Hace 40 años, asumía la presidencia un gobierno elegido por el voto, tras siete años de la Dictadura Militar genocida que destruyó la economía y provocó la derrota en Malvinas. Así se concretaba la salida que los partidos patronales, sus periodistas a sueldo, la Iglesia Católica y hasta el imperialismo venían tratando de imponer a la crisis política generada el 15 de junio de 1982, cuando el pueblo echó al dictador General Galtieri de la Casa Rosada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que quedara claro que la función de esa democracia era la misma que la de la Dictadura: garantizar que los ricos, el FMI y las empresas extranjeras siguieran saqueando el país.
Desde ya, eso no quiere decir que dé lo mismo ser gobernados por Videla que por Alberto Fernández. Las libertades y garantías constitucionales que tenemos son útiles y hay que defenderlas.
Pero lo que los voceros de la patronal dicen de su democracia (que el pueblo es la máxima autoridad y ejerce el poder por medio del voto; que cualquier trabajador tiene derecho a opinar, reclamar legalmente e incluso modificar o cambiar completamente al país siempre y cuando logre llegar al Gobierno, etc) es absolutamente falso: una trampa para desviar nuestra lucha.
Democracia patronal es dictadura de los ricos
La realidad es que, en todo el mundo, rige el orden capitalista, en el cual manda la clase social dueña de las industrias, los recursos y las finanzas que conforman la economía: la burguesía, tal como se conoce a la patronal o empresariado. Este poder económico les permite concentrar también a todo el poder político, entendiendo por esto a cada institución del Estado: congreso, jueces y fiscales; y sobre todo los milicos y la policía. El Estado, en sí, no es más que un instrumento del poder de la clase social propietaria de los pilares de la economía.
La clase dominante -que tiene diferentes sectores que buscan imponer sus intereses específicos, o a veces necesita darle cierta libertad a la clase social que hace andar la economía (la clase obrera) o a otros sectores sociales- suele recurrir al orden democrático para moderar las tensiones sociales, y mejorar su control. Pero lo hace asegurándose de no poner en riesgo su poder político y económico: aún la más democrática de las democracias patronales, no deja de ser una dictadura de la clase opresora sobre el resto de la población.
Las contradicciones de un capitalismo semicolonial
Pero en Argentina, como en el resto de los paises dependientes, la ya restringida democracia tiene aún más limitantes. Con una economía sometida a los capitales extranjeros, y poco desarrollada, la clase dominante siempre fue demasiado débil como para permitirse una administración del poder político más o menos democrática, aún en sus términos. Ni los inversionistas extranjeros y sus socios, ni los grandes grupos financieros nacionales (ligados a los estancieros), ni los menos poderosos sectores industriales, estuvieron jamás interesados en desarrollar un orden democrático, prefiriendo el fraude electoral sistemático o las dictaduras militares.
La democracia patronal de nuestro país, no fue impuesta por la clase dominante, sino conquistada por el pueblo trabajador como subproducto de sus enormes luchas, y establecida mediante acuerdos entre dicha clase dominante y los dirigentes tradicionales de las organizaciones obreras y populares, defensores permanentes del orden capitalista. El actual orden democrático (conseguido por la lucha que echó a los milicos en el ‘82, y mejorado por la lucha que expulsó a De la Rúa en 2001) tiene ese origen.
Sin embargo, a pesar de ese nacimiento heroico, la democracia argentina y sus instituciones no dejan de ser una garantía del dominio patronal. Y por lo tanto, ni poner un presidente por el voto, ni lograr una mayoría obrera en el Congreso, y ni siquiera las leyes laborales, estatutos y paritarias, nos permitirán o al menos facilitarán el revertir la marcha al hambre y a la barbarie a la que la decadencia capitalista nos condena. Por el contrario, producto de esa decadencia, las alternativas que nos va ofreciendo la patronal son cada vez peores. Javier Milei es el resultado de una clase dominante que no puede ofrecer más que una explotación brutal encarnada en un espectáculo político lamentable.
La democracia que necesitamos
Para terminar con este ciclo infernal de explotación, opresión y saqueo, necesitamos desbaratar al estado patronal y las instituciones de su democracia, reemplazándolas por organizaciones nuevas -basadas en la democracia obrera de los representantes, revocables, elegidos en asambleas en cada lugar de trabajo, estudio y barrio-; para arrebatar a ese puñado de ricos el dominio económico y político sobre nuestras vidas.
Y eso solo puede lograrse rompiendo con las limitaciones que la democracia patronal nos impone para impedir nuestra autoorganización, imprescindible para sacar el pueblo a la calle, con la clase obrera al frente. Pero esta vez, se necesita vencer y desarmar a las fuerzas patronales e imponer un gobierno de las organizaciones propias, obreras y populares: ir más lejos de lo que se fue en junio del ’82, en diciembre de 2001, o en diciembre de 2017.
Para lograrlo es fundamental construir una nueva dirigencia política y sindical, comprometida con las necesidades históricas del pueblo trabajador, una dirigencia que organice la Revolución Obrera y Socialista que hace falta, en lugar de buscar el favor de la patronal mostrándose respetuosa de las leyes capitalistas y de la trampa democrática. Desde el PSTU estamos dispuestos a construir esa nueva dirección al calor de las luchas que vendrán contra el Gobierno de Milei, y convocamos a todos los luchadores y luchadoras a participar de esta tarea.