El endeudamiento público sigue creciendo sin parar. Ahora abiertamente de la mano del FMI. Tanto los gobiernos kirchneristas (coquetearon y pagaron al FMI) como el actual de Cambiemos, por más que se asuman con diferencias en materia económica, han funcionado como complementarios. El gobierno K dejó una deuda de más de U$S 200.000 millones, siendo Deuda Externa un 70%, y con el macrismo, a septiembre 2017 ya era de U$S 320.000 millones, llegando la Externa a unos 224.000 millones.
El Gobierno, emite más de U$S 30.000 millones en Bonos Lebacs, no para inversión, sino para beneficio directo de los capitales financieros nacionales e internacionales, ligados a la especulación.
El BCRA aumentó la tasa operativa al 40%, satisfaciendo el chantaje de los usureros, enfriando el mercado como se dice, pero con un enorme costo para nuestra economía al aumentar el pago de intereses que no se capitalizan sino que se cancelan con lo recaudado y esquilmado a los trabajadores y el pueblo.
A costa de los trabajadores
El ministro Dujovne, hipócritamente justificó el auxilio del FMI para cuidar a los más vulnerables. Pero lo que no dice es que los U$S 30.000 millones de dólares o más que nuestro país recibiría, será un simple asiento contable para financiar el colosal déficit fiscal (ingresos menores a los gastos del Estado) producto de los millonarios intereses que se pagan por deuda pública y el déficit enorme de la balanza comercial (relación entre la importación y exportación) dependiente de los grandes grupos capitalistas que controlan la economía de nuestra región.
Macri aumentó la Deuda Pública a un promedio de U$S 40.000 millones por año.
Hace unas semanas, la directora-gerente del FMI, Christine Lagarde, en su visita bendijo al gobierno de Macri, auspiciando seguir con las reformas laborales, previsionales, limitaciones salariales y mayor apertura de las importaciones.
El Gobierno tomó nota y profundiza las reformas y el ministro Caputo reproduce más deuda con Lebacs para beneficio del sector bancario y fondos especulativo. El costo de esta entrega de recursos más los U$S 23.000 millones de dólares del presupuesto para pago de intereses de la deuda externa es el verdadero motor del déficit fiscal y la inflación. Se le transfiere a los trabajadores con menos obra pública, limitaciones salariales, desempleo, jubilaciones miserables y condiciones de vida dignas en creciente deterioro. Y ahora con el control directo del FMI.