El Proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se presentará por séptima vez en el Parlamento el 6 de marzo, dos días antes del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y del Paro Internacional de Mujeres, que tiene como una de sus consignas de cabecera: “Aborto Legal, Seguro y Gratuito”.
Un día después del pañuelazo convocado frente al Congreso pero que también se hizo visible en las redes sociales y luego de la inmensa movilización del 21 Francia que mostró el gran descontento de amplios sectores con el gobierno, el Gobierno nacional manifestó que no pondrá obstáculos al tratamiento este año en el Congreso del proyecto de ley para legalizar el aborto, y además dará “libertad de conciencia” a los legisladores de Cambiemos para que voten de acuerdo con sus convicciones.
Macri deja de esta manera, librado a la “conciencia” de los legisladores, un tema fundamental de salud pública para las mujeres, este cambio rotundo de postura sólo puede explicarse por el desprestigio del gobierno y el intento de reubicarse como sea.
El proyecto de Ley que se viene presentando sin éxito desde 2004, es integral y prevé en sus artículos: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Esto implica la exigencia hacia el Estado de realizar modificaciones en los sistemas de Educación, Salud, Seguridad y Justicia.
Más allá de las posturas, creencias religiosas y estados de conciencia de los legisladores, el aborto es un tema que debe ser tratado desde la salud pública y como una imposibilidad de acceso a un derecho que toda mujer debe tener.
Los abortos en la Argentina y en el mundo se realizan a diario, con o sin ley aprobada. La diferencia que existe entre nuestro país y aquellos donde el aborto es legal, como es el caso de Uruguay y la mayoría de los países europeos, es que no se realizan abortos clandestinos, con lo cual, hay menos muertes de mujeres que desean interrumpir un embarazo no deseado.
En nuestro país, los abortos clandestinos más peligrosos son practicados por las mujeres de los sectores más vulnerados, mujeres pobres, mujeres trabajadoras que no tienen acceso a una clínica privada en la que cobran una fortuna no sólo para interrumpir el embarazo, sino para hacerlo de la manera más discreta, evitando la vergüenza y el escarnio público que implica esta práctica ilegal para las mujeres.
Entonces, abortos se realizan, esto es un hecho. Sólo que a las mujeres pobres y trabajadoras, les cuesta la vida.
Para los “defensores de la vida” debería ser un hecho fáctico que en los países donde el aborto es legal, no solamente disminuyó la tasa de muerte de las mujeres por realizar estas prácticas sino que también disminuyó la cantidad de abortos practicados, ya que, como se dijo antes, la ley es integral por lo que la educación sexual y la anticoncepción son sus pilares fundamentales.
Las mujeres trabajadoras debemos seguir ganando las calles para exigir este derecho elemental y para que si la vida de las trabajadoras importa, lo tomen entre sus reclamos la CGT y las CTAs y llamen a parar el próximo 8M. Y para denunciar que el concepto “pro vida” que proclaman Larreta, Vidal, Macri, el PRO en general, la Iglesia (y que varias veces defendió la propia Cristina Kirchner), es la negación de la educación, la salud y la igualdad de oportunidades, no sólo para nosotras, las mujeres, sino también para todos los niños y niñas que nacen en condiciones donde “la pena muerte”, como ellos llaman a veces al aborto, convive a diario como una sentencia.