El 16 de abril el Gobierno de los Fernández dio a conocer algunas características de la oferta de negociación de parte de la Deuda Externa a los acreedores privados poseedores de bonos de la Argentina bajo legislación extranjera. Los medios patronales lo anunciaron con bombos y platillos como si fuera toda la Deuda Externa y elogiando la propuesta. Incluso la oposición burguesa, llámese macrista y otros, pero sin comentar que por sus características seguramente iba a ser rechazada como sucedió, quedando el Gobierno como con una falsa actitud de firmeza y enfrentamiento ante los fondos buitres especuladores. Se disimuló así la verdadera postura de la gestión Fernández de querer negociar a toda costa evitando declarar oficialmente el default de hecho de nuestro país, ante una crisis profundizada por las consecuencias económicas de la pandemia por el “corona-virus”.
Como toda negociación entre capitalistas, la “letra chica” de las verdaderas intenciones y propuestas es difícil de conocer y entender por ahora, pero de los datos difundidos se pueden obtener algunas primeras conclusiones. Recordemos que Alberto Fernández en materia de Deuda Pública acumula un poder irrestricto facultado por el Congreso para negociar lo que se le ocurra bajos las leyes 27541 de Solidaridad y Reactivación Productiva y 27544 de Sostenibilidad de la Deuda Pública. Sin entrar en mayores detalles numéricos, en marzo 2020 un decreto de Fernández (Nº 250-2020) faculta a negociar y reestructurar Deuda Externa bajo Ley Extranjera por U$S 68.843 millones, con mayorías de bonos bajo la Justicia de Nueva York, en Estado Unidos.
En toda reestructuración de Deuda inciden tres variables fundamentales: el monto, el plazo y la tasa de interés, que muestran además en la Deuda argentina el grado de verdadera voluntad de negociación del Gobierno y quien realmente se beneficia. Se agrega en este caso el “factor de la oportunidad o del momento”, como la falta total de recursos para pagar por una crisis económica nacional e internacional, agudizada bajo las durísimas condiciones que impone la pandemia del corona-virus, más aún en los países semicoloniales.
LA OFERTA DEL GOBIERNO A LOS BUITRES
POR EL CAPITAL: A mediados de abril, con una actitud de dudosa soberanía, y no difundido por los medios, el Gobierno, utilizando al estudio de abogados yanquis Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representa los intereses argentinos en Estados Unidos desde la gestión de Domingo Cavallo, presentó a la Comisión de Bolsa y Valores norteamericana un pedido de colocación de nuevos bonos por U$S 50.500 millones. Lo que induce a calcular que el pedido de quita de capital habría rondado en principio en el 25%, que generó de antemano el total rechazo de los acreedores. Y peor aún, ello implicaba que no era un canje con los bonos viejos, los que quedarían en un fideicomiso (custodia) como garantía que el plan de pago ofertado se cumpla, caso contrario se ejecutaría. Ello implica una conversión de la deuda, un verdadero sometimiento a las leyes extranjeras, y no un canje supuestamente “soberano”.
Ante los primeros rechazos de los acreedores especuladores el Gobierno les propuso una quita en la mayoría de los bonos de un 5% llegando al 12% en una minoría. Los acreedores buitres no lo miran con dasagrado ya que fueron comprando los bonos al 30 y 40% de su valor (si el bono en origen era de U$S 1.000, lo adquieren por la crisis argentina a U$S 400 por ejemplo), y se les cancelaría a futuro casi el 100% del valor. Algo que el Gobierno declinó a favor de los buitres.
POR LOS PLAZOS: según lo dicho por el Ministro de Economía, Martín Guzmán, “hoy la Argentina no puede pagar nada”, tanto en capital como en intereses. Por ello requiere un plazo de gracia hasta el 2023 (tres años), que no por casualidad es el último año de la gestión de los Fernández. Es decir, “lo tira para adelante”, pero acumulando intereses en ese lapso. Propone además vencimientos paulatinos hasta el 2047 pero pagando intereses.
POR LOS INTERESES: la tasa promedio que se ofrece pagar a los acreedoreses del 2,33%, empezando por 0,5% y creciendo hasta el 5% final. Algo beneficioso para el país cuando actualmente está pagando intereses usurarios entre el 8% y el 12% por las sucesivas crisis de Deuda. Una tasa propuesta que es parte del juego de “regateo” al reconocerse por otro lado casi el 100% del capital. Pero una oferta que de antemano fue rechazada por los acreedores, ya que implica una quita de U$S 37.900 millones de los intereses que se adeudarían.
EL GOBIERNO NO QUIERE DECLARAR LA MORATORIA
Venimos denunciando que la Deuda Pública argentina rondaba a fines del 2019 en los U$S 400.000 millones de dólares, incluyendo las deudas provinciales y de las entidades y empresas estatales, sumando además el préstamo del FMI gestionado por el Gobierno anterior. Parte de esta colosal cifra es la Deuda Externa que llegaba a los U$S 320.000 millones por capital e intereses.
Por lo tanto, a pesar que lo esconda el Gobierno y sus funcionarios y medios afines, la oferta efectuada es por una pequeña parte de la totalidad, unos U$S 65.000 millones, visto las leyes mencionadas. Obviamente, los acreedores buitres rechazaron la oferta, más cuando su ganancia está principalmente en los intereses a pesar que el capital se mantendría. Al respecto Guzmán declaró esta semana: “La oferta es lo que es”…”Ahora es la hora de los acreedores a definir”…”Es el compromiso que podemos cumplir”… “El rechazo era esperable…es parte de un proceso”.
El Ministro ratificó que “la Argentina está en un virtual default, en una cesación de pago”… Pero Guzmán se niega a declarar oficialmente un default, quizás con la esperanza de que se llegue a un acuerdo y llegar nuevamente al acceso al crédito internacional que es en definitiva el objetivo de este gobierno burgués populista. Algo que nuestra historia capitalista demostró que el endeudarse llevó a este desastre, con una Deuda impagable.
El Gobierno mostró hasta estos días que quiere quedar bien reconociendo la Deuda, concediendo desde su asunción en diciembre de 2019 pagos por U$S 5.000 millones, antes de la oferta, recursos que fueron a parar a manos de los buitres y no a defender el sistema de salud ante la pandemia y cuarentena declarada y las terribles consecuencias en el trabajo y los salarios.
A partir de ahora no podrá pagar por la crisis. Pero se niega a desconocer la Deuda e investigarla y declarar su moratoria unilateral para aprovechar estos recursos y aliviar el sufrimiento de millones de trabajadores y jubilados. En los hechos tuvo que postergar hasta el 2021 cancelación de Deuda Externa e intereses por U$S 10.000 millones con jurisdicción en el país. El problema es que parte de esa Deuda es con organismos como el ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la plata de los jubilados.
Rechazamos todo tipo de negociación con los buitres, y menos ante la crisis económica y social aumentada por la pandemia. Es necesario una actitud realmente soberana de declarar la moratoria y no pago de este robo, porque de lo contrario es reconocer la estafa a la que nos fueron sometiendo los diferentes gobiernos patronales hasta nuestro días, fueran militares, radicales, peronistas de varios colores, aliancistas y neoliberales macristas.