El 3 de Agosto, en fallo dividido, la Sala 1 de Casación Federal de Comodoro Py ratificó las condenas a Daniel Ruiz y César Arakaki por los sucesos de la movilización del 18 de diciembre del 2017, en contra del recorte de jubilaciones y pensiones, en el marco de la Reforma Previsional que promovía el Gobierno de Mauricio Macri. A la vez, declararon “inadmisible” la revisión del caso de Sebastián Romero, el “obrero del mortero”.
Es un fallo escandaloso, cuyo objetivo es aleccionar y amenazar al pueblo. Que solo puede explicarse en un momento político y una campaña electoral que solo promete más represión cuando, en un futuro cercano y gane quien gane las elecciones, se dispongan a llevar adelante reformas aún más antiobreras.
Los días de los hechos
En esa jornada, con un paro general de las centrales sindicales, decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, la mayor parte organizados con sus sindicatos y organizaciones sociales y políticas, marcharon a la Plaza Congreso para rechazar la acción del Gobierno y el Parlamento.
Las fuerzas de “seguridad”, cuyo único objetivo fue proteger las instituciones del Estado mientras éstas accionan contra el pueblo trabajador, desataron una brutal represión con heridos (incluso varios perdieron sus ojos) y presos.
Los movilizados se defendieron como pudieron, aún en situación desigual, para poder llevar adelante su legítimo derecho a la protesta.
Desde el PSTU reivindicamos ese derecho, así como nuestra participación en primera línea en esos acontecimientos. Más aún: confirmamos nuestro firme compromiso de volver a hacerlo cuando sea preciso, junto al pueblo movilizado, en defensa de los derechos obreros y populares. Y convocamos a sindicatos y todo tipo de organizaciones obreras y populares a organizar desde ya la defensa contra la represión en las luchas y movilizaciones.
Un fallo servil a las necesidades del gran capital
Esta decisión de la Cámara es parte de una gran ofensiva. Desde los spots televisivos prometiendo acabar con las protestas, hasta el caso extremo de la brutal represión en Jujuy, pasando por la continuidad de prisión de Jones Huala, el régimen político y los partidos patronales rinden examen ante las multinacionales que saquean los recursos naturales y ante el Fondo Monetario.
Intentan demostrar que harán lo necesario para asegurar las ganancias de los poderosos, a costa del retroceso del nivel de vida a los trabajadores, y del derecho a la tierra de los pueblos originarios.
Es preciso rechazar desde ya este propósito, preparando la resistencia obrera y popular.
Más aún, es necesario debatir entre todos los trabajadores la necesidad de un cambio de fondo en nuestro país, que termine con el saqueo, con el pago de la Deuda ilegítima, Interna y Externa y emprenda el camino revolucionario a una sociedad sin explotados, expropiando a todas las grandes empresas, bancos, latifundios, y nacionalizando la tierra y los principales recursos naturales. Es decir, hacia una Argentina Socialista, sin FMI ni capitalistas.
Rechacemos este fallo
Desde el PSTU llamamos a todas las organizaciones sindicales, políticas, de Derechos Humanos y demás, a unirnos en el repudio a este fallo, y a toda la persecución a los luchadores. A reclamar la reversión del fallo, y la absolución completa de Sebastián Romero, Daniel Ruiz y César Arakaki, así como la liberación y absolución del conjunto de los presos y procesados por luchar.