El 24 de marzo se cumplen 40 años del Golpe de Estado más genocida de la historia argentina. 30.000 detenidos-desaparecidos, asesinatos cotidianos de militantes, más de 600 campos de concentración, miles de presos políticos, exilio, secuestro, tortura y robo de niños, todo esto constituyó un genocidio racional y planificado por el imperialismo yanqui y el Estado contra los trabajadores, que destruyó miles de familias.
El objetivo fue aniquilar el gigantesco proceso de lucha de la clase obrera que, desde los tiempos del Cordobazo, amenazaba los planes del imperialismo y la ganancia de los empresarios e impedía aplicar el plan de ajuste que pretendían para llenar aún más sus bolsillos.
Sin embargo, semejante atrocidad no salió gratis, la lucha por el Juicio y Castigo a los genocidas se transformó en una bandera de la mayoría de los trabajadores y el pueblo. Los intentos de reconciliación como la Ley de Obediencia Debida y Punto Final del gobierno de Alfonsín y los indultos de Menem no lograron terminar con ella, y “ni olvido, ni perdón” se hizo más fuerte aún de la mano de la pelea contra el ajuste que tuvo como punto máximo a diciembre del 2001.
Esto es tan así que hasta el actual presidente Mauricio Macri, cuya familia fue sumamente beneficiada por la dictadura pasando de tener 7 a 46 empresas y su deuda privada fue estatizada, no pudo evitar hacer referencia a los 40 años en el discurso de apertura de las sesiones legislativas y decir “Nunca más a la violencia institucional”. Este gesto de Macri resulta sumamente hipócrita viniendo de quien hace poco tiempo se refería “al curro de los derechos humanos” y de terminar con el “revanchismo”. Además conserva en el Gabinete de la Ciudad a miembros, como Darío Loperfido, que defienden la nefasta “teoría de los dos demonios” y que niegan la existencia de los 30.000 desaparecidos.
Más indignante aún resulta cuando sale a la luz una noticia que poco se dio a conocer: el Poder Ejecutivo derogó una resolución que prohibía a militares condenados o procesados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura atenderse en hospitales castrenses. Es decir que se les da el privilegio a los represores condenados de atenderse en los hospitales militares y no en donde se atienden todos los reclusos.
Como si esto fuera poco se declaró la inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal, por lo cual se les devolvió la jubilación a cuatro genocidas, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, por considerarlos “ancianos con problemas de salud, lo que los convierte en vulnerables”. Y ya en estos meses se le dio prisión domiciliaria a otros 9 genocidas, entre ellos a uno de los implicados en la primera desaparición de Jorge Julio López
Macri no hace más que hacer caso a lo planteado expresamente en un editorial del diario La Nación, qué envalentonado por el triunfo de su candidato en el ballotage, pidió al nuevo gobierno resolver el “vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional”.
A la impunidad sobre el ayer, se suma la violencia policial que hoy sufren los jóvenes, principalmente de los barrios obreros y pobres (ver página 5), y el aumento de la represión que está ejerciendo el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales para aplicar el ajuste. Lamentablemente, la impunidad sigue siendo actual.
Este 24 de marzo, mientras además está Obama en nuestro país, tenemos la oportunidad de mostrar una vez más que la lucha por los derechos humanos, contra la impunidad, el ajuste y la represión está más vigente que nunca. Que no vamos a perdonar a los represores genocidas ni a reconciliarnos con el imperialismo yanqui. Que vamos a resistir a los ataques del gobierno. Con la más amplia unidad llenemos las calles contra la impunidad de ayer y de hoy.