Para hacer frente a la crisis económica, el Gobierno Nacional y el Provincial tienen que aumentar las regalías, las retenciones, el canon y el Impuesto a las Ganancias a las multinacionales.
Santa Cruz es la principal productora de oro y plata del país, y una de las principales productoras de petróleo, gas y pesca. Sin embargo, tiene alrededor de 150 mil personas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, de un total de población que ronda las 350 mil. Hay centenas de trabajadores de la construcción reclamando trabajo en distintas localidades, y los mineros se encuentran enfrentando a las empresas mineras que se niegan a dar el aumento que corresponde a esos trabajadores que día y noche arriesgan su vida sacando el oro y la plata, generando la riqueza que se llevan las multinacionales.
Los pequeños comerciantes están arruinados, los docentes y estatales cobran salarios de miseria y la provincia contrajo deuda para pagar los aguinaldos porque el gobierno de Alicia Kirchner dice que no tiene dinero.
Hay problemas de vivienda, falta de cloacas, de asfalto, son comunes los cortes de luz y la falta de gas, faltan escuelas, faltan hospitales y en muchas casas falta el plato de comida arriba de la mesa. A eso hay que sumarle la violencia machista que sufren las mujeres sin que el Estado destine presupuesto suficiente, y la violencia institucional llevada adelante por la Policía provincial. El listado de problemas puede seguir y el lector seguramente tenga cosas que agregar. Pero en este artículo queremos discutir las razones por las cuales estamos así, porque, estamos convencidos que los trabajadores y el pueblo de Santa Cruz y toda la Argentina podemos estar mucho mejor. Pero para eso hacen falta cambios de fondo.
Quienes crean que las cosas van a mejorar mientras el país esté en manos de las grandes multinacionales, los bancos extranjeros y los buitres del sistema financiero, lamentablemente se equivocan.
Alberto Fernández miente cuando dice que “… en el capitalismo podemos ganar todos”, porque justamente para que las empresas ganen más tienen que pagarles lo menos posible a los trabajadores, por ejemplo. Ese tire y afloje entre el salario y la ganancia es la ley económica que ordena el debate que se está desarrollando alrededor de la paritaria de los mineros.
Por eso es que las empresas quieren pagar lo menos posible en impuestos, para llevarse más a sus bolsillos.
Pero a diferencia de los mineros que la están peleando, el Gobierno Nacional y el Provincial les entregan el oro y la plata a las grandes empresas extranjeras a cambio de impuestos irrisorios.
Nosotros estamos convencidos que es posible priorizar la salud, la vida y la economía de los trabajadores y el pueblo, pero para eso es necesario avanzar sobre los intereses de las multinacionales, bancos y buitres del sistema financiero.
¿QUE PROPONEMOS?
Aumentar las regalías, y rechazamos la “Ley de Inversiones Mineras” del año 93 que puso un tope máximo al cobro de las mismas de 3% al valor de “boca de mina”, calculado de acuerdo a lo que dicen las multinacionales mineras en una simple declaración jurada que hacen ellos mismos. Que se aumenten las retenciones que Alberto Fernández bajó en diciembre pasado del 12% al 8% a través del art. 52 de la Ley 27541. Que se aumente el canon minero que no se actualiza desde el 2014 pagando a penas $320 por pertenencia las mineras de primera categoría y $160 las de segunda. Que se les cobre impuesto a las exportaciones porque no pagan un peso, que se termine con la estabilidad fiscal por 30 años que le dio Carlos Menem en el año 1993. Que se modifique el cálculo para cobrarles Impuesto a las Ganancias, porque hoy las empresas pueden descontarse todos los gastos que tuvieron antes de pagar ese impuesto, mientras a los mineros les llegan a descontar hasta 30 mil pesos del salario bruto, siendo que el “salario no es ganancia”.
Decimos esto sabiendo que las empresas se llevaron 5 millones de onzas de oro y 200 millones de onzas de plata en los últimos 4 años, empobreciendo el país explotando los recursos naturales. Desde que se desató la crisis del coronavirus, Cerro Vanguardia, por ejemplo, no paró de producir en ningún momento, y las que estuvieron paradas ya iniciaron su actividad, en un contexto donde la onza de oro ya superó los 1750 dólares, y se proyecta que puede superar los 2000 dólares el próximo año.
Si dicen que no tienen dinero que muestren a los trabajadores mineros los libros contables y si no los quieren exponer que se vayan y esos recursos naturales vuelvan a la Nación y a la Provincia, que por derecho establecido en el Código Minero sancionado por el Congreso y el Senado de la Nación, son de dominio originario de la Argentina.
Que el Estado les expropie las maquinarias en concepto de todo lo que se han llevado y ponga a funcionar los yacimientos en manos de los mineros que los hacen producir todos los días. Son quienes deberían controlar los planes de producción de acuerdo a las necesidades del pueblo, fiscalizando también las ganancias y gastos, a través de los cuerpos de delegados o comisiones de control elegidos con ese fin. Se evitarían así los desmanejos de funcionarios corruptos como ha ocurrido siempre en las empresas estatales.
De esa forma las ganancias quedarían en el país para hacer frente al coronavirus, el hambre, la desocupación, los problemas de vivienda, cloacas, hospitales, escuelas y para aumentar el presupuesto para combatir los femicidios y la violencia machista.