Al cierre de esta edición los medios anunciaban el mayor número de contagios y muertes por el coronavirus en un solo día desde que empezó la pandemia. Sin embargo, la prioridad del Gobierno es la apertura de más actividades económicas y la consolidación del Pacto Social con los empresarios y las centrales sindicales para “salir de la crisis”.
La conmemoración de los 204 años de la Independencia Nacional en la quinta de Olivos encabezada por Alberto Fernández fue una muestra muy clara de la estrategia del Gobierno frente a la crisis actual. Luego de las rispideces en aumento generadas por el anuncio de la expropiación de Vicentín, con un gobierno retrocediendo en el anuncio y admitiendo el “error”, la paz pareció volver al reinar en un 9 de Julio en el que hubo lugar para todos y todas los representantes del empresariado y la dirigencia sindical a su servicio.
Una fase empresarial
Los dueños del país (la UIA, Sociedad Rural, la Cámara de Comercio Argentina, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos Argentinos y la Bolsa de Comercio, entre otros.) y los garantes de su poder, como la CGT, acudieron a la cita con la vista puesta en el plan pospandemia, como si la terrible situación que se vive en los trabajos y barrios populares por la extensión del virus ya fuese cosa del pasado. Los sectores concentrados de la economía son los que más han ganado durante estos meses, demostrando que es el propio Gobierno quien les garantiza su rentabilidad.
Mientras casi 20 mil comercios cerraron, a las grandes empresas extranjeras y nacionales les dieron subsidios, exenciones impositivas, pago de salarios a todos sus empleados y les avalaron despidos y suspensiones con rebaja salarial
Negocian un nuevo ajuste
Las conversaciones para avanzar en el Pacto Social continuaron los días subsiguientes con lineamientos claros: la garantía de continuar pagando la Deuda Externa es una prioridad que no se discute, y sobre el cual Alberto Fernández da garantías de lograr la renegociación; la puesta en agenda de la Reforma Laboral (que los empresarios vienen imponiendo de hecho, pero quieren legalizar), la Reforma Impositiva (parte de los reclamos empresariales es la quita de cargas por impuestos para apaciguar la crisis y la asistencia social (cuyo eje, viene anunciando el Gobierno, y será la mensualización del IFE o ayuda similar, y no la creación de puestos de trabajo que permitan condiciones de vida dignas), entre otros.
Un Pacto en el que pierde el pueblo trabajador
La idea de Pacto Social no es nueva en la Argentina, ni su actualidad un producto solo de la pandemia. Desde que asumió el Frente de Todos es el centro de su plan. Empresarios, gobernantes y sindicalistas venden el Pacto Social como un acuerdo solidario para sobrellevar la crisis, pero está claro que las prioridades allí planteadas no son las de las necesidades de la mayoría de la población, sino las de los poderosos de siempre.
¿Qué es la Reforma o actualización laboral que vuelve a ser mencionada? Ni más ni menos que el aumento de la explotación de los trabajadores y trabajadoras para “recuperar” las ganancias de las empresas, que ahora “lloran la crisis” porque no ganan tanto, mientras el 40% de la población argentina ya se encuentra en la pobreza.
Un acuerdo que tranquilice y contente a los empresarios solo puede significar peores condiciones para los trabajadores y trabajadoras, aún con el acuerdo de la dirigencia de las centrales sindicales (CGT, CTA). Desde hace tiempo ya está a la vista que estos burócratas no representan los intereses de sus representados, avalando despidos y rebajas salariales, y muchos de ellos son parte del Gobierno como funcionarios o legisladores del Frente de Todos.
Ruidos en la alianza gobernante
La imposibilidad de un acuerdo “solidario” con los poderosos de siempre es tan evidente que hace ruido entre los adeptos de la propia coalición gobernante.
La más resonada crítica fue la de Hebe de Bonafini, en nombre de la Asociación Madres de Plaza Mayo, con una carta en la que expresó su dolor porque el Presidente “sentó a la mesa a quienes explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras” y la recomendación que hizo Cristina Fernández de una nota del diario oficialista Pagina\12 en la que el periodista económico Alfredo Zaiat plantea la dificultad de un acuerdo nacional con importantes sectores del empresariado puede también leerse como una crítica sutil en el mismo sentido.
Más allá de los matices que se puedan expresar hacia el futuro, lo cierto es que desde que asumió Alberto Fernández, a pesar de los discursos populistas, no hace más que ceder a las demandas de las grandes empresas, en desmedro de la vida del pueblo trabajador y eso es apoyado por el conjunto de la coalición.
De este lado de la grieta
El entusiasmo de los sectores de poder por avanzar en el Pacto Social no hace más que confirmar que la verdadera grieta no es la instalada por los medios entre oficialistas y opositores, sino entre el pueblo trabajador y los dueños del país y sus políticos afines.
De este lado del mostrador día que pasa, día que la situación empeora. La fase empresarial de la cuarentena llevó a que el coronavirus se extienda en los lugares de trabajo transformándose en un temor permanente para los trabajadores y trabajadoras (ver páginas 6 y 7). La desocupación llega al 10,4% siendo las mujeres las más afectadas, los precios de los productos básicos siguen aumentado, con acuerdo del Gobierno, y sigue la lista de pesares.
Tenemos que frenarlos
Aunque en forma aislada y atomizada, crecen las luchas por el país: los trabajadores marítimos son protagonistas de un conflicto testigo, hoy suspendido por la conciliación obligatoria, en el que la patronal con la excusa de la pandemia pretenden avanzar contra el Convenio Colectivo de Trabajo; los trabajadores de UTA Córdoba llevan semanas de conflicto y son reprimidos; los trabajadores y trabajadoras del frigorífico Penta, de la alimenticia La Nirva y de la metalúrgica Prosidar siguen peleando por sus puestos de trabajo; gremios de la salud realizan medidas por las reaperturas de paritarias y el cobro del bono prometido, los trabajadores de reparto (Rappi, Glovo, etc) por condiciones laborales , y un largo etcétera.
Peleas existen y podrían ser muchas más si no fuera por el accionar vergonzante de las dirigencias sindicales. El Pacto Social tiene ese objetivo, avanzar en el ajuste, pero atando de pies y manos la resistencia de los trabajadores y trabajadoras.
El Gobierno nos obliga a salir a la calle a luchar
La miseria y el abuso patronal nos ataca cada hora, como podemos salimos a manifestarnos, sabemos que es un riesgo, pero son las políticas del Gobierno las que nos llevaron a esta situación de 100 mil infectados. Mientras los ricos, CEOs, gerentes y políticos tienen garantizados su cuarentena, sus respiradores y camas en clínicas privadas, los trabajadores y trabajadoras sólo sufrimos, pero no nos resignamos y se sale a luchar.
Hoy en día es más necesaria que nunca la solidaridad con todas las luchas en curso, la coordinación de todos los sectores, la unidad de los trabajadores y trabajadoras ocupados con los desocupados, de los trabajadores y trabajadoras de planta con los precarizados. Solo rompiendo el aislamiento que nos imponen las dirigencias sindicales, organizándonos de la manera que sea, con comités o comisiones, con asambleas en cada sector, con los dirigentes, delegados o con la cabeza de ellos, con todo tipo de medidas de acción directa, así podremos imponer medidas para cuidarnos del virus y frenar los ataques a nuestras condiciones de vida que nos están imponiendo y los que vendrán.
No olvidamos que parte de esta lucha es sin duda, la libertad de Sebastián Romero y todos los presos políticos y la aparición con vida de Facundo Castro.
No hay ninguna posibilidad que el plan del Gobierno pueda revertir las causas y consecuencias de esta crisis. Por eso necesitamos construir una nueva alternativa obrera, revolucionaria y socialista.
16 de Julio de 2020.-