El jueves 10 de agosto en el Obelisco, en pleno centro de CABA, fue asesinado Facundo Molares, ex preso político y militante de Rebelión Popular.
Una movilización de una serie de agrupaciones que defienden la abstención en las actuales elecciones, completamente pacífica, que ni siquiera había cortado la calle, fue reprimida de manera provocadora por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Las fuerzas represivas atacaron a los manifestantes, y se dirigieron directamente a Facundo, colocándolo en situación de inmovilidad y presionando su torso. Unas compañeras que vieron lo ocurrido comenzaron a gritar, alertando que se quedaba sin aire y su rostro tomaba un color morado.
Con completo desprecio, los policías continuaron con la tortura y el crimen.
La asfixia para provocar un paro cardíaco, de manera que en lugar de asesinato parezca una desgracia, un accidente, es un método que las fuerzas practican en todo el mundo. Fue inicialmente utilizado por la represión sionista en Palestina, y de allí se extendió a todos lados.
Fue de ese modo que mataron a George Floyd en Estados Unidos en el 2020, lo que dio inicio a enormes manifestaciones para castigar a los asesinos.
¿Una víctima casual?
El compañero muerto no es cualquier militante. Tiene una larga trayectoria. Fuimos parte junto a muchas organizaciones de la campaña contra su extradición a Colombia y su liberación de las cárceles bolivianas, donde estaba preso y enfermo.
No coincidimos con su orientación política, pero no reconocemos al Estado capitalista (ni colombiano ni argentino) la potestad de detenerlo y enjuiciarlo.
Junto a él, posteriormente, desarrollamos la Coordinadora por la Libertad de los Presos, que actúa en solidaridad con los detenidos por razones políticas o de luchas, sin importar su pertenencia política.
Facundo no fue muerto por casualidad. Con seguridad lo identificaron, y lo fueron a buscar.
No está claro quién dio la orden, pero es un hecho que hay responsables políticos y operativos del crimen, además de quienes lo cometieron directamente.
Repudiamos el crimen
Hubo varios ejemplos en los últimos años de militantes asesinados por luchar. Allí están los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
No es tampoco casual que justamente en estos días salió un fallo de impunidad en relación al sobreseimiento a los gendarmes culpables del crimen de Santiago.
Sin embargo, es necesario remontarse al caso de Darío Santillán y Maximiliano Kostequi para encontrar un crimen en medio de la ciudad, directamente ejecutado por policías ante las cámaras.
Esto no puede quedar sin castigo, porque sería un mensaje de impunidad, un “vía libre” para más crímenes.
Es necesario determinar con claridad la responsabilidad de todos los que participaron del operativo, jefes y subalternos. Y ver de dónde vinieron las órdenes.
Para eso, debe conformarse una Comisión Investigadora Independiente, conformada por Organismos independientes de Derechos Humanos, y organizaciones obreras, sociales y populares.
Este hecho no puede aislarse del clima creado por dirigentes que se postulan a estas elecciones y proponen lograr el “orden” con represión, cárcel y asesinatos políticos.
Reclamamos la inmediata renuncia del Jefe de la Policía de la Ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, así como toda la cadena de mandos que le sigue.
Exigimos también determinar la responsabilidad del Gobierno Nacional, y el Ministro de Defensa, Aníbal Fernández.
Tanto la CGT como las CTAs deben tomar en sus manos la demanda de esclarecimiento del hecho, y el castigo a los responsables. Este crimen no puede quedar impune.
Es preciso tomar nota de la escalada represiva, y preparar cada movilización teniendo en cuenta la necesidad de organizarnos para defendernos de la represión estatal. Es una responsabilidad de todas las organizaciones obreras y populares.
Facundo Molares nació en 1975.
En el 2002 adhirió y se sumó a las FARC colombianas, combatiendo durante 15 años. Cuando se dieron los Acuerdos de Paz de La Habana, resolvió no acogerse, y se desvinculó.
En noviembre de 2021 fue capturado en Argentina tras ser impuesta la circular Roja de la Interpol, en la que se le señalaba por los delitos de tráfico de armas, secuestro extorsivo, utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la fuerza pública, y fue pedido en extradición por la justicia colombiana. Participó como periodista durante el golpe de Estado boliviano contra Pedro Castillo, herido y encarcelado. Luego de una campaña contra su extradición, y por su libertad, retornó a Argentina.