El decreto 493/2025 del Gobierno privatiza AySA -la empresa que provee el agua de CABA y el conurbano-, habilita el corte del suministro por falta de pago y desconoce el agua potable como un derecho esencial[1], concretando lo previsto en la Ley Bases[2] .
Es necesario enfrentarlo. No es una privatización más. Restringe el acceso al agua de los habitantes de nuestro país y deja a las futuras generaciones indefensa ante la probable carencia mundial de agua en el futuro.
El agua dulce es limitada
Sin agua no hay vida. El agua potable no es infinita. El 97,5% -salada- está en mares y océanos. La mayoría del agua dulce (el otro 2,5%) se encuentra en forma de hielo, nieve, agua subterránea y humedad del suelo[3]. Solo el 0,3% del agua dulce está disponible de forma líquida en la superficie (lagos, pantanos y ríos)[4].
El calentamiento global y la contaminación derivados del abuso capitalista de la naturaleza provocan la disminución de los reservorios naturales. De acuerdo a las Naciones Unidas, “… el cambio climático está afectando peligrosamente ese suministro. En los últimos veinte años, las reservas de agua terrestre —incluida la humedad del suelo, la nieve y el hielo— han disminuido a un ritmo de 1 cm al año, con importantes consecuencias para la seguridad hídrica”[5].
La cuestión de qué hacer con el agua será cada vez más importante.
¿Agua para la vida, o para los negocios?
El 70% del agua potable se utiliza para actividades agroganaderas, casi un 20% para la industria y poco más del 10% para consumo y necesidades domésticas[6].
Lo utilizado para consumo y necesidades domésticas es imprescindible y debería incrementarse. Se estima que el 40% de la población mundial no tiene acceso suficiente al agua potable[7]. Asimismo, una parte considerable de lo utilizado para agroganadería, y para la industria, en tanto se destinan a la producción de alimentos o artículos imprescindibles para la vida.
Pero otra parte se destina a actividades mucho menos o nada necesarias, más que para el lucro capitalista. Entonces, hay una disputa en relación a la disponibilidad del agua, entre actividades imprescindibles para las necesidades del conjunto de la humanidad, y las necesidades de un sector muy minoritario -los capitalistas- para sus ganancias sin límite.
En esto consiste la extrema gravedad de las medidas del Gobierno, en tanto beneficia absolutamente las últimas, en perjuicio de las primeras.
El saqueo del agua
Esto tiene dos dimensiones centrales.
En primer lugar la utilización del agua en nuestro propio territorio. En áreas de grandes producciones extractivas (minera, petrolera, etc.), que utilizan mucha agua dulce, la demanda supera la cantidad de agua disponible.
De acuerdo al RIGI[8], los insumos necesarios para la actividad de las empresas involucradas no puede ser afectado por ningún marco regulatorio. Si el agua no alcanza, las empresas tienen prioridad sobre las necesidades de las poblaciones. En la medida en que esas explotaciones se multipliquen, las comunidades sufrirán falta de agua para consumo, riego, etc.
Existe además una otra dimensión a futuro. Tiene que ver con la desigual distribución de las fuentes de agua y su consumo a nivel mundial. Los países poderosos no van a sufrir la carencia de agua. No solo reubicarán las operaciones de más consumo en países dependientes, sino que intentarán apropiarse del agua.
Las bases de datos de los grandes servidores tienen un consumo brutal. Por ejemplo, los centros de datos de hiperescala de Google, (soporte a la nube, Gmail, Google Drive y YouTube), consumieron un promedio de 2,1 millones de litros de agua al día durante el último año.[9]. Esas y otras actividades serán ubicadas en países como el nuestro.
Pero además, Argentina es uno de los países que tiene más reservorios de agua. La soberanía sobre esos recursos también está en tela de juicio. El interés de empresas como la estatal israelí Mekorot[10] está vinculado a esto. Hace años grandes capitalistas norteamericanos vienen comprando tierras con recursos hidricos. Joe Lewis es el dueño de Lago Escondido, y Douglas Tompinks compró 300.000 hectáreas sobre el Acuífero Guaraní, el mayor de Sudamérica. Por su parte, Argentina tiene una gran parte de la Antártida.
Todos esto está en la mira y nunca aceptarán la soberanía argentina; bajo argumentos como que el agua es “patrimonio de la humanidad” y no de un país, intentarán apropiarse, e incluso llevarse el agua. Hoy mismo, de manera secreta, barcos cerealeros cargan en sus bodegas agua del Paraná para venderla en el exterior. Y varias provincias están promocionando la venta de agua a otros países[11].
La privatización del agua y el nuevo marco regulatorio de Milei y el FMI llevarán esto a límites impensados, comprometiendo el futuro de nuestro país.
Frenar el saqueo
Por todo esto es imprescindible que el conjunto de los gremios y organizaciones obreras y populares tomen en su programa la defensa del agua como un punto esencial, y se ponga en pie un plan de lucha nacional para enfrentar esta privatización, y tirar abajo el RIGI y la Ley Bases, las leyes del saqueo.
[1] “El agua ya no es un derecho, es un bien común”, establece el decreto.
[2] Artículo 7° de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742).
[3] De esto, cerca del 90/ en la Antártida.
[4] https://www.fundacionaquae.org/wiki/cuanta-agua-hay-en-el-mundo
[5] https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/water#:~:text=El%20cambio%20clim%C3%A1tico%20es%20uno,alimento%20diario%20de%20una%20persona).
[6] https://www.unesco.org/reports/wwdr/en/2024/
[7] https://www.fundacionaquae.org/wiki/cantidad-de-agua-potable-fuente-de-vida/
[8] Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, parte de la Ley Bases.
[9] https://dgtlinfra.com/data-center-water-usage/
[10] Que controla el agua en 10 provincias, y se ofrece como asesora de quien compre AySA.
[11] https://www.iprofesional.com/negocios/112214-sed-de-argentina-barcos-extranjeros-se-llevan-el-agua-dulce-y-una-provincia-avanza-en-vender-su-lluvia