La extraordinaria marcha de cientos de miles que desbordó el país y tuvo réplicas en Uruguay, Chile y México ya es historia pero no es pasado. Su denuncia al poder político y a la Iglesia, a la inacción de policías y demás funcionarios y el reclamo de soluciones a la violencia de todo tipo contra la mujer exigen respuestas.
Violencia machista: quién es quién
Que la Presidenta sea mujer generó para gran parte de la población expectativas en que el kirchnerismo tuviera políticas concretas contra la discriminación de las mujeres, pero no fue lo que sucedió en estos años.
En 2009 el gobierno impulsó una de sus iniciativas más importantes: la Ley 26.485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. De 45 artículos solo 19 están reglamentados, 11 de ellos parcialmente; igual casi no se aplica por la escasez de presupuesto, la descoordinación, la ausencia de planes. Por eso Cristina ni mencionaba el tema en sus discursos. El 3J la obligó a cambiar: el día anterior a la convocatoria apareció en cadena nacional acusando a la justicia y a los medios por la violencia machista. En tanto Scioli, Macri y Massa posaron para la foto con el cartelito “Ni una menos”. Todos se conducen como si fueran otros quienes manejan los dineros públicos y deciden las políticas. Pero son ellos los responsables de los miserables recursos destinados a la violencia contra la mujer y de que no haya campañas, refugios, asistencia jurídica, subsidios, ni nada. Cargan también con las
cien o más mujeres pobres muertas por año en abortos clandestinos inseguros, verdaderos “femicidios de estado”. Además amparan a empresas que burlan leyes laborales y se aprovechan de la condición femenina para sobreexplotar a las trabajadoras.
El impacto del 3J
No habían transcurrido 24 horas del 3J cuando la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, llamó a confeccionar el Registro de Femicidios de la Justicia Argentina. Paralelamente el Gobierno Nacional anunció la creación de la Unidad de Registro de Femicidios bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. Por su parte Mariana Gras, Presidenta del Consejo Nacional de Mujeres prometió, para principios de 2016, las cifras precisas que pide la Ley 26.485 desde hace 6 años. Varias provincias apuraron sus propias respuestas: Santiago del Estero elaboró un proyecto para crear el Juzgado de Violencia Familiar y Contra la Mujer; la legislatura porteña aprobó por ley el funcionamiento de Fiscalías Especializadas en Violencia Doméstica e instauró la Semana de la Eliminación de Violencia contra la Mujer (entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre); Mendoza reglamentó una ley que obliga al Estado a dar patrocinio jurídico gratuito a las víctimas; Neuquén anunció la creación de un nuevo refugio en Rincón de los Sauces.
El sindicato UTE-CTERA (kirchnerista) presentó a su vez un proyecto de ley para incorporar la licencia por violencia de género al Estatuto Docente de la Ciudad. Mientras tanto la CTA opositora reclamó que se discutiera en el Congreso Nacional su proyecto del 2014 de licencia por violencia de género que contempla a todas las trabajadoras del país. El Consejo Superior de la UBA aprobó un protocolo para tratar denuncias de violencia sexista, discriminación y acoso sexual y en la Universidad Nacional de La Plata se propuso un programa de asistencia a las víctimas.
“Ni una menos”: ¿cómo lograrlo?
Esos primeros avances son producto de la movilización. Debemos continuar con las protestas. Tuvimos que hacer el Argentinazo del 2001 para que se votara la Ley 26.485. Y recién luego del 3J, con 500.000 en las calles de todo el país, el gobierno y la justicia se dignaron a prometer cifras oficiales de violencia y femicidios.
La CTA opositora, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el FIT y la mayoría de los partidos de izquierda, varias organizaciones feministas, coincidimos en exigir una Ley de Emergencia Nacional, con el presupuesto adecuado. ¿De dónde obtener los fondos? Un proyecto de Ley de Emergencia presentado por legisladores del FIT en el Congreso Nacional, en Mendoza y en Córdoba, plantea, entre otras medidas, la construcción de refugios y un plan de viviendas para las víctimas de violencia basado en el cobro de impuestos a las grandes fortunas y a las corporaciones inmobiliarias. Lucha Mujer y el PSTU proponemos además seguir movilizándonos para que se suspenda de inmediato el pago de los 14.000 millones de dólares por vencimientos de deuda externa de 2015 y volcar esos recursos tanto a prevenir y erradicar toda violencia contra la mujer como al resto de las necesidades de los trabajadores y el pueblo. Un primer paso de esa lucha es organizarnos mujeres y hombres en cada lugar de trabajo y estudio para combatir toda discriminación y violencia.