El Gobierno de Macri ya mostró que es capaz de recurrir al uso de la represión más cruda para imponer su plan de ajuste, así sucedió en Ledesma con los trabajadores del azúcar, en La Plata y en Tierra del Fuego con los estatales y docentes. Es por este motivo, que desde el primer día que asumió, Macri viene preparando distintas armas legales para evitar cualquier tipo de protesta. Este es el caso del fallido Protocolo Antipiquetes y del fallo de la Corte Suprema contra el derecho a huelga.
Pero al mismo tiempo, viene implementando otra serie de medidas orientadas a fortalecer al aparato represivo y utilizarlo para doblegar cualquier tipo de resistencia cuando sea necesario. Este es el caso del Decreto 721/2016 que le da más poder a las Fuerzas Armadas al permitirles más autonomía en el nombramiento de cargos jerárquicos. Pero sobretodo, busca el ejemplo de lo que pasó en la última dictadura en la cual se masacró todo el ascenso popular de esos años. Para ello, “honra” a los represores del Operativo Independencia y a Aldo Rico, permitiéndoles desfilar nada menos que en la fecha más importante: el Bicentenario.
Otras provocaciones en ese sentido, fueron las reuniones entre el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y los defensores de los represores; las declaraciones de Darío Lopérfido; y las reuniones del Secretario de Juventud, Peter Robledo y un grupo neonazi.
Dos pasos atrás…
Como si fuera poco, junto con estas políticas, viene atacando uno de los mayores avances que se habían conquistado con años de lucha en materia de derechos humanos: las condenas firmes y en cárcel común a los represores. Desde finales de julio, el Secretario de Justicia, Santiago Otamendi, ha mantenido reuniones con el Poder Judicial para discutir una “Nueva Política Criminal”. Ésta consistiría en facilitar la excarcelación y el pase a prisión domiciliaria de los presos mayores de 70 años. El argumento sería que a esa edad es muy costoso mantenerlos en la cárcel, por lo que sería más rentable que vayan a sus casas con una pulsera electrónica con la cual se los vigile. Lo que no se dice, es que la mayoría de los presos de esa edad son justamente ¡los represores de la última dictadura militar!
Lo peor, es que esta medida ya se viene implementando. Hace unas semanas, al represor Eduardo Cabanillas, quien fuera jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
Ésto se suma a otra serie de beneficios que en el último tiempo volvieron a adquirir, como la posibilidad de atenderse en hospitales militares o mantener sus obras sociales. Gracias a estos privilegios, y con la complicidad del personal que los atendía, en julio de 2013, se escaparon del Hospital Militar Gustavo De Marchi y Jorge Olivera.
No podemos permitir este tipo de provocaciones que impiden que haya verdadera justicia, permitiendo la impunidad de los represores de la última dictadura. Pero sobretodo, no podemos permitir que el gobierno de Macri siga avanzando en medidas que ataquen la lucha de los trabajadores, ¡Organicémonos para enfrentarlas! La defensa de las libertades democráticas debe ser parte de nuestra lucha contra los tarifazos. Ajuste y represión son las dos caras de la misma moneda y somos sólo los trabajadores quienes podemos pararle la mano.