresponde.
(1)https://www.ambito.com/economia/ley-abastecimiento/el-gobierno-planea-aplicar-la-ley-abastecimiento-evitar-faltantes-las-gondolas-n5089068
23 de Abril de 2020.-