La crisis económica mundial arrasa en Argentina profundizada por la pandemia y al Gobierno de los Fernández le preocupa que los capitalistas no pierdan ganancias. No obstante, en un año electoral las grandes empresas productoras e intermediarias formadoras de precios siguen aumentándolos al no tener una intervención dura por parte del Gobierno. La proyectada inflación del 29% de este año será mucho mayor y autoriza preventivamente en paritarias aumentos salariales superiores pero en cuotas, como también pequeños refuerzos en las ayudas sociales miserables. Paliativos insuficientes ante los precios descontrolados. Y por otra parte, quiere hacer buena letra ante el FMI adelantando al Club de París el pago de una deuda originada en la Dictadura Militar para no entrar en “default” con la esperanza de supuestas inversiones y obtener más préstamos buitres que le alivien la crisis.
Si proyectamos la inflación de junio en un 3,5% como ya prevé el Gobierno (ver recuadro), la acumulada del primer semestre sería del 25,7%. Siguen sin parar las remarcaciones de precios por los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, intermediarios y bocas de expendio, por los exportadores para llevar a valor de los “commodities” al consumo interno, las periódicas devaluaciones de nuestra moneda, la emisión millonaria de pesos destinada a especulación.
Las consecuencias son la transferencia de miles de millones de pesos de los trabajadores y el pueblo a los bolsillos de los capitalistas. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (UCA), seguidora de la evolución de índices sociales y económicos informa datos no desmentidos por el INDEC. A diciembre 2020 la pobreza llegaba al 44,2% y la indigencia al 10.5% de la población. A mayo último superaban el 45% y el 20% respectivamente. La Canasta Básica está hoy arriba de los $65.000.- cuando un sueldo promedio es de $45.000.-
A nivel de los/as niños/as y jóvenes específicamente es más grave. A diciembre 2020 la pobreza infantil era de 64,6% y la indigencia de 15.7%. Transcurridos seis meses los datos empeoran. El 34% sufre de inseguridad alimentaria, y el 71% de los afectados se concentra en el conurbano bonaerense. Los números pueden asustar pero es la realidad que genera el capitalismo en nuestro país.
Las medidas del Gobierno son una burla
Alberto Fernández se declaró varias veces defensor de un mejor capitalismo, y en el Foro Económico de San Petersburgo declaró que “si vamos a construir otro capitalismo, no debemos olvidar la solidaridad”. Más allá de las seguras risas de los capitalistas ansiosos de ganancias, lo cierto Sr. Presidente, es que en su casa hay que demostrarla.
El programa de “Precios Cuidados” es una referencia para ayudar al consumidor pero no obliga en la práctica a poner límites a los precios de productos de primera necesidad como alimentos y medicamentos. En abril promulgó una nueva lista de 670 artículos con un aumento de 4.8% hasta julio, límite que brilla por su ausencia, y productos que no aparecen en las góndolas y/o modificados por las patronales con otro nombre, otro envase o menor cantidad. Y en mayo autorizó en varios productos un aumento del 8% a varias empresas que ninguna cumple en la realidad.
Los Fernández no enfrentan a las patronales
Existe una herramienta que el propio capitalismo argentino estableció: la “LEY DE ABASTECIMIENTO”, originada en el gobierno de Juan Domingo Perón y actualizada en el 2014 gobernando Cristina Fernández de Kirchner. En su justificación la Ley promueve “el normal abastecimiento y distribución en condiciones de calidad y precio razonable, de todos los bienes y servicios económicos que afectan las condiciones de vida de la población, para la defensa del consumo y crecimiento efectivo de la producción”. Se aplicó en 2011 por una suba en los combustibles y en 2013 por un incremento en el precio del trigo.
Si bien es una herramienta transitoria y parcial, los Fernández la podrían usar para contener y frenar los verdaderos abusos de las patronales. ¿Por qué este Gobierno no aplica siquiera esta ley? Por ese camino, el de la defensa del bolsillo y de la propiedad privada de los empresarios y banqueros, y se acerca cada vez más a la política de Mauricio Macri.
El capitalismo se basa en el poder de los dueños de los medios de producción y sus gobiernos lacayos. Ningún gobierno que defienda este sistema puede ir a fondo contra los atropellos de las empresas. El de los Fernández mostró con Vicentín, el impuesto a la riqueza y el control de las exportaciones de carne, que vacila o retrocede cuando la Sociedad Rural y las grandes patronales le ponen el cuerpo. Solo un sistema socialista con un control estricto del funcionamiento de las empresas por parte de los trabajadores sobre lo que se produce según las verdaderas necesidades y a precios accesibles es lo que pararía esta política capitalista que nos lleva al abismo.