Un 10 de octubre de 1947, comenzaba en Rincón Bomba (un paraje cercano a la localidad formoseña de Las Lomitas) una masacre perpetrada por Gendarmería con apoyo de la Fuerza Aérea contra miles de trabajadores rurales, mujeres, ancianos y niños del pueblo originario pilagá. Un acto genocida que causó al menos 1.500 víctimas, que incluyó torturas, violaciones y entierros en fosas clandestinas y finalizó con la reducción a una virtual esclavitud de parte de los sobrevivientes.
Las víctimas pertenecían a una de las etnias nativas del Chaco, que resistieron la colonización hasta bien entrado el siglo XX. Eran trabajadores rurales que habían sido estafados por el oligarca Robustiano Patrón Costas en el ingenio El Tabacal de Salta, quien los despidió sin ninguna clase de indemnización después de intentar pagarles un jornal mucho menor al convenido.
Abandonados a su suerte, los centenares de familias nativas se movilizaron a pie hasta Las Lomitas (a 450 km de distancia) para intentar obtener ayuda del Gobierno Nacional, ya que no solo había allí un escuadrón de Gendarmería, sino que Formosa dependía directamente de la Casa Rosada. Sin embargo, los pilagás no recibieron más que una repudiable actitud racista de parte de las instituciones y los estancieros locales, incluyendo al latifundista Rolando de Hertelendy designado por Perón en 1946 como gobernador de Formosa).
Ese desprecio se tradujo, a partir de ese terrible 10 de octubre de 1947, en tres semanas de matanzas colectivas, acompañadas de toda clase de abusos cometidos contra los nativos que lograron sobrevivir, incluyendo violaciones a niñas menores a cambio de perdonarles la vida a sus familias. Solo algunos centenares de sobrevivientes conservaron su vida, pero fueron sometidos a un régimen de trabajo casi esclavo en las “reducciones” controladas por la Dirección Nacional del Aborigen.
Aunque Cristina declare que el peronismo nunca reprimió…
Demás está decir que nadie le pidió cuentas a los involucrados en estos hechos: ni al Gobierno peronista, ni a quienes lo derrocaron en 1955 les importó darles justicia a los pilagás. Al contrario, el hecho se relegó intencionalmente al olvido, fuera de esa comunidad nativa, hasta que en 2005 fueron halladas fosas comunes alrededor de Rincón Bomba, lo que dio pie para que la Federación del Pueblo Pilagá querellase al Estado Nacional por el genocidio sufrido, genocidio reconocido por la justicia en 2020, en un fallo que condujo a investigar a los perpetradores sobrevivientes.
Pero más allá de esta justicia histórica, el despojo a los pueblos nativos continúa, y no puede ser de otra manera: gobierne quien gobierne, hasta ahora el verdadero poder de este país lo ejerce un grupo concentrado de multimillonarios que son socios menores de la explotación de recursos naturales que el capital extranjero ejerce sobre nuestro territorio. Explotación que, además de condenarnos al atraso colonial y a la destrucción ambiental, se ensaña con quienes viven allí donde están los recursos a saquear: principalmente los pueblos originarios, víctimas de campañas de exterminio y persecución para facilitar el despojo, como lo vienen sufriendo hasta el día de la fecha, tal y como lo demuestra la reciente represión del gobierno peronista de los Fernández a la comunidad Mapuche en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. Por más “nacional y popular” que se diga un Gobierno, al no romper con el orden capitalista colonial y el papel que el mercado mundial le asignó a la Argentina, la política hacia las víctimas del vaciamiento siempre será la misma.
Para detener esta barbarie que se ha venido extendiendo a lo largo de los siglos, es necesario arrebatar el poder político y económico a ese sector social que se enriquece con la entrega del país al capital extranjero, e imponer un gobierno de los trabajadores y el pueblo que alcance una Segunda y Definitiva Independencia, impulsando la revolución socialista en nuestra América.