La oposición patronal al Gobierno logró con un acuerdo excepcional y circunstancial en la Cámara de Diputados imponer por mayoría un proyecto del Impuesto a las Ganancias alternativo al propuesto por el macrismo, que en nada beneficiaba a los trabajadores, sino todo lo contrario, que ante el proceso inflacionario y los posibles aumentos paritarios, más trabajadores activos y jubilados sería alcanzados por este verdadero impuesto al salario.
El proyecto votado por el massismo, el Frente para la Victoria y los diferentes sectores peronistas, contempla elevar a $44.000. el mínimo no imponible para los casados y de $34.500 para los solteros, y una actualización de las escalas, que oscilaría entre el 5% y el 35%. Se mantienen las deducciones por hijo menor de 18 años, cónyuge, seguro de vida, empleadas domesticas, intereses de créditos hipotecarios y se agregan las de alquileres de vivienda y educación, solo si no hay oferta pública. También beneficios para monotributistas, y ridículamente, que solo los nuevos jueces del poder judicial a partir del 2017 paguen el impuesto.
Por otra parte, se gravarían transacciones financieras como los Plazos Fijos mayores de $1,5 millón, Bonos y Lebacs, y ganancias de capital e interés para otros activos financieros con beneficio superior a $300.000, a las empresas mineras, las apuestas on-line y las máquinas tragamonedas de los bingos y casinos.
El Gobierno acusó a la votación de maniobra política para desfinanciar a la Nación y a las provincias con una reforma que no se atrevieron a realizar en la década ganada. Si bien es cierto que sería un costo fiscal para el sistema capitalista argentino en crisis, y el kirchnerismo no hizo nada cuando gobernó, la alternativa votada mejoraría en parte la situación de algunos trabajadores.
Tanto el proyecto del Gobierno como el de la oposición votado permite que continúe este impuesto retrógrado, que en su origen fue establecido para afectar los ingresos de los gerentes y CEOS de las grandes empresas pero con la inflación y las crisis económicas se transfirió a todos los trabajadores y jubilados.
Parches sociales sin trabajo digno y bien remunerado
La otra ley aprobada por la Cámara de Diputados es la de Emergencia Social. Fueron 227 los votos que la apoyaron con la abstención del Frente de Izquierda. Surgió de un acuerdo entre el Gobierno y varias organizaciones sociales para reforzar un supuesto apoyo a cooperativas de la “economía popular” hasta el 2019, finalización del mandato de Macri.
Establece un refuerzo adicional de $30.000 millones y autoriza al Jefe de Gabinete a reasignar las partidas. Dispone un registro de la economía popular que “oficializaría a los candidatos a la precarización laboral”. Del 15% de aumento a los planes sociales y la creación de 1 millón de puestos de trabajo del primer proyecto tratado por senadores, nada se dispuso.
Es decir, una ley que a primera vista sería bienvenida para beneficiar a la población más vulnerable, pero en la realidad lo único que hace es sostener que millones de trabajadores continúen esclavizados de estas cooperativas sociales por salarios miserables que actualmente rondan los $3.100. Nada de capacitación, trabajo digno, salarios acorde al costo de vida.
Dos proyectos, Ganancias y Emergencia Social, que los venden como de fuerte contenido solidario, pero son un maquillaje para seguir imponiendo el plan de ajuste. El juego capitalista electoral está lanzado, y en el medio millones de rehenes que somos los trabajadores, que seguiríamos pagando el impuesto al salario y con miserables planes para los desocupados.
Como venimos diciendo desde el PSTU, con los miles de millones de dólares que por ejemplo se pagan en 2016 y 2017 por la deuda pública y la externa, U$S 28.000 millones, se podría empezar un serio plan de obras públicas con trabajos dignos y mejor remunerados.