El Gobierno justifica el tarifazo, diciendo que lo que están haciendo es eliminar subsidios a las empresas, sincerando las tarifas, para achicar el déficit fiscal. Pero en este caso no es así. El Ministro de Transporte Dietrich lo dijo claramente: “Este año vamos a mantener los subsidios y además los estamos aumentando en el caso del transporte […] A pesar del aumento de tarifas, los subsidios estatales para el transporte público se incrementarán en un 20 % en relación a lo girado el año pasado, debido a la ampliación de la tarifa social y mantener el boleto mínimo.”
Entonces, ¿por qué nos aumentan el boleto? Para garantizar que no les baje ni un poco la ganancia a las grandes empresas como Dota y Plaza. Tener colectivos en el área metropolitana es un gran negocio. El Banco Nación les da créditos a 60 meses con una tasa de 7%. El Estado les da dinero para pagar sueldos, cargas sociales y gastos de personal. Además de vales de $15.000 para gasoil. Si los empresarios quieren renovar sus unidades el Estado aporta un crédito a una tasa de 7% anual, a cinco años, con tasa fija. Y además de esto el empresario recibirá más dinero en subsidios por cada coche nuevo que compre con créditos del Estado.
Frente a esta sangría de dinero que sale de nuestro bolsillo, nos cabe hacernos una pregunta: ¿Por qué tenemos que seguir pagándoles a los empresarios por estos servicios? Porque es un negocio en el que está metido el Gobierno, los funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales. Macri y Dietrich son empresarios y cuidan sus negocios. Y sus negocios se hacen a costa nuestra. Dietrich, por ejemplo, tiene negocios con Volkswagen y quiere entrar al mercado de colectivos, hoy dominado por Agrale [Dota] y Mercedes Benz.
El ejemplo más reciente es el escándalo de los Panamá Papers, que puso en evidencia a Macri y sus negocios offshore, para lavar dinero y evadir impuestos, dejando claro de quién estamos hablando y cuáles son sus intereses.
Pero esta relación entre empresarios y políticos, no empezó con el PRO. Alejandro Rossi, hermano del ex ministro y diputado K, Agustín Rossi, es dueño de la firma Autobuses Santa Fe, que opera en más de diez ciudades del interior, y gestiona en sociedad con el grupo Dota la ex Tomas Guido.
Este entramado de corrupción entre el Gobierno, los funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales, que utilizan sus cargos para hacer negocios y beneficiar amigos, no es nuevo. Los 52 trabajadores y estudiantes muertos en la tragedia de Once son víctimas de esto. El cierre de la fábrica de trenes y colectivos Emfer-Tatsa es parte de lo mismo.
Además de la necesidad de achicar el gasto público, el otro argumento para subir la tarifa en el Gran Buenos Aires y la Capital, es que el interior del país paga el boleto mucho más caro hace años y que de esa forma estarían pagando los costos del servicio barato que pagamos en CABA y Gran Buenos Aires. Esta “inequidad” y “falta de sustentabilidad” a la que se refirió Dietrich no es más que un argumento para dividirnos. Sin ir más lejos el gobernador de Córdoba, Schiaretti, festejó el aumento de tarifas para los porteños.
A ellos les conviene que los trabajadores de las distintas provincias del país no nos unamos y por eso incentivan nuestra división. Sin embargo, más allá de las particularidades de cada provincia, en todo el país hay algo en común: el transporte público, en su gran mayoría, es un negocio en manos de empresarios que suben los precios de acuerdo a sus necesidades y los gobiernos entregan subsidios para mantenerle sus ganancias.
Un ejemplo claro de esto es Rosario, donde pretenden elevar la tarifa de $6.30 a $9,45, lo que significa un aumento de más de un 50%. Esta medida la lleva adelante el Frente Progresista con la finalidad de mantener la ganancia a Rosario Bus que en los últimos 10 años recibió casi 1500 millones de pesos en subsidios.
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