El gobierno de Macri no para de atacar los derechos a la educación, las conquistas laborales y el derecho a la salud pública. En el marco de estos ataques intenta hacer pasar una “reforma” al decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental Nº 26657.
Este decreto busca claramente favorecer entre otras a la industria farmacéutica y clínicas psiquiátricas privadas.La reacción de psicólogos y trabajadores de la salud mental no se hizo esperar. Con asambleas y movilizaciones han comenzado a resistir el ataque.Algunas de las consecuencias si el decreto finalmente se firma son:
El decreto establece en su Art 1 “Entiéndase por padecimiento mental a todo tipo de trastorno mental o del comportamiento que se encuentre descripto o sea objeto de atención en el Capítulo V del CIE O.M.S”
Este Articulo contraria el espíritu de la ley que entendía la salud mental como “un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos”
Es decir que se remite a pensar la salud mental en términos de trastornos estandarizados, clasificados en manuales psiquiátricos basados en datos estadísticos y que fueron diseñados en función de favorecer a la industria farmacológica.
En el Art 7 el decreto establece “Las prácticas en la atención debe basarse en fundamentos científicos ajustados a principios éticos y prácticos fundados en evidencia científica “
Las ciencias sociales, el psicoanálisis, etc., no son consideradas ciencias con validez científica por lo que quedarían excluidas
Solo la ciencia médica y sus engendros como “las neurociencias” tendrían la incumbencia para tratar las enfermedades mentales.
Se instala nuevamente la posibilidad de internación en instituciones monovalentes, a las que nombra como hospitales especializados y o clínicas neuropsiquiátricas, que no son otra cosa que “manicomios”.
Esto en un claro guiño a las clínicas psiquiátricas las cuales son un gran negocio corporativo que a su vez favorece a los laboratorios que venden los fármacos.
Así el Estado dejaría en manos de privados la atención de la salud mentalde la población; las prácticas psicológicas serian restringidas en los hospitales públicos; los psicólogos que tenemos recorrido en hospital sabemos lo difícil que es posicionarse en un puesto de trabajo. En la mayoría de los casos trabajamos gratis, haciendo pasantías durante años. Además las obras sociales no se verán obligadas a cubrir las consultas psicológicas. Si pensamos que este Gobierno tiene como objetivo ajustar el presupuesto cumpliendo con el pago de la deuda externa y favorecer a las grandes multinacionales para saquear el país (La industria farmacológica es la SEGUNDA en ganancias a nivel mundial) está claro a quién beneficia la reglamentación de la ley.
En los hospitales públicos las personas, con suerte solo podrán acceder a ver a un psiquiatra, saldrán del consultorio con la receta y si su salario se lo permite compraran el fármaco indicado.
Los trabajadores de la salud mental venimos realizando asambleas, organizando distintas acciones de lucha, como la movilización unitaria en La Plata junto a los trabajadores del Astillero Rio Santiago y demás trabajadores.
Necesitamos unificar nuestra lucha a la de los demás sectores. Lograr una mayor participación de las bases, haciendo asambleas en los lugares de trabajo, y en las regiones. Tenemos que exigir a los dirigentes de las CTA y la CGT un Plan de lucha para enfrentar todas las reformas y ajustes. Para eso necesitamos una huelga general para derrotar esta política al servicio de las multinacionales y empresarios.