El 28 de setiembre es el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
El Papa Francisco anunció recientemente que durante 2016 todos los que confiesen el “pecado” de haber estado involucrados en un aborto, podrán ser perdonados de ese crimen por un sacerdote.
Los crímenes son, en realidad, de los gobiernos, la Iglesia Católica, las evangélicas y demás iglesias, la justicia y las otras instituciones. Son responsables de la muerte por abortos inseguros clandestinos de miles de mujeres pobres cada año, de obligarlas a sostener embarazos humillantes producto de violaciones, de forzarlas a la maternidad en medio de la miseria.
Se necesita un nuevo 3 de Junio, para reclamar contra toda esa violencia: ¡Ni una menos!, ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir!
La región más desigual del planeta
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 68.000 muertes anuales por abortos inseguros en el mundo, 66.000 ocurren en los países donde el aborto es ilegal y/o donde no hay acceso a la educación sexual y a la anticoncepción.
En nuestro continente el aborto es legal solo en la ciudad de México y cuatro países: Cuba, Guayana, Puerto Rico y Uruguay.
Además pertenecen a AL y el Caribe siete de los nueve países donde el aborto es penado en cualquier caso: Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam.
Pero incluso en los demás países de la región, donde existe por ejemplo el aborto terapéutico, la falta de regulación pone en riesgo constante su aplicación. Es el caso de Argentina donde un fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2012 aclaró las excepciones a la criminalización del aborto y sus requisitos (consignadas desde 1921 en su Código Penal), pero muchas provincias siguen sin aplicarlo.
Por eso no sorprende que en América Latina y el Caribe el aborto sea la primera causa de mortandad materna ni que UNICEF registre a la región como la segunda con mayor porcentaje de embarazo adolescente.
Lo que sí asombra es que gobernantes que se definen “socialistas” como Rafael Correa, Nicolás Maduro, Evo Morales o “progresistas” como las presidentes mujeres: Cristina Kirchner, Dilma Rousseff o Michelle Bachelet, se opongan fervientemente a legalizar el aborto con el mismo argumento que la Iglesia: “defender la vida”. Las cifras de AL y el Caribe contradicen a todos ellos, hablan de muerte y violencia contra las mujeres trabajadoras y las jóvenes pobres.
Luchar por la despenalización y votar por un programa obrero
La Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, la Ley de Educación Sexual, la Ley de Violencia, el fallo de la Corte Suprema de la Justicia Nacional, que reglamenta el aborto no punible y otras, no fueron políticas voluntarias del kirchnerismo sino productos de las enormes movilizaciones del 2001. Aunque son insuficientes hubieran significado una mejoría en la situación de las mujeres. Pero la falta de fondos, de personal y de recursos convirtió prácticamente en nulas esas normas.
Cinco sucesivos proyectos de ley por la despenalización del aborto se presentaron desde 2007 sin que el Congreso Nacional con mayoría kirchnerista los debatiera, contando también con el aval de la oposición patronal.
Hay que aprovechar el revuelo que causó el “perdón” del Papa y la proximidad del 30° Encuentro Nacional de Mujeres, para debatir la despenalización en los lugares de trabajo y estudio, exigir a las CGT y a las CTA que no sigan dando la espalda a la situación y poner el tema en la agenda electoral, aunque Scioli, Macri y Massa no quieran.
Cualquiera de esos candidatos en la presidencia seguirá defendiendo a las empresas y atacando a los trabajadores, seguirá ignorando los derechos femeninos.
Las mujeres trabajadoras deben organizarse como parte de su clase, contra los ajustes, por un plan obrero que salve al país, que imponga impuestos a las grandes empresas y deje de pagar la deuda externa.
Con esa plata se podría aumentar el presupuesto de salud e instrumentar un plan integral con asistencia para la madre y el niño, que contemple educación sexual, anticoncepción gratuita y el derecho al aborto legal y seguro en el hospital público.
Y, en octubre, hay que votar por el FIT, el único con un programa para las mujeres trabajadoras y las jóvenes, en el marco de una salida obrera a la crisis.