Hace unos días Antonio Caló, el principal aliado sindical del gobierno y líder de la CGT “Balcarce”, fue citado para responder ante la justicia por un presunto lavado de dinero proveniente de una prestadora de servicios de la UOM.
Todo comenzó en 2011, cuando en un Buquebús que iba hacia Uruguay, las autoridades encontraron 800 mil dólares sin declarar en el BMW de Segundo Córdoba, abogado de la dirigencia metalúrgica. Condenado a una pena más que leve, el abogado confesó –según se lee en La Nación– que ese dinero provenía de pagos clandestinos que una empresa de seguros le hacía a las autoridad nacionales de la UOM en compensación por las pólizas de vida y sepelio que se les hacía tomar a los afiliados: lo que en la jerga se conoce como “retorno”. Al parecer, esta práctica con esta empresa en particular viene de los tiempos de Lorenzo Miguel, y al momento del juicio al abogado la “cuota” pagada por la empresa a los máximos jerarcas sindicales era de unos 20 mil dólares mensuales. Lo cierto es que luego del procesamiento del mencionado abogado, la justicia siguió recorriendo la trama de las coimas hasta llegar a Antonio Caló, quien obviamente negó las acusaciones mientras hace campaña por Scioli y propone un “pacto social” que en los hechos sería una suspensión de las paritarias por los próximos años
Posiblemente, todo esto quede en la nada. Pero es otra muestra más de una de las causas de los males de nuestros sindicatos: dirigentes millonarios “representando” a obreros al borde de la línea de la pobreza; aquellos que negocian nuestro salario con la patronal a puertas cerradas, viven completamente ajenos a la realidad cotidiana del trabajador. Por eso los sindicatos dirigidos por gente como ésta, cuya fortuna proviene justamente de manejar los gremios como si fueran sus empresas, se han demostrado inútiles a la hora de defender a los trabajadores. Otra razón para sacarlos y recuperar nuestras organizaciones gremiales.