En una sesión que terminó en la madrugada, hace muy poquitos días, la Cámara de Diputados de la Nación dio sanción completa a la nueva Ley de Abastecimiento que presentó el kirchnerismo. Como era de esperar, esta votación irritó sobremanera a todo el sector patronal y a sus representantes políticos agrupados en la “oposición”. Discursos encendidos del Frente Renovador de Massa, de la Coalición Cívica de Carrió, del radicalismo y hasta de propios empresarios como De Mendiguren advirtieron al Gobierno que no permitirán ningún cuestionamiento a la propiedad privada y que nadie regulará sus actividades aunque en medio esté en juego la comida de los argentinos.
Este enfrentamiento legislativo lleva a pensar entonces que el Gobierno combatirá a las grandes corporaciones y a los especuladores que nos privan de los productos de primera necesidad en las góndolas de los supermercados ¿deberíamos creer que no es sólo retórica y que esta sanción es un paso concreto? Como en toda su política, Cristina presenta las iniciativas de gobierno a través de largos monólogos que intentan indicar que las mismas favorecen al pueblo y atacan a los malos empresarios que quieren ganancias desmedidas. Esta gran puesta en escena la hace para tratar de contener la creciente bronca popular por la inflación y los despidos y suspensiones. Aunque, en realidad, y tal como ha sucedido hasta ahora, nada de lo que hace el Gobierno frena la suba de precios ni las maniobras patronales para obtener ganancias.
Desde estas mismas páginas decíamos hace algunos números, que esta nueva ley lejos de garantizar alimentos para todos ante la crisis actual y frenar la especulación de los empresarios, es más benigna que la anteriormente votada en 1974. Consecuente con su política de favorecer a los industriales, el Gobierno “ablanda” la ley anterior quitando la posibilidad de expropiar, intervenir empresas, arrestar empresarios o suspender patentes. Bajo un discurso de “enfrentamiento” la nueva ley K sólo coloca multas y la posibilidad de decomisar, eso sí, previa autorización judicial.
La otra arista que el kirchnerismo usa para decir que “tienen como objetivo ponerle un freno al ‘poder del mercado’ que pretende ‘ponerse por encima del poder popular’”¹ es la creación del Observatorio de Precios y del nuevo fuero judicial de Conciliación previa de Relaciones de Consumo. Estas medidas que son anunciadas como de defensa de los consumidores, en realidad lo que hacen es poner a salvo a las empresas de acciones judiciales colectivas, así como también establece un monto máximo de reclamo, resguardando una vez más el capital empresario.
Con nuestra comida no se negocia
Muchos lectores se preguntarán entonces, si esta ley es más benigna que la anterior ¿por qué reaccionan así el G6 y la oposición patronal?
Las grandes patronales industriales y del agro (que integran el llamado G6) tienen bien claro que con estos años de gobierno kirchnerista ellos han ganado y mucho, en expresiones de la propia presidenta “se la llevaron con pala”. Saben que el ajuste que se lleva adelante desde la Casa Rosada es para que ellos no dejen de ganar a costa de los trabajadores, saben que seguirán recibiendo subsidios millonarios así como también cobrarán los bonos que poseen de la deuda externa. Pero lo que sucede, es que por más benevolente que sea la nueva legislación ellos siempre quieren más, no pueden permitir que NADIE se inmiscuya en sus actividades comerciales, no quieren siquiera que exista una mínima posibilidad de que el Estado regule de algún modo sus ganancias, eso solo le toca a los trabajadores y el resto del pueblo, no a ellos.
Por esa razón, salieron inmediatamente a amenazar con acciones judiciales, con “desinversión” es decir, con desempleo y con no abastecer de productos al pueblo argentino hasta que esto se modifique. Con el argumento de que es inconstitucional que el Estado trate de regular aunque sea un poquito los precios y la producción, ellos violan y desconocen todo el resto de los derechos constitucionales, jugando con nuestro empleo y nuestra comida.
Entonces, volvemos a preguntarle a Cristina, ¿enfrentará a las grandes empresas? ¿Aplicará siquiera la insuficiente nueva ley para frenar el desabastecimiento y el desempleo anunciados por los empresarios? Para que el Gobierno demuestre si de verdad defenderá los intereses populares no puede más que responder a este ataque patronal con toda firmeza, debe para ello ir más allá de esta sanción. Debe expropiar toda mercadería que esté “acopiada” por la propia patronal para especular, debe prohibir los despidos y suspensiones y estatizar bajo control obrero a toda fábrica que así lo haga.
La inflación no se combatirá con un observatorio de precios manejado a dedo como en la actualidad con el ya nada respetado INDEC, sino con la eliminación del IVA a los productos de primera necesidad. Si quiere frenar la especulación financiera deberá entonces estatizar la banca y el comercio exterior. Si en verdad quiere detener la especulación de los grandes terratenientes y pooles de siembra, debería entonces establecer una Junta Nacional de Granos.
Desde el PSTU creemos que debido a su política permanente a favor del empresariado, el Gobierno no está dispuesto a llevar estas medidas adelante, entonces los trabajadores y el pueblo tenemos la necesidad de organizarnos y movilizarnos para exigirle que así lo haga, para que nuestra movilización imponga entonces lo que el Gobierno pregona pero no aplica. Para eso es necesario que las centrales sindicales como las CGTs y las CTAs se coloquen como cabeza de esta pelea, que rompan sus acuerdos electorales con los sectores patronales, tanto oficialistas como opositores, y salgan a defender nuestro alimento y empleo.
El FIT debe intervenir en esta pelea
La sanción de la nueva Ley de Abastecimiento traerá muchas repercusiones, y es importante debatir entonces cuál es la posición que asumiremos desde la izquierda y las organizaciones obreras.
El FIT tiene en sus manos la posibilidad de marcar esa posición y un camino desde dónde organizar a los trabajadores para impedir que la pelea entre oficialismo y patronales no nos perjudique al conjunto de los argentinos que podemos quedar rehenes de las anunciadas acciones de presión, lo que implicaría la ausencia de productos de primera necesidad y el desempleo.
Tanto los diputados de PO como así también del PTS han intervenido en este acalorado debate en el parlamento, ambas organizaciones dieron una larga lista de razones por las que votar en contra, denunciando así la complicidad del Gobierno con los grandes empresarios y terratenientes. Explicaron que la inflación no se resolverá con esta ley y denunciaron el carácter protector de las corporaciones en esta nueva normativa. En esta denuncia tenemos acuerdo con los compañeros que pertenecen a las organizaciones más importantes del FIT, acordamos también en que no es nuestra ley y el voto en contra estuvo correcto, asimismo cuestionamos que no hayan presentado un proyecto alternativo que incluya un programa obrero y popular para defender la alimentación del conjunto de la población. Sumado a esto, la ausencia de respuesta a la ofensiva patronal, así como la de exigencia al discurso del Gobierno nos obliga a debatir con ellos. Están a punto de transitar una política similar a la que tuvieron en el 2008 ante el lockout agrario, no podemos decirle nuevamente a los trabajadores que no intervengan en una disputa; que aunque sea entre distintos sectores patronales, pone en riesgo la soberanía alimentaria, la estabilidad del empleo y sobre todo nos coloca ante la enorme posibilidad de discutir la propiedad privada de los grandes capitalistas que se enriquecen con el sudor del pueblo trabajador.
El FIT se ha vuelto referencia política de un gran sector de trabajadores, es por eso que tiene la responsabilidad de colocarse como elemento de organización para que el pueblo no mire desde la ventana esta pelea aceptando los acuerdos que protegerán a los empresarios y no a ellos. Es el FIT desde donde debemos exigir y empujar a las centrales sindicales y sindicatos, para organizar a los nuevos activistas que están surgiendo con el fin de defender nuestro derecho a comer y trabajar, para enfrentar así el ajuste y poder demostrarle a todos aquellos honestos laburantes que aún confían en este Gobierno, que nada hará por ellos si no salimos a pelear. Desde el PSTU hacemos este debate y pondremos todas nuestras humildes fuerzas al servicio de esta política.