A fines del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández contaba con que entre enero y febrero ya se alcanzara la cifra de diez millones de personas vacunadas. Llegando a mediados de febrero, ese pronóstico se encuentra un tanto lejos de la realidad, con 300 mil personas que han recibido la primera dosis, y un poco menos de 200 mil que han recibido ambas dosis.
AstraZeneca y el laboratorio Gamaleya (que produce la Sputnik-V) eran los principales proveedores para esta primera etapa. Ambos han declarado demoras y complicaciones en la producción de las vacunas.
La cantidad de dosis que el Estado argentino tiene a su disposición no alcanza ni siquiera para vacunar al personal de hospitales y clínicas tanto públicos como privados. Son casi 800 mil personas que componen el primer grupo prioritario dentro del plan del Gobierno. Ni hablar de las 22 millones de personas que conforman la principal prioridad del plan de vacunación, ya sea por pertenecer a grupos de riesgo, o por trabajar en sectores considerados esenciales.
Las multinacionales especulan con la vida
Un detalle no menor que no podemos dejar pasar es que la vacuna contra el COVID-19 es un producto. Un producto que, si bien fue desarrollado por investigadores de diferentes universidades, como Oxford en el caso de AstraZeneca, y utilizando fondos públicos, está en manos de un puñado de empresas. Y una mercancía, para estas empresas, es para venderse y aumentar ganancias.
Y esto, aunque estemos en una situación de catástrofe mundial, donde los muertos (y solamente los registrados) se cuentan por millones. Es la lógica capitalista del “sálvese quien pueda”, y quien puede es, por supuesto, quien puede pagar.
Para poner esto en claro, veamos una serie de cifras pertenecientes al Centro Duke por la Innovación en Salud Global, publicados por el diario El País de España[1]: “Los Gobiernos de los países más ricos han adquirido un total de 4.198 millones de vacunas para sus 1.236 millones de habitantes. Mientras que los países más pobres, que acumulan más de 3.500 millones de habitantes, han comprado 713 millones de vacunas, más 1.100 más provenientes de la COVAX[2]”. Es decir: casi 4 vacunas por persona en los países ricos y media vacuna por persona en los países pobres.
Según la ONG Oxfam, para 2021 los países más pobres solamente lograrán vacunar al 10% de su población.
Además, no podemos olvidarnos de que estamos hablando de empresas como el laboratorio Pfizer, que ocultó indicios de una investigación para prevenir el alzheimer, por no resultar rentable[3]. Especular está en la naturaleza de estas empresas, cuyas acciones en bolsa se disparan por las nubes mientras miles de millones esperan la vacuna.
Por un verdadero plan de vacunación
Como si ya estuviésemos vacunados, el Gobierno ya insiste en normalizar la actividad, por ejemplo, forzando la vuelta a clases, en condiciones irrealizables. Así poder liquidar las licencias que quedan por cuidado de niñas y niños. Las empresas avanzan en el mismo sentido, como Metrovías, que quiere traer de vuelta al trabajo a los grupos de riesgo.
El apuro es avanzar con la “nueva normalidad”. Para así retomar y profundizar los planes de ajuste y de reforma laboral.
Los trabajadores y el pueblo debemos rechazar este intento, exigiendo un verdadero plan de vacunación, a la altura de las circunstancias. Tenemos que organizarnos desde cada lugar de trabajo y exigir que las Comisiones Internas, Sindicatos y Centrales Sindicales se pongan a la cabeza.
Que la plata para garantizar las vacunas la pongan las multinacionales que se llevan todo, las mineras, las petroleras, las automotrices. Que se deje de pagar ya mismo la Deuda Externa.
Por otro lado, hay que terminar con la especulación de las empresas farmacéuticas. La vacuna contra el COVID-19 debe ser un patrimonio de la humanidad, y no de un puñado de empresarios. Es necesario quebrar las patentes y comenzar a producir vacunas en todo establecimiento que tenga las condiciones para hacerlo. El Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, de propiedad estatal, podría producir vacunas baratas y de calidad.
Quebrar las patentes también permitiría abrir la investigación para producir vacunas mejores y más eficaces, con el aval de toda la comunidad científica y no solamente de organismos ligados a las multinacionales, como la OMS[4]. Así como también exigir que se hagan públicos los contratos con los países proveedores, laboratorios e intermediarios para verificar las condiciones que nos quieren imponer.
Todo el sistema sanitario del país debería ser centralizado y unificando, poniendo todos los recursos al servicio de poder producir las vacunas, expropiando laboratorios, clínicas privadas, asegurando un sistema único integrado de producción de vacunas, vacunación y atención de contagiados. ¡Ni un peso debería ir al FMI mientras la pandemia nos sigue azotando sanitaria y económicamente! (ver página 4)
El capitalismo está demostrando su ineptitud para erradicar la amenaza del virus. Nos queda al pueblo trabajador la tarea de demostrar que podemos hacerlo.
[1] https://elpais.com/sociedad/2021-01-30/las-distintas-velocidades-de-la-vacuna-34-dosis-por-persona-en-los-paises-ricos-y-solo-media-en-los-pobres.html
[2] Iniciativa de la OMS para suministrar vacunas a países de bajos recursos. El propio organismo reconoció su fracaso debido a la cantidad de dosis que las farmacéuticas están destinando a los paises mas ricos.
[3] https://elpais.com/sociedad/2019/06/05/actualidad/1559749832_040997.html
[4] Ver artículo “¿Qué es la OMS?” en Avanzada Socialista número 206