En el día de hoy, jueves 9 de enero de 2025, se llevó a cabo un gran operativo de la Policía Federal y de Gendarmería para desalojar a la comunidad mapuche Lof Pailako del Parque Nacional Los Alerces, “por las buenas” o por la fuerza. Ante la alternativa de que una resistencia al desalojo provocaría una feroz represión sobre la comunidad, incluyendo en ella a ancianos y niños, sus miembros optaron por retirarse del parque, que fue ocupado por las fuerzas policiales, puestas a disposición de la dirección de la Administración de Parques Nacionales[1].
Es un nuevo ataque al pueblo mapuche que habita la región de la Patagonia andina desde hace siglos (en los actuales territorios de Argentina y Chile). De modo específico, la comunidad Lof Pailako habita en lo que actualmente es el Parque Nacional hace por lo menos cinco generaciones, tal como fue demostrado por los estudios antropológicos realizados por especialistas del Conicet y de prestigiosas universidades extranjeras. Es decir, desde mucho antes de la creación del actual Parque Nacional (entre 1937 y 1945).
Luego de la creación del Estado argentino moderno, en la medida en que la burguesía argentina quería extender su dominio hacia el conjunto de la provincia de Buenos Aires, en especial hacia la región pampeana y hacia la Patagonia, los pueblos originarios habitantes de esas regiones comenzaron a ser atacados y expulsados de sus tierras ancestrales. Un ejemplo de ello fue la hipócritamente llamada Campaña del Desierto, que culminó en 1879, encabezada por el general Julio Argentino Roca. Los estudios más profundos han calificado esta campaña como un genocidio y un etnocidio, continuación del realizado en otras regiones por la colonización española[2]. Todo ello, al servicio de la instalación de nuevos terratenientes. En Chile, se dio un proceso similar.
En la Patagonia, los más afectados fueron los pueblos tehuelches o aonek’enk (sureños). Entre ellos, los mapuches, que quedaron limitados a pequeñas comunidades dispersas en territorios de los que no tenían “propiedad legal”. Su situación empeoró aún más con la creación de la Administración de Parques Nacionales, con tierras que abarcaban esos territorios. Los mapuches comenzaron a ser calificados de “usurpadores”.
Moira Millán, una weichafe (guerrera o luchadora) mapuche expresó: «Somos los palestinos de la Patagonia. Es un lugar donde hay muchos intereses geopolíticos y económicos que son estratégicos, y hay un pueblo, el pueblo mapuche” (documental Palaiko: Cosmovisión en Resistencia)[3].
Sobre los intereses económicos, en la actualidad es evidente que la Patagonia andina posee inmensas riquezas en hidrocarburos (petróleo y gas) y minerales, también posee atractivos turísticos de prestigio internacional, aptos para el desarrollo de lujosos proyectos inmobiliarios, y una gran reserva de agua dulce en sus glaciares y lagos. Es un “bocado muy apetecible” para los grandes burgueses extranjeros y nacionales que siempre tratan de apropiarse de ellas. Es el mismo análisis que expone Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina: esta orden judicial de desalojo «tiene que ver con el modelo extractivista y de saqueo que viene sucediendo, y las comunidades son un obstáculo a los negocios, a la minería”. Esta organización había presentado diversos recursos de amparo al juzgado federal de Esquel, a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y a la Suprema Corte. Todos fueron rechazados.
La acción de desalojo
Esta acción de desalojo fue realizada por orden del juez federal de Trelew, Guido Otranto (el mismo que dejó sin resolución el asesinato de Santiago Maldonado, en 2017). Luego, como vimos, fue reafirmada por todas las instancias judiciales superiores.
El contexto actual es el decreto 1083/2024 de Javier Milei que “declaró el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, dispuesta en la Ley 26.160”. Esta ley de 2006 “congelaba” la situación de los territorios indígenas. Fue prorrogada en 2009, 2013 y 2017, hasta que el decreto de Milei caducó su vigencia y habilitó los desalojos de los pueblos originarios de sus territorios ancestrales, como el que acaba de suceder con la comunidad Lof Pailako, en más de 300 causas judiciales.
Ante este hecho, resulta repugnante la hipocresía de la burguesía argentina, sus instituciones y sus medios de prensa. Valgan como ejemplo las declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien, desde que asumió a finales de 2023, expresa: “hay que hacer cumplir la ley y no permitir que los delincuentes se apropien de lo que no les corresponde”. O las del vocero presidencial, Manuel Adorni, que dijo que era «el desalojo de usurpadores de las tierras que son de todos los argentinos».
Es una hipocresía repugnante porque son los mismos gobiernos nacionales y provinciales (de todos los colores) que miran para otro lado y no hacen nada ante el hecho de que el millonario británico Joe Lewis se haya apropiado del Lago Escondido, en Río Negro, e impida, con un ejército privado, la libre circulación del camino público de acceso, a pesar de que desde hace 9 años existe una orden judicial para que lo libere[4]. Que permiten que la empresa minera canadiense Barrick Gold contamine aguas y tierra con cianuro[5], y que el gobierno sanjuanino expropie terrenos privados para entregárselos a esta empresa[6].
Para estos serviles agentes de los grandes burgueses nacionales y extranjeros, los mapuches son “delincuentes” y “usurpadores”, mientras que los verdaderos ladrones [de guante blanco] y usurpadores como, Joe Lewis y la Barrick Gold, son “inversores” a los que se les dan todas las ventajas legales y se les cubren las espaldas (como con el RIGI, aprobado recientemente en el Congreso)[7]. A cambio, seguramente reciben muy buenas comisiones por los servicios prestados.
Lo que los hace llegar a actitudes aún más repugnantes, como el negacionismo racista de la existencia de pueblos originarios y sus derechos ancestrales (algo que incluso figura en el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas).
Como una imagen de ello, Ignacio Torres, gobernador de Chubut; Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales, y el intendente de Esquel, Matías Taccetta, participaron del operativo de desalojo. Incluso, la ministra de Seguridad del gobierno nacional, Patricia Bullrich, encabezó el operativo[8]. Salvando las distancias, esta imagen recuerda las de la colonización de África por parte de los europeos.
Del lado opuesto, numerosas organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y de defensa de los derechos de los pueblos originarios se solidarizaron con los mapuches y exigieron que no se realizara el desalojo. También lo hicieron los diputados del FIT-U, el PTS, el PO, IS, y el PSTU de Chubut y a nivel nacional.
Desde Brasil llegó una importante solidaridad, luego de una campaña realizada por el PSTU brasileño, la CSP-Conlutas, la organización Luta Popular y numerosas comunidades de pueblos originarios de ese país.
Un régimen al servicio del capitalismo semicolonial
Lo ocurrido con la comunidad Lof Pailako es una nueva demostración del verdadero carácter del régimen político establecido por la Constitución de 1853 y sus modificaciones posteriores. Sus instituciones (gobierno nacional, gobiernos provinciales, Parlamento, Justicia en todos sus niveles, fuerzas policiales, etc.) ya no son la expresión de la soberanía nacional o de la “voluntad popular”. Se han transformado en instituciones semicoloniales al servicio del saqueo imperialista y sus socios nacionales.
En este momento, queremos expresar nuestra solidaridad con la comunidad Lof Pailako y con todo el pueblo mapuche. Al mismo tiempo, apoyamos su lucha por el derecho de tener sus propios territorios para existir como pueblo según sus tradiciones ancestrales. Exigimos que estos territorios les sean entregados aunque “pertenezcan” a propietarios privados o a Parques Nacionales.
Pero ha quedado muy claro que ni el capitalismo argentino, sometido al imperialismo y a las grandes empresas nacionales asociadas, ni el actual régimen político van a otorgarle ese derecho. Por eso, la propuesta de que la solución vendrá a través del diálogo y la concertación con los gobiernos es un callejo sin salida que siempre termina en desalojos como los de la comunidad del Parque los Alerces.
Los pueblos originarios patagónicos tienen además un arma fundamental: muchos de sus descendientes son obreros petroleros, mineros y pesqueros. Por eso, el camino es lograr la unidad de sus reclamos con los del movimiento obrero en una lucha común.
Una lucha que debe culminar con una revolución obrera y popular que conduzca a una Argentina Socialista y construya un país opuesto al actual (sin multinacionales saqueadoras) ni instituciones a su servicio. Solo un gobierno obrero popular podrá garantizarles esos derechos a los pueblos originarios y su plena integración autónoma en ese nuevo país más justo e igualitario.
[1] https://www.infobae.com/politica/2025/01/09/desalojo-en-chubut-los-mapuches-abandonaron-el-parque-los-alerces-y-el-estado-recupero-las-tierras-usurpadas/
[2] https://journals.openedition.org/alhim/103
[3] https://www.instagram.com/chimera.arte/reel/DCy04NVRNIm/”
[4] https://www.lanacion.com.ar/politica/lago-escondido-la-justicia-de-rio-negro-fallo-a-favor-de-joe-lewis-y-se-cerrara-el-camino-corto-que-nid01092023/
[5]https://elpais.com/internacional/2015/09/25/actualidad/1443206825_026909.html
[6] https://www.perfil.com/noticias/politica/el-gobierno-de-san-juan-le-entrego-un-terreno-a-barrick-gold-y-sus-duenos-reclaman-fueron-en-contra-de-las-sentencias-judiciales.phtml
[7] https://litci.org/es/argentina-el-regimen-de-incentivo-a-las-grandes-inversiones-rigi-es-una-mesa-servida-para-el-imperialismo/?utm_source=copylink&utm_medium=browser
[8] https://canal12web.com/localidades/chubut/patricia-bullrich-presente-en-el-operativo-de-desalojo-en-el-parque-nacional-los-alerces/