En Argentina, siguen aumentando las cifras de femicidios y ya son más de 40 en lo que va del año. El caso de Úrsula, movilizó a grandes sectores populares, y la represión que sufrieron sus amigues y familiares que reclamaban frente a la Comisaría que encubrió al femicida, puso otra vez en discusión cuál es la manera de combatir la violencia contra las mujeres y quienes son responsables ante esta situación.
Otra vez el grito de Ni una Menos
El caso de Úrsula, asesinada por su ex pareja (miembro de la Policía Bonaerense) se convirtió en un caso testigo de como actúa el Estado en estos casos: el femicida Martínez ya tenía otras causas por violencia de género, una perimetral que había violado varias veces y 18 denuncias de Úrsula, datos que nadie atendió. Por el contrario, Martínez gozaba de una licencia psiquiátrica y las manos libres para hacer lo que al final hizo: asesinar a Úrsula. Peor aún, la misma Policía encubridora de este femicida reprimió violentamente a familiares y amigues, con el aval del mismo Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia, quien justificó la represión.
La Justicia, la Policía, el Estado, terminaron de matar a Úrsula, como lo hicieron ahora con Guadalupe Curual, de 21 años, mamá de una beba, apuñalada en Villa La Angostura, a pesar de varias denuncias contra el agresor y una restricción perimetral y como lo hacen con muchas otras mujeres que, aunque denuncien y actúen, siguen estando indefensas ante sus atacantes.
El 17F, en los Tribunales de todo el país, nos concentramos mujeres y hombres al grito de “Justicia por Úrsula y por todas”, “El Estado es responsable”. Pero cuando hablamos del Estado, ¿solo hablamos del Poder Judicial y las fuerzas represivas?, ¿No contamos a quiénes toman las decisiones políticas del país y que muy poco están haciendo para combatir la violencia contra las mujeres, trans y travas?
Una justicia de clase y machista al servicio de los que más tienen
Distintas organizaciones de mujeres como la colectiva Ni una Menos, ligadas al Gobierno de Alberto Fernández y la Ministra de Mujeres Gómez Alcorta, exigen una reforma judicial urgente. Esta exigencia coincide con la Reforma Judicial que el propio Gobierno viene impulsando desde el año pasado, y que consiste en más jueces, más juzgados y más fiscales[1]. A todo esto, se sumaría la perspectiva de género y la aplicación de la Ley Micaela, una verdadera “reforma judicial feminista”[2].
El Poder Judicial es y seguirá siendo funcional a los intereses económicos y políticos no solo del poder de turno, sino también de la clase que gobierna. Solo garantiza el derecho a la propiedad privada de los que más tienen, pero avala la represión y el desalojo de familias sin un techo para vivir, o deja impunes casos como el de Facundo Castro, Santiago Maldonado y tantos otros.
Es una justicia de la clase patronal. Para cambiar este carácter, otra debe ser la clase que gobierne, y no alcanza con reformas: se necesita una revolución (o un cambio total). También es una justicia machista, que se resiste a cualquier tipo de perspectiva de género, porque la sumisión de las mujeres las aleja de la protesta social y favorece a los patrones. Así la mayoría de las veces deja desamparadas a las mujeres pobres y trabajadoras en manos de los que las violentan.
El problema es muy profundo y el foco debe ponerse en la responsabilidad de todas las instituciones del estado, que impulsan una reforma judicial donde ni el pueblo ni sus mujeres tienen voz ni voto, donde se siguen manteniendo sueldos y jubilaciones de privilegio a los jueces, y donde la justicia continúe en manos de un sector pequeño y poderoso que nunca defiende nuestros intereses.
El Estado es responsable
El Gobierno de Fernández y Gómez Alcorta acaban de decretar la creación del Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios[3]. Otra cáscara vacía, que no tiene entre sus objetivos impulsar ningún cambio de fondo para combatir la violencia machista. Está claro que la creación de este Consejo responde a la necesidad de mostrar alguna medida frente a la indignación popular que crece ante los femicidios, la violencia machista y el descrédito de todas las instituciones del Estado a los ojos del pueblo trabajador.
De la misma manera que el Plan Nacional contra la Violencia por Motivos de Género no ha avanzado en prevenir ninguna violencia, pasará con lo que se discuta en este nuevo Consejo. Sin presupuesto suficiente para poner en pie casas de refugio y toda la asistencia necesaria a las víctimas, crear trabajo con salarios dignos para las mujeres, invertir en salud reproductiva y en educación para profundizar la ESI, entre otras urgencias, ninguna medida cosmética puede dar pelea contra la violencia que se lleva la vida de tantas mujeres pobres, trabajadoras, y de nuestras pibas.
Por esto mismo, es criminal que las conducciones del movimiento de mujeres sigan avalando que el Gobierno invierta miles de millones en el pago de la deuda externa en vez de destinarlo a la Emergencia contra la Violencia Machista. Llenan sus discursos de palabras bonitas sobre concientización, pero dejan solas y a expensas del violento a aquellas mujeres que no pueden sostener a su familia e hijes al no tener recursos para sobrevivir. Necesitamos luchar por medidas concretas y de fondo de una vez por todas.
Para luchar contra la violencia machista, unidad de les trabajadores y el pueblo pobre
En estos últimos días, en las redes sociales se ha puesto en marcha una campaña que ubica como responsable de la violencia al “pacto de machos”, la complicidad explícita o por omisión de los hombres que no combaten a los suyos cuando cometen actos de violencia contra las mujeres.
Por supuesto que es necesario dar la pelea cotidiana y desde cada lugar para romper con el silencio cómplice de los varones, que muchas veces no comprenden, no ven, o no dimensionan lo que la violencia cotidiana hace con la vida de sus propias compañeras. Necesitamos convencer a nuestres compañeres de trabajo, estudio, de cada barrio, de que deben dejar de avalar las conductas machistas y pelear por las necesidades de las mujeres que somos sus compañeras en una pelea que es el fondo de la cuestión: la de destruir este sistema capitalista y machista, para poder ser más fuertes en la construcción de un mundo en donde nosotres podamos gobernar y derrotar toda explotación y opresión. Si la clase trabajadora no se pone al frente de esta pelea y se la impone a sus conducciones gremiales, no es posible siquiera empezar a darla y mucho menos llevarla adelante con éxito.
[1] https://nuevo.http://nuevo.pstu.com.ar/wp-content/uploads/2014/09/trotskyarchivo.jpg.com.ar/que-es-la-reforma-judicial/
[2] https://notasperiodismopopular.com.ar/2021/02/10/el-femicidio-de-ursula-y-la-necesidad-de-una-reforma-judicial-feminista/
[3] https://www.ambito.com/informacion-general/femicidios/se-creo-el-consejo-federal-la-prevencion-y-el-abordaje-travesticidios-y-trans-n5171560