El acuerdo con el FMI se aprobó y no vino solo. Junto con la nueva pérdida de soberanía que significan las revisiones periódicas y la intensificación del ajuste, llegó también una nueva escalada represiva, que tiene hoy más de cinco nuevos presos por luchar e incluyó allanamientos, aumento de la inteligencia sobre organizaciones y demás.
Con una gran campaña mediática contra “los violentos” como telón de fondo, la persecución y acciones de represalia, luego de la represión propiamente dicha, se vuelve judicial: cárcel, prisiones preventivas sin justificación alguna, imputaciones, causas, indagatorias. Todas herramientas de un Código Penal, hecho por los ricos y poderosos al servicio de sí mismos, que se descargan contra el pueblo trabajador cuando sale a luchar, eligiendo cada vez algún caso particular para que sirva de lección a todo el resto.
Esta nueva ofensiva no parte de cero. El incremento represivo con el que comenzó el Gobierno de Macri allá por 2016 no se revirtió: Milagro Sala, con cuya cara hizo mucha campaña el Frente de Todos, sigue presa y olvidada, aún por sus compañeros en el Gobierno. Y Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy que la mandó a encarcelar sigue su ensañamiento represivo con los movimientos sociales (basta recordar los siete detenidos, entre los que se encontraba una embarazada que además, fue maltratada física y psicológicamente, luego de una salvaje represión días antes de que se votara el acuerdo con el FMI). Nada de todo eso es casual: Morales fue un aliado del Gobierno respecto del pacto con el FMI y es un aliado estratégico en cuanto a los negocios con el litio (una de las claves del saqueo imperialista venidero) y con la producción de cannabis medicinal.
El Gobierno del Frente de Todos también continuó la persecución que se desató cuando miles y miles de trabajadoras y trabajadores enfrentamos la Reforma Previsional de Macri y el FMI y nos defendimos con lo que teníamos a mano de esa represión brutal: Daniel Ruiz y Cesar Arakaki fueron condenados a la pena máxima que corresponde a sus imputaciones y Sebastián Romero continúa preso, luego de cuatro años de persecución y casi dos de prisión: recién ahora se dignaron a dar fecha de juicio.
Facundo Molares fue detenido el 7 de noviembre por orden del Gobierno colombiano, gobierno que también tiene en su haber presos y asesinados del proceso de movilización que se dio el año pasado. En las próximas semanas empieza el juicio mediante el cual puede ser extraditado.
La naturalización de esas situaciones, es un plafón muy importante con el que cuentan hoy los sectores patronales para utilizar preventivamente el aumento de la represión. Decimos preventivamente porque está claro que el 10 de marzo (día en que se votaba el acuerdo en Diputados) no estaba planteado dar vuelta y lograr que se suspendiera la sesión, porque la campaña de que “no nos queda otra que aceptar”, de toda la burguesía, difundida por las direcciones sindicales, sociales y políticas oficialistas, junto a los medios capitalistas, hizo mella, y esas direcciones aún actúan como muro de contención. Entonces, lo que están haciendo no es frenar la ola actual, sino la que saben que va a venir, más tarde o más temprano, porque las condiciones de vida del pueblo trabajador son deplorables, y con el acuerdo serán aún peor. No es casual que el Gobierno se niegue hasta a reforzar los comedores de los movimientos sociales, reclamo hecho con miles de familias acampando bajo el frio.
La dispersión para enfrentar estos ataques también es parte de su capital. Si cada preso se pelea por separado, si cada organización tiene que andar pidiendo por favor la solidaridad, ellos tienen muchas más posibilidades de avanzar en su objetivo.
Es ahora, es urgente
Cambiar ese panorama es urgente. Por eso desde el PSTU junto con muchas otras organizaciones que hoy están también perseguidas, nos proponemos romper con ese aislamiento y esa naturalización, llamando a construir una coordinadora por la libertad de todos los presos y presas por luchar.
Tenemos que romper con la lógica de que cada preso o perseguido, es el preso o perseguido de la organización a la que pertenece y que se la arregla como puede. Tenemos que romper con la lógica de que solo defiendo al preso con el que tengo acuerdo. Tenemos que combatir la penetración de las campañas del enemigo contra los “violentos” en las filas de las organizaciones obreras y populares. La represión estatal es la que hace la verdadera grieta, en la que no se puede estar en el medio. Y por eso hay que responder frente a los ataques de ese Estado, que es el Estado de una clase privilegiada, con la más amplia unidad, contundencia y solidaridad de clase.
Y eso no quiere decir que se anulen las diferencias entre organizaciones. Desde el PSTU queremos dar los debates sobre todas nuestras posiciones, nuestro programa y nuestra concepción, pero siempre con la claridad de que eso no puede ser condición para defender compañeros y compañeras luchadores/as frente a las garras del Estado.
Lo que planteamos no es algo nuevo, es parte de lo mejor de las tradiciones del movimiento obrero que, lamentablemente, se han ido abandonando. Y que es urgente recuperar. Es parte inexorable del camino revolucionario, que desde el PSTU invitamos a todos y a todas a retomar, construyéndolo como una herramienta para ese objetivo.
De todas las grietas, donde no hay grieta
El acuerdo con el FMI, si bien fue un respiro para el conjunto de los sectores patronales, también trajo consigo una profundización de la crisis política, particularmente en la coalición gobernante. El sector más ligado al kirchnerismo, encabezado por la vicepresidenta Cristina Fernández, posó de oposición al acuerdo, pero no movió un dedo para impedirlo. De hecho, muchos diputados de los que se abstuvieron o votaron en contra declararon que hicieron eso como un gesto de “oposición” pero sabiendo que no estaba en juego la posibilidad de que no se aprobara.
Tal es así que, salvo una movilización más que testimonial de algún sector, bajo el lema “las deudas se pagan, las estafas no” (como si hubiera alguna parte de la Deuda Externa que fuera legítima) esas contiendas por arriba no se expresaron fuertemente en movilización.
Resulta bastante claro que un sector importante lo que quiso es despegarse del acuerdo, ya con miras al armado electoral 2023 que, si bien es un plazo lejano, es el horizonte por el que se empiezan a orientar y disputar el conjunto de las fuerzas políticas patronales.
Por abajo la decepción está, y un sector de la alianza gobernante intenta contenerla y capitalizarla.
No obstante, no es un gesto menor la presentación de Cristina Fernández como querellante por los “disturbios” en Congreso el día que se aprobó el acuerdo en Diputados. En la necesidad de usar la criminalización de la protesta social en las alturas, no hay grieta. Esto no quiere decir que hacia abajo sí existan contradicciones que hay que incentivar buscando la solidaridad frente a la represión aún entre adherentes al Gobierno.
Un problema mundial
La persecución a los luchadores no es un problema nacional, sino que es una consecuencia del sistema capitalista en el que vivimos, por lo que hoy se expresa mundialmente con intensidad. Los Estados, que en todo el mundo son capitalistas, utilizan sus instituciones para defender los intereses de la clase que gobierna, usando todas las herramientas que tienen a mano para frenar a quienes de una u otra manera, consciente o espontáneamente, los pueden hacer peligrar.
Hoy, en un momento muy intenso a nivel mundial, atravesado por crisis económica, pandemia, guerras y procesos revolucionarios, eso está a la orden del día.
No es casual que en Rusia el Gobierno de Putin encarcele a decenas de manifestantes cada vez que hay movilizaciones contra la guerra, movilizaciones que, aún a pesar de la terrible represión vienen en crecimiento.
No es casual que el régimen cubano, que hace tiempo se trasformó en una dictadura capitalista disfrazada, mantenga en prisión a los luchadores del proceso que se inició el 11 de noviembre contra las penurias económicas y el régimen opresivo.
No es casual que sigan siendo centenas los presos políticos en Chile, a pesar de que el Gobierno de Sebastián Piñera haya perdido las elecciones y esté gobernando Gabriel Boric, que se dice de izquierda.
Todos ellos, aunque de forma muy diferente y en regímenes muy distintos tienen en común, al igual que el conjunto de los gobiernos burgueses del mundo, el uso de la criminalización de la protesta para intentar frenar o prevenir las luchas.
Es por eso que frente a este problema debemos responder también de forma unificada a nivel internacional: desde el PSTU y la LIT-CI, así como impulsamos la campaña por la libertad de los presos políticos en cada uno de los países donde estamos, queremos hacerlo en forma coordinada a nivel internacional.
El grito final del Manifiesto Comunista “Proletarios del mundo uníos” es más vigente que nunca y contra la persecución también se tiene que expresar.
La tradición que queremos retomar
Así como la persecución estatal es tan vieja como el Estado Burgués, lo que planteamos tampoco es nuevo. Los inicios del movimiento obrero no solo están llenos de historias de represión, como la de Sacco y Vanzetti o la de los Mártires de Chicago, sino también de enormes muestras de solidaridad internacional, como las campañas que rodearon a esos casos.
Un punto de referencia ineludible al respecto fue la organización Defensa del Trabajador Internacional en EE.UU, en 1925, que tomó, entre otros, el caso de Sacco y Vanzetti.
James Cannon en “Los primeros años del comunismo norteamericano” recuerda de esta manera el principio de esa organización:
“La ILD nació en Moscú en discusiones con Bill Haywood. El viejo luchador, quien fue exilado de Estados Unidos amenazado con una condena de 20 años [de prisión], estaba profundamente preocupado por la persecución de los obreros en los Estados Unidos. Él quería que se hiciera algo por los hombres casi olvidados que yacían en las cárceles a lo largo del país.
Había más de cien hombres – organizadores sindicales, dirigentes de huelgas y radicales – en las prisiones en ese tiempo en los Estados Unidos: miembros del IWW, anarquistas, Mooney y Billings, Sacco y Vanzetti, McNamara y Schmidt, los prisioneros de Centralia, etc. Durante discusiones ahí en Moscú en 1925 elaboramos el plan y la concepción de la International Labor Defense como un cuerpo no sectario que defendería a cualquier miembro del movimiento de la clase obrera, sin importar sus opiniones o afiliaciones, si sufriese persecución por la ley capitalista.
Nunca olvidaré esas reuniones con Bill Haywood. Cuando completamos los planes que más tarde se hicieron realidad con la formación de la ILD; y cuando yo le prometí que regresaría a Estados Unidos y aseguraría que los planes no quedasen solamente escritos en papel; que realmente íbamos a trabajar en serio e ir en ayuda de los hombres olvidados en las prisiones; los ojos del viejo león – es decir, su ojo único – brillaba con el viejo fuego. Dijo, “Ojalá pudiera regresar para echar una mano en ese trabajo.” No podía regresar porque era un proscrito en los Estados Unidos, no por haber cometido ningún crimen, sino por todas las cosas buenas que había hecho por la clase obrera norteamericana. Hasta el final de su vida siguió siendo un participante activo en el trabajo de la ILD por medio de la correspondencia.”
Lamentablemente, la tradición de solidaridad de clase frente a la persecución estatal por encima de las diferencias se ha ido perdiendo producto de las políticas de las burocracias que dirigen el movimiento obrero, que son correas de transmisión de las ideologías burguesas, y sus partidos políticos. Esto también tuvo consecuencias en el conjunto de la izquierda, aún la que se reivindica trotskista, por lo que muchas veces prima la formalidad y, en principio, el no quedar “pegados” con acciones con las que no se acuerda.
Desde el PSTU no nos creemos ajenos al problema, pero nos parece que es urgente poner esto en discusión con el conjunto de los activistas y luchadores, para poder retomar lo mejor de las tradiciones de los orígenes del movimiento obrero y fortalecer así las peleas de nuestra clase.