Macri se esmera en avanzar sobre las condiciones laborales para ofrecer mejores condiciones de inversión al capital extranjero.
A pedido de las multinacionales petroleras, promueve la flexibilización del convenio colectivo de trabajo de los obreros del sector, con el pleno apoyo de Guillermo Pereyra, el Secretario General del Sindicato Petrolero de Neuquén.
La reforma del convenio petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa, es una prueba piloto, que ya se extiende al resto de la industria petrolera del país y apunta a los obreros automotrices, de la construcción y al conjunto de los trabajadores.
Al mismo tiempo el Gobierno carga contra las direcciones sindicales combativas. Intenta aleccionar a toda la clase obrera, con otros casos testigo como el de los trabajadores de AGR-Clarín.
En paralelo, a través de un “decreto de necesidad y urgencia” – necesidad y urgencia de las empresas y de las ART- Macri modificó la Ley de Riesgo del Trabajo, estableciendo mayores límites para que los trabajadores puedan acceder a una instancia judicial contra las patronales en caso de enfermedad o accidentes de trabajo. El argumento de las patronales es reducir la “industria del juicio”. Lo que no señalan es los altísimos números de accidentes y enfermedades laborales a causa de la voracidad empresaria: en 2015 fueron casi 800 los trabajadores que perdieron su vida.
Sin embargo, el sueño de Cambiemos, de una “Argentina competitiva”, aún está lejos. A pesar de la complicidad abierta del triunvirato cegetista y de los amagues de las CTAs, los trabajadores y sectores populares protagonizan una tenaz resistencia. Eso alimenta la desconfianza de los empresarios y su demora en invertir, a lo que se suma el triunfo electoral de Donald Trump que aumenta la incertidumbre de los capitalistas. Ellos aguardan para ver si el macrismo puede concretar efectivamente su plan de hacer retroceder a la clase obrera y cómo esto se reflejará en las elecciones legislativas de 2017.
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