El pedido de condena del Fiscal Diego Luciani a Cristina se puso en el centro de la escena política nacional de esta semana. El conjunto de los dirigentes políticos salió a pronunciarse a favor u otro sentido. Particularmente el kirchnerismo y las dirigencias sindicales afines ubican la cuestión como la causa nacional y popular que los trabajadores y trabajadoras debemos tomar. Sin embargo, la no independencia de los poderes ¿es novedad?, ¿solo se trata de persecución política? ¿algún sector gobernante está exento de la corrupción?
La mentira de la independencia de los poderes
El sistema democrático burgués se basa en una serie de mentiras, una de ellas, la más notoria, es la de la independencia de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Según enseñan en la escuela la Justicia es independiente de los otros poderes, sin embargo, existen infinidad de ejemplos de distinta naturaleza que muestran que no es así: la doble vara de la Justicia, es parte de la doble vara de una sociedad en la que para los ricos son todos los beneficios y para los pobres todas las penas.
Un ejemplo claro es cómo el operador de Mauricio Macri, “Pepín” Rodríguez Simón (ideólogo de la mesa judicial de del ex presidente de Juntos por el Cambio) lleva más de seis meses prófugo en Uruguay sin que nadie lo busque. Pero por otro lado, por ejemplo, pusieron precio a la «cabeza» de nuestro compañero Sebastián Romero para encontrarlo por haberse defendido de la represión en las movilizaciones contra la Reforma Previsional en 2017. Otro ejemplo, es cómo el empresario Alfredo Coto fue sobreseído luego de que se encontrara un arsenal de armas en un supermercado de su propiedad, mientras nuestro compañero Daniel Ruiz y Cesar Arakaki del Partido Obrero fueron condenados también por la movilización de diciembre de 2017.
El uso en disputas interburguesas
Ahora bien, esta justicia que es esencialmente de clase, también es usada en función de las disputas que tienen en su interior los sectores patronales. He aquí el famoso “lawfare”: se trata de sectores patronales usando sus lugares en la Justicia para perjudicar a otros sectores patronales. La casta de “clase” judicial también responde a determinados intereses aún dentro de la clase dominante, eso explica cómo se pone a articular y enfocarse en la corrupción de un sector y no de otro, cuando en verdad no hay ningún grupo patronal que esté exento y limpio de eso. Por ejemplo, el caso de la concesión a las Autopistas del Sol que le fue cedida a empresas de la familia Macri cuando éste era presidente, nunca fue tomada, o el dilatar el escándalo del caso del Correo Argentino, también con el líder de JxC involucrado, entre tantos otros casos.
Justicia burguesa y corrupción
Desde el PSTU entendemos que la corrupción es intrínseca al sistema, y que por ello todos los sectores gobernantes la ejercen. Eso no hace menos grave la cuestión, sino al contrario, la transforma en un acto permanente de los sectores gobernantes contra el pueblo trabajador, que solamente podría ser debidamente juzgado por los propios trabajadores. ya que esta Justicia nunca lo hará en su favor. Por eso no confiamos en ninguna investigación que venga de los Tribunales actuales y mucho menos los del ámbito Comodoro Py.
Nunca habrá verdad y justicia para el pueblo trabajador con la casta judicial actual, justicia que solo la conseguiremos con tribunales obreros y populares en el marco de un gobierno de trabajadores. En ese camino podría ser un paso la elección de los jueces por voto directo con sueldos iguales a los de un obrero calificado. Además de la instauración de una investigación independiente de los poderes actuales, conformada por representantes elegidos de organizaciones obreras y sociales independientes de los sectores patronales para que se pueda conocer toda la verdad.
La perspectiva desde la clase trabajadora
La persecución política debe ser repudiada aunque se dirija a un sector patronal, ya que si se instalan serán aplicados con mayor fuerza contra los trabajadores. Pero en este caso, aunque haya una intención política clara del sector patronal opositor al Gobierno peronista en la actualidad, lo de Cristina no es un caso de mera persecución política. El feudo de los Kirchner en Santa Cruz hace décadas implica todas las lacras de corrupción del sistema que podrían imputarse y son similares a los de otras provincias.
Mientras, hace más de seis años Milagro Sala está presa, sin que haya habido ni medidas del Gobierno (que hizo campaña con la cara de Milagro), ni acciones de lucha de las organizaciones sindicales y sociales por su liberación. Y al mismo tiempo, en el propios gobiernos de Néstor y Cristina fue récord la criminalización de la protesta social (1) instaurándose la “ley antiterrorista” en 2012 y una ofensiva en la que la propia Cristina pedía regular las protestas en 2014. En la gestión actual se multiplicaron los presos por luchar en sintonía con el acuerdo con el FMI del propio gobierno peronista. Las dirigencias sindicales vienen dejando pasar el sometimiento a este antisoberano acuerdo sin mover un dedo ante los ataques brutales que venimos sufriendo los trabajadores, y hoy se plantean medidas de lucha en defensa de Cristina, que ahora intenta aparecer como la principal perseguida política del país.
Desde el PSTU nos oponemos a todas las medidas proscriptivas, al mismo tiempo que decimos que no es tarea de los trabajadores y trabajadoras agruparse bajo la bandera de la defensa de Cristina. Por el contrario, sí agruparse contra el ajuste y la entrega que el propio Gobierno con Cristina como vicepresidenta está ejerciendo. Y movilizarse contra la criminalización de la protesta social que el propio gobierno sigue utilizando contra los luchadores obreros y populares.
(1) Una estadística de 2012 realizada por las organizaciones de Derechos Humanos del EMVyJ decia: “Informe 2001/2012. Sobre un total de 2198 casos que cuentan con fecha de judicialización se puede observar un incremento de esta medida represiva a partir del año 2003, siendo el pico más alto registrado en los años 2009 y 2010 ascendiendo al 47,1% del total de los casos en esos dos años”.