En un nuevo intento por judicializar un conflicto gremial, la Sala IV de la Cámara del Crimen, dio lugar a la denuncia formulada por la compañía Monsa, por la medida que implementamos los choferes de brindar el servicio sin cobrar boletos, durante el conflicto por el despido de Ariel Benitez y otros 48 compañeros.
Los jueces Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Mariano González Palazzo sostuvieron que “no puede descartarse la hipótesis de administración fraudulenta ya que tal obrar de los conductores podría representar una violación de los intereses confiados por la empresa que le ocasiona un perjuicio económico a ésta y, al mismo tiempo, genera un lucro indebido a terceros”.
Esta resolución judicial es absurda, ya que desconoce el derecho a huelga, que siempre “ocasiona un perjuicio económico” a las patronales, y además, en el caso especifico de la línea 60, desconoce un fallo anterior del fuero laboral, que reconoce el no cobro de boleto como medida de fuerza legitima.
Es que las patronales saben que para pasar el ajuste, necesitan dar un escarmiento a quienes hemos resistido sus ataques en los últimos años.
Este ataque es continuidad de la política llevada adelante por el gobierno k que durante los más de cuarenta días de conflicto puso a la Justicia y a Gendarmería al servicio de la empresa. Y no tenemos dudas que esta política de persecución al servicio del ajuste y la ganancia de los empresarios será política de Macri y su Ministro de Transporte, el empresario de la industria automotriz Guillemo Dietrich.
Desde el PSTU, rechazamos este nuevo intento de judicializar la protesta social, y exigimos el cese inmediato de toda persecución a los trabajadores.
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