El reciente fallo dividido de la Sala 1 de Casación confirmando las condenas a Daniel Ruiz, Sebastián Romero y César Arakaki es un precedente muy grave que tiene una utilidad represiva y persecutoria al conjunto de la clase obrera. Justamente por lo que significan los acuerdos con los organismos financieros internacionales como el FMI, el BID o el Banco Mundial.
El último proceso masivo de resistencia y acción directa fue el 18 de diciembre de 2017, fue casualmente para tratar de implementar las reformas estructurales orientadas por el FMI y que el gobierno de Mauricio Macri intentó concretar.
La resistencia obrera y popular, esa primera línea de trabajadores y trabajadoras que enfrentaron la represión no sólo dejó mal herido al Gobierno burgués de ese entonces, sino que no le permitió al FMI avanzar con sus leyes de cambio estructural ya que la Reforma Previsional sólo se pudo votar en parte (no se implementó el aumento de la edad jubilatoria) y no prosperó ni la Reforma Laboral ni la de Reforma del Estado.
Hoy, a vísperas de las elecciones presidenciales los tres principales candidatos patronales con opción de ganar tienen en común avanzar con el acuerdo con el FMI y su agenda postergada del 2017.
Es por ello que no fue casual el tratamiento a los condenados por el 18D, las arbitrariedades y la falta de garantías, que significó por ejemplo tener detenido a Daniel Ruiz por 13 meses sin juicio, en un penal de máxima seguridad y más de 2 años de prisión domiciliaria a Sebastián Romero sin condena.
Pero avanzaron en una grave situación contra los luchadores, que es la aberración de usar la caratula de “intimidación pública” en las luchas sociales. Bajo esa imputación los jueces, los fiscales sean federales o provinciales, detienen a manifestantes y aplican de manera arbitraria la “prisión preventiva” ya que la intimidación pública en el Código Penal significa penas de 2 a 6 años de prisión.
Unir a todos los procesados, presos y perseguidos por el Estado
La situación de los condenados del 18D debe ser parte de un movimiento que luche contra la criminalización de la protesta social, que se incorpore su absolución en cada pliego obrero y popular, que sea parte de cada pedido de libertad en las provincias, exigir el cierre de las causas a los luchadores y a los pibes de los barrios con causas armadas.
Por el pedido de justicia por el asesinato a Facundo Molares, la nulidad de la condena a prisión perpetua a los petroleros de Las Heras, el derecho a la manifestación y todas las acciones de lucha del pueblo trabajador.
Este proceso debe ser combinando la exigencia a la Corte Suprema y la movilización popular, sabiendo que tarde o temprano tendremos que cambiar este Código Penal y esta Justicia que están al servicio de los ricos, por una totalmente opuesta.
Una campaña nacional e internacional
Ante esta situación y por lo que se vendrá con los planes de austeridad debemos realizar una campaña nacional e internacional que incluya las persecuciones, no sólo al pueblo jujeño sino a los presos Mapuches, a la situación de Carmen y Laura Villalba en Paraguay, en Colombia y otros países. Ni un paso atrás