El martes 28 de octubre se dio a conocer el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes, en el que se acusaba a Reina Maraz por la muerte de su esposo Limber Santos en 2010. Con sus 26 años, madre de tres hijos (la más pequeña nacida en la cárcel), proveniente de una pequeña comunidad de la provincia boliviana de Sucre, pobre, muy pobre, Reina se encontraba detenida desde el 2010, pero recién pudo saber realmente la causa de su detención en abril del 2012 cuando, por intervención de la Comisión Provincial de la Memoria, comenzó a asistirla Frida Rojas como intérprete, pues Reina es quechua hablante y comprende muy poco el español ¿Cuáles son la pruebas para acusarla? Solo una, endeble, el testimonio del hijo de 5 años, viviendo en ese momento con la familia del padre asesinado, tomado en una Cámara Gessell altamente cuestionada en su procedimiento por los entendidos.
La noticia pasó inadvertida por la inmensa mayoría de los medios, es una noticia que no vende ¿A quién puede importarle la vida de una “india” pobre que ni siquiera habla español? El respeto a la diversidad cultural y a las mujeres, tan utilizados en sus discursos por Cristina, una vez más se demuestran como puro relato, que no se condice con la realidad de la inmensa mayoría de nosotras.
Pobreza y opresión
Reina y su marido se conocieron en Bolivia cuando ella tenía 17 años. Tenían dos niños muy pequeños cuando en 2009 él la dejó y se vino a la Argentina. En 2010 regresó a buscarla, ella no quería venir, él la amenazó con llevarse sus hijos y ella terminó viniendo. Vivieron un tiempo en casa de familiares de él, donde era brutalmente maltratada, luego consiguieron trabajo en una fábrica de ladrillos en Florencio Varela y se mudaron allí. Él los cortaba y ella los apilaba, les pagaban muy, muy poco. Él se emborrachaba y la golpeaba, llegando a dejarla inconsciente en alguna ocasión. Ella intentó escapar, volver a su tierra, pero la familia de él le tenía secuestrados sus documentos. Él jugaba y tenia deudas de juego, para saldarlas la entregó a su acreedor y vecino, Tito Vilca, que la violó dos veces.
¿Justicia para quién?
El 16 de noviembre de 2010 Reina denunció en una Comisaría, junto con su suegro, la desaparición de su marido luego de que se peleara con Tito Vilca. Cuatro días más tarde la policía la detiene acusada de matar a su marido en complicidad con Vilca, con el objetivo de robarle. Vilca murió en la cárcel sin llegar al juicio. El fiscal pidió la pena máxima para la acusada, de la que recién escuchó testimonio en el juicio, cuando pudo declarar en su lengua materna. La pena máxima pedida para Reina, basada sólo en el testimonio del niño, cuya validez es cuestionada por los peritos, es la misma que tienen los militares genocidas. Las juezas acataron el pedido del fiscal al pie de la letra.
Una vez más: género o clase
Tres mujeres son las que emitieron la sentencia, las que no consideraron como atenuante ninguna de las situaciones vividas por la acusada, las que ni siquiera, garantizaron realmente el derecho a la legitima defensa. ¿Hubiese pasado lo mismo si Reina fuera empresaria, o hija de empresarios, o al menos de clase media? Seguramente no, no habrían sido tan extremamente avasallados todos sus derechos. A Reina no la condena sólo ser mujer, sino también y principalmente, por ser una pobre trabajadora inmigrante, y esas juezas, por más mujeres que sean, son parte de esa “justicia” hecha a medida de los ricos, para condenar a los pobres. Este fallo hace honor a las xenofóbicas reformas del Código Penal presentadas por otra mujer, la presidenta Cristina.
Repudiemos el fallo
Las organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas y de derechos humanos no podemos hacer caso omiso frente a este fallo indignante. Es necesario que por todos los medios lo difundamos y repudiemos, pues sólo la presión de la movilización puede revertir la acción de esta justicia injusta.
6 de noviembre de 2014