El suelo argentino no sólo es rico produciendo alimentos, sino que dentro de él se encuentran grandes reservas minerales y petrolíferas muy importantes. La explotación de nuestros recursos naturales debería estar planificada de manera muy rigurosa, cuidando el medio ambiente, la salud de los trabajadores y para obtener recursos que se inviertan en el propio pueblo.
Lamentablemente nada de esto sucede en Argentina, como muestra ejemplificadora están los acuerdos que el kirchnerismo tiene con la Barrick Gold, que permitieron a esta empresa desarrollar la explotación del oro y demás minerales de la cordillera sin pagar impuestos y recibiendo subsidios, a costa de la destrucción del medio ambiente. Esta política de favorecer la expoliación de los recursos no es casual ni exclusivo del gobierno K, la Ley de Educación Superior sancionada por Menem y defendida por los hoy “opositores” Macri y Massa, es la que regula que las universidades deben poner sus recursos al servicio de estas multinacionales, como lo hace la UTN a través de estudios socioeconómicos y de impacto ambiental que respaldan la explotación minera de la Barrick que se realiza en la Mina Veladero en San Juan.
La nacionalización de YPF, que nos costó 10.000 millones de dólares entregados a Repsol a cambio de una empresa vaciada, mostró la necesidad de avanzar hacia una YPF 100% estatal, sin indemnización y bajo control de sus trabajadores. No se puede hablar de “recuperación” de YPF cuando se entrega con acuerdos secretos los yacimientos de Vaca Muerta a Chevron y a los chinos, a costa de nuevos daños irreparables al medio ambiente y a las condiciones de trabajo de los petroleros neuquinos. No se puede hablar de autoabastecimiento y soberanía energética sin reestatizar toda la industria petrolera e hidrocarburífera, rechazando de plano la nueva ley votada recientemente por el gobierno en acuerdo con los partidos tradicionales.
Esta nueva entrega va acompañada de una permanente suba de los precios de la nafta, que se traslada a los bienes de primera necesidad, y con grandes sectores de la población que no tienen acceso al gas natural y que deben pagar cifras delirantes por una garrafa.
Mientras el gobierno continúa la política de facilitar la exportación de petróleo y gas desde Chubut y Santa Cruz, subsidiando millonariamente a las petroleras para que se lleven el combustible que nos falta.
Es hora de revertir este desastre. Esto es posible si estatizamos el 100% del subsuelo, la plataforma submarina y todas sus riquezas, junto con la producción y exportación minera, de petróleo y gas, bajo control de los trabajadores, para reinvertir en el país, cuidar el medio ambiente y dejar de entregarles nuestros recursos a las empresas imperialistas.