“Se acabó el curro de los Derechos Humanos” lanzó Miguel Racanelli, abogado defensor de los policías acusados, titular del PRO en La Matanza y jefe del bloque del macrismo en el Honorable Concejo Deliberante, una vez que terminó el juicio. En esa tarde lluviosa del 1ero de abril, el tribunal Oral en lo Criminal n°5 de San Justo adelantó cinco días la sentencia sin previo aviso y a puertas cerradas dejó libres a los 3 policías que torturaron y asesinaron a Gabriel Blanco hace nueve años y a los otros dos oficiales que encubrieron el hecho, argumentando que se trató de un suicidio pese a no tener ninguna prueba.
Gabriel tenía 21 años, vivía en un barrio humilde de Isidro Casanova y laburaba para sostener a su familia, pero como cientos de jóvenes sufría la persecución policial porque se negaba a robar para ellos. Lo detuvieron el 1ero de marzo de 2007 y cuatro horas más tarde apareció colgado en una celda con marcas de torturas en el cuerpo, el cráneo fracturado y con siete dientes menos.
Ni la anulación por parte de la justicia de una gran cantidad de pruebas y testimonios que presentó el abogado de la familia de Blanco, ni las amenazas de muerte que sufrió Pablo Pimentel de la APDH para que abandone el caso, como tampoco la libertad domiciliaria que el Tribunal les dio a los 3 policías acusados de la tortura y asesinato en diciembre del año pasado, bajó los brazos de los familiares, que junto con organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos de izquierda lograron el juicio a los nefastos policías que acabaron con la vida del joven Blanco y que ahora deberán seguir la pelea para que además sea castigo.
Este fallo es claramente un guiño del PRO a la mafia de la Bonaerense y a la policía en su conjunto porque los necesita firmes para reprimir con el Protocolo Antipiquete en medio de este brutal ajuste que sufrimos los jóvenes y trabajadores con más de cien mil despidos y tarifazos que nos asfixian los bolsillos.
Una vez más, la justicia con complicidad del Gobierno vuelve a patear a favor de la impunidad y engrosar la lista de los casos de gatillo fácil porque así debe ser para resguardar a los ricos y empresarios. De la otra vereda, a los trabajadores y el pueblo que no aparecemos en los Panamá Papers, no nos queda otra que organizarnos independientemente para ver cómo nos defendemos y peleamos juntos para frenar los ataques policiales, frente a la falta de vivienda, por el acceso a la salud y educación de calidad, y trabajo digno que este capitalismo jamás podrá garantizar. Seamos millones en esta tarea y podremos poner fin a tanta injusticia.
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