Latinoamérica y el Caribe es la segunda región del mundo con mayor proporción de nacimientos de personas gestantes adolescentes, según datos de la ONU. En nuestro país, particularmente, hablamos de 10 partos por día de jóvenes de entre 10 y 19 años. De les cuales 7 de cada 10 de elles no lo han planificado, según datos de la fundación Huésped.
Es necesario hacer foco en esta problemática y dar una solución a la misma, ya que les que lo viven y sufren son niñes y adolescentes provenientes de familias trabajadoras. Familias que se ven golpeadas por la pobreza estructural, los ajustes de los gobiernos, la falta de educación, la falta de oportunidades para construir un presente digno de vivir.
La mayoría de los embarazos no deseados se producen a causa de violaciones por parte de sus propias parejas, de familiares o por personas externas de su círculo más cercano. Pensar el embarazo no deseado en niñes y adolescentes es un tema de salud, de educación pública, e incluso social.
Los números son alarmantes, y son parte de la desigualdad y la opresión que ejerce y mantiene el sistema capitalista en todo el mundo. Nos necesita sumisas, atadas de pies y manos para poder explotarnos mejor.
Es por esto que, pese a tener la Ley 26.150 de E.S.I (Educación Sexual Integral) hace 14 años, el gobierno de Alberto Fernández sigue sin capacitar a todes les docentes y sin aplicarla en todos los niveles educativos (y mucho menos ampliarla, como debería debatirse).
Seguir negando el acceso a la ESI, es seguir condenándonos a la desinformación sobre los métodos anticonceptivos, continuar silenciando a niñas, niños y adolescentes al no brindarles herramientas, el espacio y el acompañamiento necesario para que puedan manifestar las situaciones de abuso vividas.
El Gobierno se jacta de tener un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero ese Ministerio lejos está de defender los derechos de las mujeres y diversidades. Por ejemplo, promueve el llamado ‘Programa ArticulAR’ que consiste en la asistencia financiera a Organizaciones Sociales para que “lo destinen a problemáticas de género y diversidad”, organizaciones que en su mayoría son parte del Frente de Todos, es decir del propio Gobierno.
Por una maternidad deseada y sin violencias
Este último tiempo, vimos cómo todos los gobiernos de turno y las iglesias obligan a parir a las niñas negándoles el acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), así como se oponen abierta o disimuladamente, a la educación sexual. Ejemplo de ello lo vemos claramente en provincias como Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, donde el peso de la Iglesia Católica es muy fuerte.
Además, muchas veces nos encontramos con noviazgos violentos, por ejemplo, tenemos que enfrentar la negativa por parte de nuestras parejas (estables o circunstanciales) a utilizar preservativo, la insistencia a mantener relaciones y el no aceptar un NO como respuesta.
La violencia psicológica está tan arraigada y sostenida por las instituciones del Estado que muchas veces creemos que estas situaciones son “normales”, cuando no es así. No solo son un modo de violencia machista muy grave, sino que, la mayoría de las veces, la antesala de la violencia física.
La realidad es que no podemos esperar nada de un sistema que sostiene a una justicia machista, misógina y garante de mantener las opresiones y desigualdades. Fiscalías, juzgados y comisarías que miran para otro lado cuando vamos a denunciar violaciones, golpizas y amenazas de muerte, policías o jueces que se burlan de nosotras cuando llegamos a decir que nuestros novios nos violan, que no nos creen. Como si por ser nuestros novios estuviera permitido que abusen de nosotras.
Incluso aquellas jóvenes que se prostituyen producto de la vulnerabilidad económica que sufren, muchas veces enfrentan embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, que agravan aún más su situación.
Son estas mismas instituciones, los gobiernos y el sistema en su totalidad las que pretenden que sigamos con embarazos no planificados, reforzando los roles tradicionales de género, donde la mujer existe para la simple reproducción de la raza humana, para realizar tareas de limpieza y cuidado, etc. Sin importar nuestra edad, nuestros deseos ni proyectos de vida.
Hoy, para las mujeres jóvenes el futuro no es muy alentador, cada vez tenemos menos oportunidades para desarrollarnos en todos los ámbitos. Cuando nos encontramos en una situación como la de afrontar un embarazo no deseado las opciones son casi nulas: Seguir adelante con la gestación (sin desearlo ni tener las condiciones para llevarlo a cabo) o recurrir a un aborto clandestino, que puede llevarnos a la muerte o ir presas por realizarlo.
¿Y el Estado?: peor que ausente
Un Estado ausente es un problema. Pero lo es todavía más si está presente para hundirnos en la miseria, para no poder ni siquiera pensar en un futuro mejor. Nos sigue negando el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, ni siquiera asegura la aplicación efectiva de la ESI e ILE. Y aun cuando elegimos continuar con el embarazo, ya sea por deseo, por no querer arriesgarnos a que nos juzguen o simplemente a los riesgos de la clandestinidad, el Estado no garantiza salud pública de calidad ni un trabajo estable para poder poner en la mesa un plato de comida a nuestres hijes.
Por más que existan programas nacionales, como el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable o el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, entre otros, ellos no alcanzan ni atacan el problema de raíz.
¿Presupuesto para quién?
Se necesita tener los recursos suficientes como para intentar revertir estas situaciones que estamos obligadas a padecer.
Este martes el Senado comenzó a tratar el presupuesto 2021, nuevamente veremos qué poco importante es para el Gobierno Nacional atender y dar respuestas a nuestras necesidades, que en pandemia son cada vez más de carácter urgente. Por ejemplo, solo 4,5% será para salud, 5,87% para educación y el 1,8% para vivienda. No son cifras para nada buenas si se tiene en cuenta los millones de dólares que se siguen destinando al pago de la Deuda Externa, pago que representan cerca del 8% del presupuesto 2021, es decir casi el doble de lo que se destinaría a la salud pública.
Es necesario romper con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y se destine la plata para combatir la violencia machista, para salud (que contemple el cuidado de la salud sexual y reproductiva de mujeres y diversidades), para educación pública y gratuita con aplicación y ampliación de la ESI, trabajo y vivienda digna para todes.
Es necesario y posible pensar un mundo mejor para la juventud y el conjunto del pueblo trabajador, por eso debemos organizarnos desde abajo y luchar por cada derecho, contra aquellos que nos quieren ver de rodillas. ¡No se puede humanizar al capitalismo! Debemos destruir este sistema y poner en pie otro, un mundo socialista, donde no exista la opresión ni la explotación.
Lucha Mujer y el PSTU están al servicio de esa tarea y te invitamos a que te sumes a construir la herramienta que hace falta para vencer.
¡Niñas NO madres! Aplicación efectiva de la Interrupción Legal del Embarazo
¡Aplicación y ampliación de la ESI en lugares de estudio, de trabajo y en los barrios!
¡Aborto legal, seguro, gratuito y en el hospital por decreto ya!
¡Ley de Emergencia Nacional contra la Violencia Machista!
¡Debemos imponerles a las centrales sindicales y centros de estudiantes que se pongan al frente de estas demandas! ¡Así como también obligar a las direcciones del movimiento de mujeres a que llamen a un plan de lucha y movilización por la legalización del aborto y en defensa de las vidas de las mujeres!
¡Plata para salud, educación, trabajo y vivienda digna! No para la deuda externa.
4/11/20