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¿Petróleo para qué? ¿YPF para quienes?

Por Martín Manonegra

Entre otras medidas que suenan fuerte, Javier Milei anunció y reiteró que buscará privatizar YPF. Para eso ya nombró a Horacio Marín para estar al frente de la empresa. Es el actual CEO de Tecpetrol (de Techint). Los motivos serían que ha dado pérdidas que «pagamos todos» y que busca un mercado de libre competencia en el terreno energético, sin intervención estatal.

YPF: de estatal a privada. De privada a mixta… ¿y ahora?

YPF nació en 1922 (por impulso del general Mosconi) como muchas empresas estatales de energía en el mundo: con el objetivo de darle el control al Estado sobre los recursos del país, por ejemplo, en un caso hipotético de conflicto bélico.

En los ‘90 como parte de las políticas privatizadoras del Gobierno peronista de Carlos Menem se llevó a cabo un vaciamiento (al igual que con Aerolíneas Argentinas, SEGBA (empresa de energía eléctrica), Ferrocarriles Argentinos, ENTEL (empresa de telefonía), etc.) para justificar su paso a manos privadas. Para eso fue necesario el despido de mas de 20 mil trabajadores en todo el país, los llamados «ex-YPFianos». 

Así, en 1999, la empresa española Repsol se hizo con el 97% de YPF y llevó a cabo un nuevo vaciamiento que llevó años y dejó en ruinas buena parte de la estructura productiva de YPF.

En 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner y con el argumento del accionar criminal de Repsol, el Gobierno kirchnerista anunció su reestatización. La sorpresa fue que a la «vaciadora» Repsol, el Estado argentino le pagó (recomprando) por las acciones de YPF, y que una vez eliminada Repsol de la ecuación le entregó en bandeja el 49% del paquete accionario a la norteamericana Chevron de Rockefeller. 

Se trató nuevamente de negociados al servicio de las multinacionales, pero esta vez bajo un formato de empresa mixta: una sociedad anónima con mayoría de acciones en manos del Estado (51%). Con este mecanismo el Gobierno logró, entre otras cosas, un control político de los aumentos de nafta, usando a YPF para decidir cuánto y cuándo aumentar.

Hidrocarburos bajo control obrero

Hoy, en un mundo en guerra, la disputa por los recursos energéticos volvió a estar sobre la mesa como un tema central. Ante la pelea por el botín energético argentino y los millones que genera, desde el PSTU planteamos una salida al servicio de la mayoría del pueblo trabajador. Una YPF privada, vaciada y reventada para ser vendida por migajas es una historia que ya vivimos y sólo puede beneficiar a las grandes multinacionales que ya saquean nuestros recursos, como Tecpetrol, Pan American Energy o Shell-Raízen. Son empresas que con tal de lucrar revientan el medio ambiente ya sea saltando medidas de seguridad, desinvirtiendo o coimeando para no cumplir con protocolos y medidas preventivas. Lo hacen tanto en Vaca Muerta, como en el Río de la Plata o en las plataformas off-shore. 

Es por eso que estamos y estaremos en la vereda de la resistencia a la reprivatización y desguace que propone Milei.

Por otro lado, una YPF con un 51% de acciones estatales pero que opera para beneficiar a los socios del Gobierno tampoco ha resuelto los problemas de los trabajadores como el aumento de los combustibles o la escasez cuando las empresas realizan desabastecimiento.

De ahí que es necesario estatizar bajo control exclusivo de los trabajadores y usuarios toda la industria de hidrocarburos del país, mediante la expropiación de los activos, sin pago. Las empresas han saqueado nuestros recursos, explotado a los trabajadores y contaminado el medio ambiente. Mientras se desarrollan otras energías menos contaminantes, el petróleo sigue moviendo el mundo. Su explotación todavía necesaria puede hacerse de forma menos contaminante y destructiva, si los propios trabajadores y pobladores de las áreas de explotación controlan la producción. Con el recurso en sus manos, los trabajadores pueden impulsar las economías regionales y poner en pie un plan de remediación ambiental.  Solo así se podría tener total soberanía sobre nuestros recursos y garantizar abastecimiento al costo para servicios de salud, transporte, trabajo y logística en todo el territorio.