La desaparición del Loan Peña en una pequeña población del interior de la provincia de Corrientes, el 13 de junio pasado, fue el detonante de un proceso que generó una profunda crisis política en la provincia, con impacto en todo el país. ¿Por qué pasó esto?
Loan, de cinco años, es el hijo menor de una familia pobre del pueblo 9 de Julio. Su madre notó su ausencia luego de un almuerzo con algunos invitados, en la casa familiar. Hizo la denuncia a la policía local y, a pesar de todas las investigaciones realizadas desde entonces, no se ha conseguido encontrarlo y no se sabe si aún está con vida.
De inmediato, el caso tuvo repercusión en los medios nacionales. Inicialmente, la noticia fue utilizada para intentar desviar la atención sobre la dura represión en el acto de Plaza de Mayo del 12 de junio y la detención de decenas de personas. Pero luego fue quedando claro que detrás de su desaparición había algo mucho más “pesado”.
Cada vez es más fuerte la hipótesis de que Loan fue víctima de un red de trata de niños para pornografía y prostitución infantil que opera en la provincia. La existencia de esta red ya era conocida en la región. La abuela de Loan denunció que, entre los que estaban en el almuerzo, “si no era Loan iban a desparecer otro chico”.
El principal sospechoso de participar de esta red es Carlos Pérez, un militar retirado y ex miembro de los servicios de inteligencia de la Marina en Trelew, en 2005, donde actuaba contra activistas políticos y sociales de la región. Pérez está casado con una alta funcionaria municipal de 9 de Julio. Luego que la jueza federal que investiga el caso ordenó el secuestro del celular del ex marino, se encontraron en el aparato imágenes de explotación sexual infantil.
La protección del poder
Si ya este hecho genera horror, la realidad de podredumbre social mostró ser mucho peor aún. Porque esta red de trata de niños estaba protegida y profundamente ligada al poder político, a la Policía y a la Justicia correntina, que hicieron todo lo posible para que no se conociera la verdad.
En primer lugar, el comisario Walter Maciel, responsable de las primeras etapas de la investigación, y que ahora está procesado por la acusación de “entorpecimiento de la investigación” y acusado “de manipular pruebas y encubrir información crucial para desviar la atención de las autoridades”. Por si fuera poco, Maciel tiene una denuncia previa por abuso sexual.
En segundo lugar, el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, que, según la opinión de la propia jueza (que lleva el caso desde el 15 de julio) como el de peritos que fueron contratados por la familia de Loan, “hizo todo mal”. No fue por impericia sino con claras intenciones de encubrimiento.
El objetivo de De Guzmán era llevar el caso hacia la hipótesis de que Loan habría sufrido un accidente casual luego de escaparse de la casa. Dos semanas después, Laudelina, la tía de Loan, declaró que Pérez, su esposa, y el comisario Maciel la habían amenazado de muerte sino “plantaba” un zapato de Loan en un campo de la zona. De Guzmán condujo la investigación tomando este calzado como “prueba”.
La bola de nieve de la red de encubrimiento siguió creciendo. El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires una denuncia contra el gobernador correntino Gustavo Valdés y un senador de la misma organización “por los presuntos delitos de encubrimiento, violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. Valdés integra la Unión Cívica Radical (UCR) y es uno de los gobernadores que apoya al gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich.
Siempre la Bullrich
Inicialmente, la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, intentó “montarse” sobre el caso Loan diciendo que desde el gobierno nacional lo resolverían rápidamente. Al igual que lo había hecho con la situación de violencia generada por el narcotráfico en Rosario, quiso utilizarlo para justificar su propuesta ultrarrepresiva e intentar aplicar el “modelo Bukele” (presidente de El Salvador) para “terminar con los delincuentes”.
Pero rápidamente, se dio cuenta de que esto era imposible en el caso Loan. Que, para realmente avanzar en su resolución, chocaba con la red de encubrimiento que hemos descrito, y que esta red se ligaba íntimamente con el poder político de un gobernador que apoya al gobierno. A partir de allí, abandonó cualquier promesa de resolver el caso. Su principal objetivo pasó a ser la defensa del gobernador Valdés y detener la denuncia judicial en su contra.
Un proceso de movilización
En la medida en que iba quedando claro el operativo institucional de encubrimiento de lo sucedido en el caso Loan, comenzó un proceso de movilización popular contra ese operativo, que fue adquiriendo un carácter cada vez más político.
Comenzó en la propia localidad de 9 de Julio, luego se expandió a la ciudad de Goya y finalmente llegó a la capital provincial, donde miles de personas acompañaron a los padres de Loan con la exigencia de que lo encontraran. El objetivo era llegar a la casa de gobierno provincial pero la Iglesia provincial utilizó su gran influencia e intervino para “no politizar la marcha” y transformarla en una “vigilia de rezo”.
A pesar de esta intervención, numerosos vecinos protestaron frente a la gobernación al grito de “que se vayan todos” y se produjeron incidentes con la Policía.
Algunas consideraciones finales
En numerosos artículos hemos denunciado que el régimen político argentino y sus instituciones (el Poder Ejecutivo, la Justicia y la Policía) no “son de todos” sino que están al servicio de defender la propiedad, los intereses y las ganancias de las grandes empresas nacionales y extranjeras. Que es muy rápido y efectivo cuando se trata de criminalizar la protesta o“meter presos a los ladrones de gallinas pero no a los de guante blanco” (los burgueses que delinquen “legalmente”). En esos casos, cierra los ojos o los encubre.
Tal como hemos dicho, el caso Loan nos muestra un grado de podredumbre cualitativamente superior de este régimen, ya que sus instituciones (o sus integrantes) se asocian y encubren crímenes atroces como la trata de niños, sea por dinero, por poder político, o por ambos. No se trata solo de Corrientes: pasa en muchas provincias y el gobierno de Milei ha demostrado que entre investigar el crimen y defender a Valdés, lo esencial es defender a su aliado.
No podemos saber si Loan está vivo o no. Hay información que dice que habría muerto atropellado por Pérez y su esposa al intentar huir de su secuestro. Otra posibilidad es que haya sido víctima de trata, o tráfico de órganos. La exigencia de “aparición con vida” debe complementarse con la exigencia de “toda la verdad” y “juicio y castigo a los culpables”. No solo a los implicados directamente en el hecho sino también a quienes los encubrieron.
Al mismo tiempo, es evidente que es imposible que sean las actuales instituciones de poder político, judicial o policial las que avancen en esa dirección. Por eso, de modo tentativo, hacemos la propuesta de formación de una “comisión popular” encabezada por los padres de Loan e integrada por expertos forenses y miembros de los organismos de derechos humanos que ayudaron a investigar el destino de los desaparecidos durante la dictadura y a encontrar a los hijos nacidos en cautiverio o robados por los militares. Una comisión que tenga plenos poderes y que no hesite en avanzar en su tarea, “caiga quien caiga” en la investigación.