En el último mes, se estuvieron discutiendo dos proyectos de ley que modifican lascondiciones en la cual se condenan los delitos: la ley “del arrepentido” y la ley “deflagrancia”. Como siempre redunda en más beneficios para los patrones y cadenasmás fuertes para los trabajadores. En un contexto en el que el Gobierno avanza con la criminalización de la protesta social, al servicio de hacer pasar el ajuste.
Un trabajador muere aplastado por un colectivocuando cede un autoelevador. Un obrero cae de un séptimo piso cuando se rompe el arnés que lo sostiene. Otro fallece de una neumonía esperando que lo atiendan en laguardia de un hospital público.Muchas historias más que serepiten. Existe una constante en todo esos: la patronal y el Gobierno son los asesinos.Desde principio de año seestá debatiendo el proyecto deley “del arrepentido”. Éste consisteen disminuir la condena aaquellos que están imputadosen delitos complejos (como por ejemplo, la corrupción) acambio de que puedan brindar información que permita develar a otros implicados en el hecho. Lo que en realidad se está discutiendo es cuáles son las mejores condiciones para que los acusados de corrupción se entreguen. El problema es que esta ley resulta en un premio. Los patrones que pagaron coimas a un funcionario van a ver reducida su sentencia a cambio de denunciar a sus vínculos con el Estado, mientras pueden seguir provocando más muertes obreras.
Con las manos en la masa
En el otro extremo, se aprobó la ley “de flagrancia”. El artículo 285 del Código Procesal Penal establece que “se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después; o mientras es perseguido por la fuerza pública, por el ofendido o el clamor público; o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito”. Gracias a esta ley, a partir de haber sorprendido en flagrante a una persona se abre una instancia que permite que se le haga un juicio exprés de no más de 40 días. En principio, podría parecer justo que frente a una justicia lenta se busque hacerla más rápida. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Qué sucede? Por un lado, da un gran poder a las fuerzas policiales de determinar quién está en flagrancia, al poder determinar qué indicios permiten determinar quien ha participado en un delito. Es una práctica normal que la policía –en especial la bonaerense- plante pruebas tanto para mostrar su efectividad o como medio de reprimenda. Por el otro, existe la posibilidad de que se considere en flagrancia a aquellos que participen en una protesta social, dando nuevas herramientas que permitan reprimirla.
Al servicio de la persecusión a los luchadores
Como se puede ver, el Gobierno y los patrones están buscando hacer una ley a su medida que les permita “arrepentirse” y pasar de bando cuando les conviene al mínimo costo para ellos. Mientras generan las condiciones para
avanzar rápidamente en otras causas. En un contexto en el que aumenta la persecución a los luchadores mediante fallos como el de la Corte Suprema sobre la organización sindical o con desafueros (quita de la tutela sindical) como es el caso del secretario general del sindicato docente y dirigente de la Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del fuego, Horacio Catena; en el que se persigue a trabajadores en lucha como los ferroviarios del Sarmiento o los azucareros del Ingenio Ledesma en Jujuy, la flagancia difícilmente pueda ser interpretada en otro sentido. Esta nueva ley es una herramienta más para que la justicia, que de justa tiene muy poco, sea más rápida y dura contra los trabajadores y sus luchas, mientras se conmueve frente al arrepentimiento de los empresarios y políticos patronales.