La primera reacción del gobierno de Mauricio Macri frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia la expresó Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien dijo : “Estoy de acuerdo con el 2×1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley”. Horas después salió a contradecirse diciendo que el Gobierno “unánimemente cuestiona la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad, en esto tenemos un convencimiento inequívoco”. Días después María Eugenia Vidal también salió a hacer declaraciones contra el Fallo.
¿Qué paso? ¿Qué hizo cambiar de opinión tan rápidamente a Avruj? ¿Qué motivo la declaración de Vidal?
Nosotros estamos convencidos que este recule del Gobierno tiene su explicación en el enorme repudio de los trabajadores y el pueblo al 2×1 a los genocidas, porque No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos y estamos con la guardia en alto para defender la cárcel común a los genocidas y enfrentar cualquier intento de impunidad. Esta conclusión es fundamental. La fuerza de los trabajadores movilizados es mucho más grande que la de cualquier fallo de La Corte o cualquier Ley o política del Gobierno.
La ley votada en el Congreso es producto de la desesperación del macrismo y la oposición por quitarle peso a la movilización, y llevar la bronca a las elecciones de octubre. Aunque de ningún modo significa un cambio del Gobierno en su política hacia los Derechos Humanos.
La ley votada por casi todos los bloques, establece que el 2×1 se puede aplicar a los presos sin sentencia firme entre el año 1994 y el 2001, pero no podría ser aplicada a ningun genocida porque en esos años regían las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La pelea contra la impunidad es aun una tarea pendiente, para juzgar el pasado como parte de enfrentar los actuales ataques a los trabajadores.
Prontuarios de terror
Luis Muiña
El primer beneficiado. Formaba parte del comando paramilitar interno del Hospital Posadas, condenado por torturas de, al menos, cinco personas.
Christian Von Wernich
Fue sacerdote de la Iglesia Católica y capellán de la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Fue condenado a reclusión perpetua por hallarse culpable de 42 casos de privación ilegítima de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.
Jorge “Tigre” Acosta
Responsable de muerte y tortura en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).Entre otros crímenes fue responsable de arrojar al río a las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y a las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce.
Miguel Etchecolatz
Ex comisario condenado en cuatro juicios distintos por la desaparición, tortura y apropiación de bebes en cientos de casos. Además, está implicado en la segunda desaparición de Jorge Julio López.
Alfredo Astiz
Espía infiltrado durante la dictadura dentro de las organizaciones de Derechos Humanos, perteneció al Grupo de Tareas 3.3.2 que funcionaba en la ESMA. Fue responsable del secuestro y desaparición de las mencionadas monjas francesas, entre otros múltiples casos.
¿Cuál es la política de Macri para los Derechos Humanos?
Hace algunos meses el presidente Macri dijo que no sabía cuántos fueron los desaparecidos. Trata de reflotar la teoría de los dos demonios, diciendo que lo que ocurrió no fue una dictadura genocida que desapareció a mas de 30 mil trabajadores y luchadores sino una “guerra sucia” entre dos bandos.
Además de eso, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, durante 2016 hubo solo 9 sentencias. El Gobierno recortó el presupuesto para DDHH, quiso quitar del almanaque el 24 de Marzo, y trajo a Obama, ex presidente de los EEUU para el 24 de Marzo del año pasado, llevó al cara pintada Aldo Rico al acto del 9 de Julio, donde también sacó al ejército para que desfilara por las calles junto al Rey de España. Mantiene presa a Milagro Sala por protestar en la calle, reprimió a los docentes que intentaban poner la Carpa Itinerante y reprimió a los trabajadores y militantes políticos y sindicales que tratamos de hacer activo el Paro Nacional del 6 de Abril. La prisión domiciliaria a más de 50 genocidas no es solo una cuestión del Poder Judicial, es una política del Gobierno, como lo dejó claro Claudio Avruj cuando dijo “yo creo que el tema de la excarcelación de la gente de más de 80 años o de más de 70 tiene que ser igualitaria para todos”.
El fallo de la Corte Suprema es parte de esta política. Dos de los tres jueces que lo votaron fueron puestos por Mauricio Macri, y la tercera, Elena Ines Highton, por Nestor Kirchner en 2004.
Ya en el 2014 Macri decía que “se van a acabar los curros de los derechos humanos”, “Hay que ocuparse de los derechos humanos del siglo XXI. Hay que ocuparse de lo que está pasando hoy”, “La Argentina tiene que cerrar la etapa de derechos humanos”. En estos dichos se escuchan los ecos de la dictadura, en la voz de un Presidente cuya familia hizo fortuna durante la genocida Dictadura Militar.
Por eso, para avanzar contra la impunidad, para que se sepa la verdad y se haga justicia, para enfrentar la represión que estamos sufriendo hoy por salir a la calle a defender nuestro salario y nuestro empleo, tenemos que seguir movilizados contra el plan de ajuste y miseria del Gobierno, y si el Gobierno no cambia de Plan, tendremos que cambiar al gobierno, no para que vuelva Cristina, sino para que gobernemos los trabajadores y el pueblo.
¿EL KIRCHNERISMO FUE A FONDO CONTRA LA IMPUNIDAD?
Queremos polemizar con los trabajadores kirchneristas porque las conclusiones que saquemos del gobierno de Néstor y Cristina son fundamental para lo que hagamos ahora.
Por ejemplo, ¿si vuelve Cristina irán presos todos los genocidas? Nosotros creemos que no, y tampoco creemos que poniendo más diputados o senadores K se resuelva el problema. Pero queremos argumentar estas posiciones con hechos y con números porque nos interesa que los trabajadores, seamos del partido que seamos, salgamos juntos a enfrentar el gobierno de Macri en las calles, que es donde verdaderamente conseguiremos que se haga justicia, para cambiar la historia y no cometer los errores del pasado.
En ese sentido también respetuosamente, queremos polemizar con la señora Hebe de Bonafini, quien declaro que las Madres de Plaza de Mayo ya no son un organismo de Derechos Humanos sino una corriente interna del Frente Para la Victoria.
En el título hacemos la pregunta si Nestor y Cristina hicieron todo lo que pudieron durante sus gobiernos para avanzar en el Juicio y Castigo. Nosotros opinamos que no, porque un Gobierno que realmente quiera ir a fondo contra los genocidas no puede nombrar a un genocida como Milani al mando del ejército, por ejemplo. Y la figura de Milani es solo la punta del iceberg sobre el que flotan todos los milicos genocidas que todavía se pasean por las oficinas del Estado.
Ningún Gobierno desde la vuelta a la democracia avanzó contra el aparato represivo, sino que lo utilizó para espiar, infiltrar y reprimir a los trabajadores y el pueblo. Ejemplos de eso son el Proyecto X del Kirchnerismo y la represión a los choferes de la 60 en la Panamericana. En 2006, Julio López declaró conta el genocida Etchecolatz y a las pocas horas lo hicieron desaparecer, dejando en claro que esos monstruos de la dictadura siguen viviendo en el presente. Julio López es un desaparecido en democracia durante el Gobierno de Néstor Kirchner y en 9 años de Gobierno no hicieron nada para que aparezca con vida.
A eso hay que agregarle un número contundente: según el Encuentro Memoria Verdad y Justicia solo hay 737 Genocidas Condenados, esto muestra el nivel de impunidad, teniendo en cuenta que en Argentina hubo más de 600 centros clandestinos de detención.
Hasta ahí llego la politica del kirchnerismo por los Derechos Humanos. A lo que hay que agregarle los 7 mil trabajadores procesados por luchar y los Petroleros de las Heras condenados a Cadena Perpetua.
Una salida de fondo contra la impunidad
En 1982, las Fuerzas Armadas abandonaban el poder en el mayor desprestigio y crisis. La herramienta que la gran patronal argentina y sus socios multinacionales había utilizado, una y otra vez, para dar golpes militares aparecio ante los ojos de la población como una máquina asesina contra su propio pueblo, y cobarde ante el enemigo inglés. Desde entonces, ese odio no ha hecho más que crecer.
Eso representa un enorme problema que la clase capitalista argentina aún no ha podido superar. Si necesitaran que las FFAA vuelvan a dar un golpe para defender a las grandes empresas y bancos, así como a la gran patronal agraria, les sería muy difícil lograrlo mientras los genocidas que hicieron ese trabajo en el pasado sigan presos. Por eso, una y otra vez han intentado revertir esa situación.
Pero, mientras el aparato represivo del Estado se mantenga intacto, el ¡Nunca Más! es una utopía, el peligro se mantiene.
Es preciso reabrir el debate sobre un programa para el desmantelamiento completo de ese aparato. Eso incluye a las Fuerzas Armadas y de seguridad, y organismos de inteligencia.
Debemos derogar el 2 x 1. Pero hay que ir hasta el final, juzgar y condenar a todos los genocidas, a los empresarios que los financiaron, a quienes los bendijeron desde los púlpitos, a los políticos de los distintos partidos patronales que colaboraron con la dictadura –cientos de radicales, decenas de peronistas- y sindicalistas cómplices como José Rodriguez del SMATA o Gerardo Martínez de la UOCRA.
Para eso debe instaurarse el principio de Inversión de la Prueba, poniendo en prisión a todos los oficiales –retirados y en actividad- que participaron de la dictadura con cualquier rango, y que si alguno es inocente lo demuestre. Es decir que, a diferencia del principio jurídico de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, se debe considerar culpables a todos hasta que se demuestre lo contrario. Esto tiene un precedente en los juicios de Nuremberg, que condenaron a los nazis. Nuestra corriente viene proponiendo esta medida desde la caída de la dictadura, y si se hubiera hecho hoy habría miles de condenados militares, y estaría mucho más clara la complicidad de otros sectores.
Junto a eso, deben abrirse los archivos de las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia y la Iglesia, para que se conozcan los datos de todos los genocidas y sus aliados.
Tenemos que terminar con la prisión domiciliaria de los genocidas. Lograr la prisión perpetua para Milani. Y la derogación de las leyes antiterroristas. Y derogar la Resolución 154 del Ministerio de Defensa, que le abre la puerta al espionaje interno por parte de los militares.
Con estas medidas, y el nombramiento de una Comisión Investigadora con plenos poderes y los recursos necesarios, presidida por figuras como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, sería posible esclarecer la verdad de los hechos y sus responsables, para poder condenarlos a todos y alejar mucho más el riesgo de que medidas como este repudiable 2 x 1 vuelvan a producirse. Así, el ¡Nunca Más! tendría más posibilidades de ser cierto.