Luego de 10 años de régimen correísta los ecuatorianos nos preguntamos: ¿ha sido una década ganada o perdida?
Radiografía de la crisis
En el momento actual, la gran mayoría de la población piensa y siente que atravesamos por una difícil crisis económica. Pero es necesario caracterizarla, ¿de qué tipo de crisis se trata? Las posiciones van desde la del gobierno que niega la existencia de una crisis hasta los que consideran que estamos al borde de la debacle. Es necesario hacer un análisis objetivo de la situación, para lo cual es importante partir de ciertos datos y de algunos hechos.
- Tasa de crecimiento. Según el gobierno, la tasa de crecimiento del PIB en 2016 será de 0,4%, inferior a la tasa de crecimiento de la población que es de 1,6%. Según las previsiones del FMI el Ecuador decrecerá en -4,5% y según el Banco Mundial en -2%. El Banco Central ha reconocido que en el primer semestre de 2016 hay un decrecimiento del -3%.
- Desempleo y empleo inadecuado. Según cifras del INEC en marzo del presente año el desempleo abierto fue de 5,7%, mientras en 2015 era de 3,8%. El empleo adecuado o pleno incluía a 40% de la población económicamente activa (PEA), de lo cual se deduce que 60% de los ecuatorianos en edad de trabajar está desempleada o no cuenta con un trabajo adecuado.
- Si bien la pobreza y la desigualdad han disminuido en los últimos años, tal situación ha comenzado a revertirse desde 2014 y la tendencia es al retroceso en 2015 y 2016.
- Déficit del sector público no financiero: “-5.314 en 2014 y -5.091 en 2015. Para 2016 las autoridades previeron un déficit de 2.042 millones y necesidad de financiamiento por 6.600 millones, pero ya en enero tuvieron que hacer más recortes… Aún con los recortes, el déficit aumentó a 4.022 millones y los requerimientos de financiamiento subieron a 8.800 millones, monto difícil de cubrir en condiciones de crisis económica (Rev. Gestión 265, Julio – Agosto 2016).
- Deuda pública: alcanza en la actualidad los 34.292.4 millones de dólares según la información del Ministerio de Finanzas, lo cual significa 33,5% del PIB. La gran mayoría de analistas concuerdan que la información es incompleta ya que no toma en cuenta ítems como las preventas petroleras a la China, las deudas a corto plazo y una serie de deudas internas a organismos como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), entre otros. Si tomamos en cuenta estos rubros, se estima que la deuda real es de unos 41.000 millones de dólares, es decir 45% del PIB, lo cual atenta contra la norma constitucional que prohíbe el endeudamiento más allá de 40% del PIB.
- Atrasos del Estado con los proveedores de servicios y los GADS: 2.000 millones de dólares (2% del PIB) según el Ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera (El Comercio, 22 de julio de 2016).
- Balanza Comercial: aunque en el primer semestre de 2016 se registra un leve superávit positivo de 404 millones, esta situación obedece no a un crecimiento de las exportaciones sino a una notoria caída de las importaciones. De hecho, los dos rubros han disminuido en los últimos años: las exportaciones cayeron de un pico 11.131 millones en 2014 a 6.416 millones en 2016 (período enero – mayo) y las importaciones de 10.784 en 2013 a 6.011 en 2016. El bajón se ha producido por factores como las salvaguardias y la reducción de la demanda (Ibid).
Si a estos índices fundamentales agregamos otros como la caída de los depósitos bancarios (en 2015 los depósitos disminuyeron en 12,9% lo que a su vez llevó a una reducción de los créditos en -4,5%), o la disminución en la recaudación de impuestos (en los cinco primeros meses de 2016 la recaudación de impuestos fue un 16% menor que en igual periodo de 2015), es innegable que la economía ecuatoriana atraviesa una recesión o decrecimiento que afecta a la mayor parte de sectores económicos y sobre todo a los pequeños negocios del país.
Pero la crisis se manifiesta no solamente en el plano económico sino en lo social, lo político, lo ético, lo ambiental, lo cultural. El desempleo y la informalidad, la crisis de la seguridad social, los altos índices de violencia y delincuencia, el tráfico de drogas y su incidencia en la juventud, el autoritarismo del régimen, la deslegitimación de los partidos políticos, la corrupción a todo nivel, la contaminación del agua, la tierra, el aire, la pérdida de identidad, la anomia social, el individualismo, son algunos de los problemas característicos de la etapa actual, no solo en el Ecuador sino en la sociedad capitalista globalizada, atravesada por una profunda crisis civilizatoria.
Causas de la crisis y modelo económico
Los factores causales de la crisis económica del país son tanto externos como internos. Entre los primeros es indudable que la caída en los precios del petróleo y otros commodities (productos primarios de exportación), así como la apreciación del dólar, que hace menos competitivas las exportaciones ecuatorianas, han afectado fuertemente la economía ecuatoriana. Pero no se debe dejar de lado que tales aspectos pueden tener diversos rumbo e incidencia, según las políticas aplicadas internamente que, en última instancia, dependen del modelo económico adoptado.
La bonanza de la década pasada, sustentada en los altos precios del petróleo, tuvo como eje la inversión del sector público que se convirtió en el motor de la economía. El Estado impulsó una serie de proyectos de inversión en infraestructura vial, hidroeléctrica, petrolera, educativa, etc. que han sido magnificados a través de un enorme despliegue publicitario del gobierno de la “revolución ciudadana”. Sin embargo, es un modelo orientado a la modernización del capitalismo, pero sin cambios estructurales, es decir, se mantuvo intacto el modelo primario exportador-extractivista que nos vuelve dependientes de las potencias capitalistas internacionales y que ha profundizado la desigualdad entre las clases sociales. La burguesía y sus grupos monopólicos fueron los grandes beneficiarios del boom, en tanto que la clase trabajadora y los sectores más pobres de la población alcanzaron leves y pasajeras mejoras, que tienden a desaparecer con la crisis. Se planteó disminuir la pobreza y la desigualdad pero solo por el lado de los ingresos, sin afectar la propiedad privada y la concentración de la riqueza inherentes al capitalismo. Se hizo “más de lo mismo”, como lo reconoció el propio jefe del Estado en alguna ocasión, pero temas claves como el “cambio de la matriz productiva” o “la revolución agraria” quedaron solamente para los discursos y la propaganda oficial.
Más aún, en toda esta parafernalia desarrollista y consumista lo que ha primado es la improvisación, el despilfarro, y comienza a destaparse la corrupción. “Entre 2007 y 2014, el gobierno de Alianza País recibió 219.345 millones de dólares y el gasto fue de 231.443 millones, con un déficit acumulado de 12.098 millones de dólares. El problema empieza en el tipo de gasto: los gastos corrientes ascienden 156.903 millones de dólares (68%) y los gastos de inversión a 74.540 millones (32%). Del total de gastos corrientes, 55.262 millones se dedica a remuneraciones del sector público, con un crecimiento desmesurado de la burocracia que pasó de 350 mil en 2007 a más de 600 mil en 2014; 35.000 millones dedicados a subsidios, de los cuales 30 mil millones fueron a los estratos más altos y apenas 5 mil millones llegan a los de abajo a través del bono de desarrollo humano; 23 mil millones dedicados a publicidad; 23.456 millones (15%) para compra de bienes y servicios” (E. Valencia, citado por N. Saltos).
Muchos de los grandes contratos del Estado se han realizado en condiciones de excepción y no siguiendo la normatividad establecida. En este contexto, no resulta raro que hayan aparecido varios casos de corrupción que siguen en la impunidad, como el del hermano del propio Presidente, el de su primo Pedro Delgado, el caso Duzak; actualmente, en el nuevo escándalo de los Panama Papers y los paraísos fiscales, aparecen implicados altos exfuncionarios del gobierno, como Álex Bravo y el gerente de Petroecuador.
Se han fortalecido la concentración monopólica y el capital financiero internacional
El resultado de la gestión pública durante el régimen de Alianza País (AP) es un “modelo de acumulación monopólico rentista-financiero-importador. La concentración monopólica en este período se agudiza: el coeficiente de Gini en las 12 áreas principales económicas pasa de 0,902 en 2005 a 0,964 en 2010 (Larrea, 2015); en 2007, 50 grupos económicos controlaban 33% del PIB, en 2010 el número de grupos económicos sube a 75 y controlaban 43,8%” (revista Vanguardia 2012). Según la revista Ekos, que reporta las principales empresas: “los ingresos de las 400 empresas más grandes pasaron de 21.241 millones de dólares en 2003 a 34.567 en 2009 y a 43.488 en 2014” (Ekos 2015). ¡Se hizo realidad el sueño que los grandes capitalistas no pudieron alcanzar en los gobiernos de derecha, gracias a un gobierno que se dice de izquierda!
Entre los grandes beneficiarios extranjeros de la bonanza correísta podemos mencionar los siguientes:
- China, que se ha convertido en el más importante acreedor internacional del país y a cuyas empresas se han entregado los proyectos de inversión más importantes. “La deuda externa con el gigante asiático asciende a 8.395 millones. El costo de los créditos superan el exigido por otros, además de que se condiciona la contratación a empresas con sello chino y seguridad jurídica (preferencias) a las inversiones provenientes de ese país” (Escandón F., Agencia Bolivariana de Prensa).
- Las operadoras de telefonía celular CONECEL (Claro) y OTECEL (Movistar), a las cuales el gobierno ha entregado la concesión de este fabuloso negocio hasta 2023 a cambio de montos muy bajos (480 y 220 millones respectivamente) si se comparan con los ingresos declarados por dichas empresas (solo en 2014 declararon ingresos por 1.671,42 millones y 688,84 millones respectivamente) (Ibid).
- Las transnacionales Kinross, ECSA, Iamgold, etc., beneficiarias de las concesiones mineras a cambio de reducidas regalías y que implican un alto impacto ambiental y una grave afectación a las comunidades aledañas a la explotación.
- El grupo peruano Gloria, el cual es dueño del ex ingenio azucarero AZTRA, hoy COAZUCAR y de la Unión Cementera Nacional (Ibid).
- El campo petrolero Auca, uno de los más productivos del país, fue concedido a la empresa Schlumberger, a cambio de 1.000 millones de dólares.
- La DP World Investments BV a la cual se le entregó recientemente la concesión exclusiva del puerto de aguas profundas Posorja, a cambio de probables 3.520 millones ($70,4 millones por año).
¿En qué queda, nos preguntamos, el discurso antiimperialista de Correa y su postulado de defender la soberanía nacional? ¿A manos de quienes han ido a parar los altos recursos obtenidos en la última década? ¿Se ha fortalecido el sistema productivo del país, especialmente el correspondiente a los pequeños y medianos productores agrícolas, industriales, artesanales, comerciantes y emprendedores de diverso tipo?
Políticas del gobierno frente a la crisis
¿Cuáles han sido las políticas del gobierno para enfrentar la crítica situación económica, agravada por el drama del terremoto del 16 de abril?
Principalmente, continuar con el endeudamiento externo e interno, mantener la salvaguarda a las importaciones, decretar nuevos impuestos como el IVA, aprovechando la desgracia del terremoto (Ley de Solidaridad), vender los activos del Estado (privatización), y reformas laborales que benefician a las empresas.
A más del nuevo endeudamiento con China (2.970 millones de dólares en créditos con los bancos chinos ICDB Y CDB) y otros países asiáticos, el gobierno consiguió ampliar el cupo de crédito del FMI a 1.000 millones. También ha anunciado un nuevo endeudamiento para emprender obras como la Refinería del Pacífico que tendría un costo total de 13.000 millones de dólares, cantidad exorbitante que no se justifica en las actuales condiciones del país y que se ejecutaría contando con posibles inversiones chinas y coreanas. Se debe recordar que su costo inicial previsto era de 6.600 millones de dólares y debía iniciar operaciones en 2013.
El despilfarro de los fondos del Estado en varias megaobras como la Refinería del Pacífico salta a la vista. Mencionemos algunos ejemplos más: la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, prevista inicialmente en 128 millones de dólares (2005) llegó a costar 1.400 millones y se han anunciado nuevas inversiones para suplir las deficiencias técnicas del proyecto; la central Mandariacu, según denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción, de 124.881 millones se elevó a 227.390 millones; la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ha aumentado de 1979,6 millones a 2.851 millones. La inversión en elefantes blancos como el edificio de la UNASUR fue de 3,5 millones, en la Universidad Yachay se habrían invertido alrededor de 600 millones de los 1.043 millones previstos hasta 2017. En la publicidad estatal se gastan 386 mil diarios (en 2015 se gastaron casi 117 millones) (Revista Opción, 1 – 15 de julio 2016).
Otra política anunciada por el gobierno ante la desesperación por obtener recursos para paliar la crisis es la venta de varios activos del Estado (privatización). “Los activos de 11 empresas, un banco, medios de comunicación y centrales hidroeléctricas que el gobierno busca vender o abrir a capitales privados suman USD 8.215 millones de acuerdo con los últimos balances publicados por las empresas. Esto representa cerca de 20% de los activos de las 26 firmas estatales que están en manos del Estado y cuyos activos suman USD 41.930 millones. Las empresas que irán a la venta son TAME, Empresa Pública Cementera, FABREC, Banco del Pacífico y los medios incautados GAMAtv TCTelevisión. En tanto CNT, FLOPEC y las hidroeléctricas Sopladora, Mandariacu y Ocaña empezarán un proceso de desinversión o apertura al capital privado” (El Comercio, 26 de Julio de 2016). Se habla incluso de una posible privatización de todas las empresas hidroeléctricas, incluida Coca Codo Sinclair. En la misma situación estaría la CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones).
La conclusión es obvia: ante la crítica situación de la economía, el gobierno renuncia a fortalecer el patrimonio estatal y adopta políticas de corte neoliberal, donde el Estado se convierte en un subsidiario para orientar la acumulación hacia el sector privado, beneficiando sobre todo a los grupos que detentan el monopolio de los mercados. La crisis, como siempre, la pagan los de abajo, y los de arriba tienen el poder y los medios para trasladarla a los trabajadores.
Ganadores y perdedores del periodo de Correa
La pregunta inicial: ¿década perdida o ganada? no es correcta, porque oculta la realidad de un país dividido por una profunda brecha entre las clases sociales. Mas bien podemos hablar de ganadores y perdedores del periodo 2006-2016. Entre los ganadores de la década están el capital financiero internacional, especialmente de China, las transnacionales que explotan los recursos naturales del país y las megaobras de infraestructura, los banqueros que obtuvieron ganancias récord hasta el año pasado, los importadores que aprovecharon el boom consumista, los nuevos grupos de ricos que han florecido gracias a los contratos del Estado, la burocracia dorada cuyo poder e ingresos se incrementaron notablemente, el partido de gobierno que ha copado todos los poderes del Estado gracias a una permanente campaña publicitaria, el grupo privilegiado de autoridades, docentes y estudiantes de Yachay y las otras universidades creadas por el gobierno, en desmedro de las ya existentes.
Entre los perdedores están los trabajadores, que han visto sus derechos laborales conculcados, los afiliados al IESS que ya no cuentan con el 40% de aporte del Estado para sus jubilaciones, los pequeños campesinos que no han podido acceder a recursos como la tierra o el agua y se ven obligados a migrar para sobrevivir, los que han sido desalojados por los proyectos mineros o de infraestructura, los consumidores de menores recursos que deben pagar mayores impuestos como el IVA, los que han perdido su trabajo por los despidos y la falta de apoyo para las pequeñas empresas, los movimientos sociales que han sido cooptados, divididos, y cuya lucha ha sido criminalizada, la población fronteriza arruinada por la competencia de los países vecinos, los partidos políticos de izquierda que han perdido credibilidad al ser asimilados al discurso seudo socialista de Correa, los jóvenes y ecologistas que creyeron en el proyecto de la no explotación del Yasuní y los derechos de la naturaleza, las mujeres que perdieron espacios de participación y derechos específicos, los maestros cuyos fondos de cesantía fueron intervenidos, los 500.000 jóvenes que no han logrado ingresar a la universidad o los que no pudieron seguir la carrera de su preferencia…
Otra gran sacrificada del periodo ha sido la democracia, por la concentración de todos los poderes en el ejecutivo y en un solo movimiento político, por la pérdida de autonomía de las funciones judicial y la electoral, porque la participación fue burocratizada a través de una nueva función del Estado que nadie sabe para qué sirve, porque se ha instaurado un régimen de vigilancia y control que ha generado temor y recelo a la crítica constructiva, porque no se han respetado derechos fundamentales como el derecho a la organización autónoma, la resistencia y la protesta, porque libertades básicas como la libre expresión y la libertad de prensa han sido limitados por la Ley de Comunicación, porque se desmovilizó y se desorganizó a los movimientos sociales que enfrentaron el neoliberalismo, promoviendo un modelo individualista y competitivo y no de solidaridad ni compromiso colectivo.
En conclusión, el período 2006-20016 es una década ganada para la gran burguesía nacional e internacional y perdida para la clase trabajadora y los sectores sociales de menores recursos. Se desperdició una gran oportunidad para emprender cambios estructurales y ni siquiera se intentaron hacer algunas reformas que habrían marcado una diferencia entre el régimen actual y los que gobernaron durante la larga noche neoliberal.
Es urgente y necesario construir una propuesta diferente desde las organizaciones y movimientos sociales que se han movilizado y han luchado en contra de las políticas antipopulares, especialmente desde mediados de 2014. La clase trabajadora y demás sectores populares sociales, que son los que están pagando una crisis que ellos no provocaron, deben enarbolar su propio proyecto político independiente de los proyectos burgueses, tanto del neoliberal de la derecha tradicional como del desarrollista – neoinstitucionalista y bonapartista del actual gobierno