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Desaparición de Santiago Maldonado: el gobierno es responsable

El 1° de agosto fue secuestrado por Gendarmería, de la cual es responsable la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El joven se encontraba en un acampe en solidaridad con la lucha mapuche y estaba presente en el momento de la represión, cuando más de 100 agentes ingresaron al lof de Resistencia de Cushamen (Chubut) disparando balas de goma y destruyendo todo a su paso.
Varios testigos confirmaron que fue atrapado, golpeado y encerrado en un vehículo militar, y luego desapareció. La justicia dio tiempo a las fuerzas represivas de ocultar pruebas e incluso lavar las camionetas, antes de realizar una  pericia, lo que muestra su encubrimiento.
Junto a eso, se desató –de parte de la Ministra, del Gobierno todo, y de los medios de difusión una campaña de demonización de la lucha mapuche, acusando de terrorismo, cuando es una comunidad oprimida que desde
siempre habita la zona y reclama por el derecho a su territorio.
La raíz del conflicto 
Los derechos territoriales mapuches son negados históricamente. Sin embargo, en las últimas décadas se intensificó el desalojo al servicio de los terratenientes inversores extranjeros, y de las multinacionales de la energía y la minería (ver recuadro).
Desde comienzos de año, los Gobiernos Provincial y Nacional realizan un permanente ataque al pueblo mapuche en servicio de usurpadores como los empresarios Lewis y Benetton. A fines de junio fue detenido al lonco Facundo  Jones Huala, líder de la comunidad reclamado ilegalmente por la justicia chilena, aunque la justicia argentina no tiene causas contra él.
Las herramientas de la represión 
Para favorecer a los inversores multinacionales como parte del saqueo de nuestro patrimonio, el Estado se vale de los instrumentos represivos. Ataca a los mapuches, como nos ataca a todos los trabajadores y el pueblo. Se viene  ampliando la utilización de Gendarmería y Prefectura contra las luchas sociales, en el intento de volver a utilizar las Fuerzas Armadas para la represión interior.
Desde la caída de la Dictadura los sucesivos gobiernos se han cuidado de preservar intacto el aparato represivo.  Policías, fuerzas de seguridad y armadas, más allá de un puñado de viejos genocidas presos, se mantienen en esencia como la dictadura los “formateó”. Son las mismas que realizan espionaje interno, como el famoso “Proyecto X”, en el marco de la ley Antiterrorista sancionada por el gobierno anterior por mandato de EEUU.
Con Macri se abrió una ofensiva –el intento de comenzar a liberar genocidas a través del 2X1 fue un paso audaz-, para legitimar una creciente represión destinada a derrotar las luchas.
No es el primer desaparecido en democracia. Hay otros como Julio López, Luciano Arruga–que permaneció 5 años desaparecido hasta que su cuerpo fue “encontrado”-., y varios en Chubut, como Iván Torres. En todos los casos, la
movilización fue el único camino para lograr algún avance. Sin embargo, es el primer desaparecido en medio de una lucha. Y por eso, se torna un caso sintomático. 
Santiago tiene que aparecer, para demostrar al actual gobierno y a las fuerzas represivas que no estamos dispuestos a aceptar mansamente esta espiral represiva. Es necesaria una campaña de todas las organizaciones de Derechos Humanos, políticas, estudiantiles y sociales. Los sindicatos tienen que estar a la cabeza de esa campaña.
De no haber solución, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, del que el PSTU forma parte, está convocando al conjunto de los organismos de Derechos Humanos, sindicatos y organizaciones, a poner en pie una campaña unitaria que converja en una gran movilización en Plaza de Mayo al mes de la desaparición.
La Gendarmería y la Prefectura deben ser prohibidas de actuar tanto en la represión a las luchas como en la vigilancia urbana. ¡Gendarmería a la frontera y Prefectura al mar! ¡Fuera de las luchas obreras y populares! 
No puede haber más impunidad: ¡tiene que renunciar de inmediato la Ministra Bullrich, principal responsable política, así como los funcionarios que condujeron el operativo! Y Jones Huala debe ser inmediatamente liberado.
Esas son medidas imprescindibles en el camino de lograr el desmantelamiento completo del aparato represivo del Estado, al servicio de los patrones extranjeros y nacionales.