AS- Contanos cómo está la causa que involucra a procesados, perseguidos y algunos encarcelados en la represión del 18 de diciembre
MA-La causa, en cuanto a la investigación, lo que hizo el Juez, desde un primer momento y lo que sigue haciendo ahora, es tratar de identificar a las personas que surgen de los videos, de las filmaciones, de las fotos, con una acusación que no queda demasiado clara cuál es. ¿Por qué? Porque, desde un primer momento, cuando presentamos la eximición de prisión a favor de Sebastián Romero, el Juez, al rechazar, da a entender y lo dice después explícitamente en su resolución, que lo que está investigando es una especie de complot para poner en jaque al Congreso, para poner en jaque a uno de los poderes del Estado, y en función de eso, no solo que Sebastián Romero es una especie de pieza clave, sino que además había una especie de complot con las distintas organizaciones que participaron de la movilización en el Congreso.
Sin embargo, cuando les dicta el procesamiento, sin prisión preventiva a César Arakaki y a Dimas Ponce, los procesa por “intimidación pública” y por “lesiones en riña”. Entonces, a ver, de lo que surge de la causa, no parece que se esté investigando este supuesto complot colectivo para poner en jaque a la democracia, parece más que se está respondiendo a una presión del Poder Ejecutivo de identificar a determinados militantes y utilizarlos como chivos expiatorios para poder demostrar que ellos, frente a determinadas situaciones de violencia son implacables y meternos presos aunque sea un rato, no importa la acusación.
No hay pruebas de que Sebastián Romero haya producido daños a bienes o a personas. Lo único que se ve es una imagen de él, con una rama y un elemento pirotécnico disparando, un elemento pirotécnico que no produce esquirlas, que no produce daño, no está probado que haya lastimado a nadie ni que haya roto nada. ¿Cuál es la acusación? No se sabe. Objetivamente hasta hoy, cuál es la acusación concreta no se sabe, no queda claro, pero tiene un pedido de captura. Por eso la necesidad de agotar las vías legales para garantizar la libertad.
AS- Contános por qué es falso lo que dicen los medios respecto de que Sebastián está prófugo
MA- Los medios masivos de comunicación hablan de Sebastián como si estuviera prófugo desde el primer momento, pero esto es falso. Desde el primer día que se filtró en los medios que había un pedido de captura nosotros presentamos una eximición de prisión que es un planteo jurídico para que él pueda presentarse judicialmente y no quedar detenido, dando las razones que avalaba nuestro pedido que es que no hay riesgo de que él se fugue ni de que entorpezca la investigación, sumado a que no está acusado de ningún delito grave. Este pedido fue rechazado por el Juzgado Federal de Sergio Torres y ante la Cámara Federal y nosotros hemos interpuesto un recurso de casación que está pendiente de resolución ante la Cámara de Casación Penal. Con lo cual, hasta que esto no esté resuelto, él técnicamente no está prófugo, lo que está haciendo es intentar quedar a derecho sin estar detenido.
¿Y qué te parece que propició esta “cacería de brujas” en este momento, particularmente?
Históricamente se ha utilizado al Poder Judicial para condicionar, perseguir y limitar la protesta social. El macrismo, en general, en su gestión en la Ciudad, antes de ganar las elecciones nacionales tuvo una práctica de utilizar o intentar utilizar el Poder Judicial para contener la protesta social, para perseguir a los luchadores, para abrirles causas penales. Eso se exacerbó en los últimos tiempos y frente a la contundencia de la movilización popular y de la resistencia a las medidas de ajuste del gobierno (…).
¿De qué crees que depende el futuro de esta causa?
Yo creo que, fundamentalmente, las causas con este nivel de politización, no solamente dependen de los argumentos que se pueden dar en contra de semejantes absurdos, aunque son importantes (…) Pero, fundamentalmente, de que esta situación sea visible públicamente, de lograr trasmitirlo lo más masivamente posible (…), no solo dentro de los sectores políticamente organizados dentro del marco de los derechos humanos, sino frente a la población en general (…) en este tipo de causas lo fundamental es el tema de la correlación de fuerzas (…) la visibilización, poder poner en discusión pública esta situación, poder movilizarse, poder organizarse, poder lograr la adhesión y el compromiso de distintos sectores en defensa de las libertades, de los derechos constitucionales y demás. (…) Yo creo que, de alguna manera, esa correlación de fuerzas empezó a dar vuelta, incluso el mismo 18 a la noche, con los cacerolazos, con la movilización de la gente.
AS- En enero sufriste un atentado, ¿cómo fue y cuál te parece que fue el mensaje que intentaron darte?
MA- Esto ocurrió en el lugar en donde estaba residiendo durante el mes de enero. Ingresaron al predio, me rompieron la ventana del auto y colocaron algún elemento pirotécnico o explosivo en la parte de atrás, lo cual quemó todo el interior trasero del auto y pudimos apagar el fuego antes de que se incendiará el auto por completo. Entiendo que no fue un acto de vandalismo porque tuvieron que tomarse el trabajo de ingresar al predio en el que yo estaba, que era un lugar con seguridad, para poder cometer este hecho. Básicamente entiendo que es un mensaje que intenta generar un amedrentamiento coherente con el clima de época que se está viviendo y va en el mismo sentido que otras situaciones como la que le ocurrió a la defensora de Milagro Sala Elizabeth Gómez Alcorta que sufrió una intromisión en su estudio jurídico particular. Entiendo que en general existe un clima no solo represivo sino donde se intenta infundir temor, a las personas, a los manifestantes, a los militantes, a cualquiera que intente o se manifieste en contra de las políticas del gobierno. Incluso esto se ve en los medios de comunicación donde se intenta demonizar a cualquier disidente político. Creo que lo que me ocurrió a mí se da en ese marco y va en el mismo sentido.
AS- Vos perteneces a CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), contanos sobre esta organización
MA- En 2005 o 2006 se produce una fractura en CORREPI, un grupo de compañeros nos vamos por diferencias políticas, metodológicas. Nos independizamos y armamos lo que en un primer momento se llamó CORREPI Sur y después CADeP *. Nosotros nos planteamos como organización de derechos humanos: ser una herramienta para dinamizar la lucha de clases. Para que no venza el temor frente a la cuestión de la represión y además, en tanto y en cuanto existan caminos institucionales para poner un freno a la represión institucional, servir como herramienta de eso. También nos planteamos que sea una coordinadora y que haya ejes centrales o principios centrales que se compartan aunque luego cada cual tenga su opinión política y, además, no ser nosotros, ni como organización, ni como abogados, los que monopolicen los conflictos, como pasa muchas veces, que es el abogado el que aparece, incluso hablando en las escalinatas de Tribunales. El abogado tiene que hacer el show adentro, pero afuera son los compañeros, la organización la que tiene que visibilizarse, porque si no, no se visibiliza la lucha de clases, se crea la falsa expectativa de que un abogado puede dar vuelta la cuestión.