Con la temperatura subiendo a más de 40°, hace pocas semanas se vivieron situaciones extremas con cortes de energía eléctrica masivos. Algo de costumbre en todos los veranos capitalistas con excusas varias de la empresas proveedoras que omiten aceptar la falta de previsión, mantenimiento sostenido de todo el sistema y las inversiones que brillan por su ausencia. Reciben por parte del Estado desde hace años millonarios subsidios a pesar de los aumentos que el pueblo trabajador viene sufriendo año tras año, como en el gobierno de Macri que llegaron a más del 1.000 % en toda la provisión de los distintos servicios.
Lo contradictorio de la crisis energética son las quejas de las empresas privatizadas sobre la falta de actualización de tarifas no obstante la compra de sus paquetes accionarios por fondos de inversión especuladores. Edenor, por ejemplo, fue adquirida recientemente a Pampa Energía por el Grupo inversionista de Daniel Vila (empresario de los medios), José Luis Manzano (ex diputado peronista millonario que vive en suiza) y Mauricio Filiberti (millonario de empresas bioquímicas), previendo los aumentos inminentes de tarifas. Las ganancias de estos especuladores se multiplican, pero los trabajadores deben poner cada vez más recursos de sus empobrecidos bolsillos, con la complicidad de los gobiernos de turno, como los aumentos anunciados por el Gobierno de los Fernández a pedido del FMI.
Algunos detalles técnicos
El sistema eléctrico argentino es el tercer mercado de esta energía en latinoamérica, detrás de Brasil y México, y el 31ª en el mundo. Depende de centrales generadoras con combustibles fósiles (63% en 2019), gas natural principalmente, y en segundo lugar de centrales hidroeléctricas (27% en 2019), el 10% restante son dos centrales atómicas y algo de energías sustentables y renovables.
La energía llega a los usuarios después de tres procesos principales: generación, trasmisión y distribución. Aclaremos que esta última en el capitalismo se combina con la comercialización. Una vez generada viaja por las líneas de trasmisión en grandes distancias a las zonas productivas rurales, mineras e industriales y principalmente a los grandes centros urbanos, donde se distribuye a su vez con sistemas de transformadores en grandes cámaras o postes.
Un proceso ejecutado con decenas de empresas capitalistas
Son 58 las empresas propietarias de la generación (nuclear 1, térmica 28, hidráulica 15 y renovables 14), algunas usando dos procesos como el térmico y el hidráulico. Otras 12 se adueñaron de la trasmisión y hay 63 distribuidoras en todo el país. Algunas más conocidas: El Chocón S.A., Entidad Binacional Yacyretá, EPEC Córdoba, Hidroeléctrica Futaleufú, Tenaris-Siderca, Pampa Energía, Edenor, Edesur, Edelap, etc.
Están aglutinadas en varias entidades: Asociación Generadores de Enegía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA), Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), Asociación de Transportistas de la Energía Eléctrica de la República Argentina y Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica (AGUEERA).
Todas estas entidades de las grandes patronales de energía eléctrica forman a su vez una sociedad anónima dictaminada por ley, que integra también el Estado argentino, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESSA), que controla y coordina con el Gobierno el 91% del mercado de electricidad, las necesidades energéticas y los costos y precios que llegan a los consumidores, todo en manos privadas. Es decir, CAMMESSA es la que genera la “necesidad” de realizar aumentos en el precio de la electricidad que llega a hogares y empresas.
Hasta la década del ’90, aunque dentro de un capitalismo dependiente, los instrumentos legales y regulatorios ratificaron al Estado Nacional como controlanmte de los recursos energéticos y resaltaban el rol de las empresas públicas en la prestación de los servicios (Ley 15.336). Pero a partir de 1990, con el gobierno del peronista Carlos Menem y su reforma del Estado (Ley 23.696), tomando como modelo la reestructuración del sector eléctrico del capitalismo inglés, se entregaron paulatinamente los procesos de generación eléctrica al capital privado, al Mercado Mayorista Eléctrico. Quedando los trabajadores y el pueblo dependiendo del manejo de la especulación financiera y las ganancias de los inversores que se apropiaron del sistema viendo el negocio que les proponía el gobierno justicialista.
El negocio de los subsidios del Estado
A través de los años, en una economía dependiente del imperialismo económico, las empresas de capital nacional y multinacional exigían tarifas para garantizar sus ganancias que afectaban el poder adquisitivo de los trabajadores y las pequeñas empresas. Los sucesivos gobiernos burgueses desde los ’90, ante las crisis sociales y económicas permanentes del capitalismo argentino, conciliaban con la empresa CAMMESSA el aporte de subsidios para garantizar ganancias y supuestas inversiones en el sistema que se hicieron con cuenta gotas.
Así llegamos a la actualidad, con un presupuesto nacional 2021 para subsidios de $625.800 millones (U$S 5.681 millones –al dólar oficial), un 1,7% del Producto Bruto Interno –PBI-, aumentado hasta el final del año a $929.666 millones (U$S 8.451 millones). Y un proyecto de Presupuesto 2022, aún sin aprobación, destinando menos fondos: $620.000 millones (U$S 5.636 millones), un 1% del PBI. Una muestra que a fines del 2021 el Gobierno y su Ministro Martín Guzmán ya preveían una reducción de subsidios ante el FMI y el traslado a los bolsillos de los usuarios.
Las empresas eléctricas antes del gobierno de Macri ya tenían cuantiosas ganancias. Hay un precepto capitalista que dice que si vos invertís y no ganás no es negocio. Sin embargo ninguna tuvo pérdidas, no hacían inversiones y el macrismo les permitió aumentos de más del 1.000 %. Entre el 2016 y 2018 tuvieron fabulosas ganancias: Gas del Norte en un 1.475%, Edenor un 1.372%, Edesur un 1.006 % y Edelap un 971%. Sin embargo las inversiones fueron mínimas y tenían “colchón” para aguantar cierto congelamiento durante la pandemia, y recibiendo millones en subsidios que se pagan con el esfuerzo del pueblo trabajador.
FMI: menos subsidios, menos déficit para pagar la deuda
Por un lado el Estado, a pesar de los aumentos de Macri y las ganancias de las energéticas les mantiene los subsidios millonarios para garantizar sus ganancias sin grandes inversiones. Pero el acuerdo del Gobierno con el FMI implica quitar estos subsidios y trasladar el costo a las facturas de energía eléctrica. Por más que difundan que se les quitarán subsidios a zonas de alto poder adquisitivo, lo que en la práctica va involucrando a todos los barrios, en números es difícil que esto cubra las expectativas y necesidades del FMI para el pago de la Deuda.
Las ganancias acumuladas, en contraste con los últimos índices de pobreza y desocupación de la población estimados por el INDEC, se contradicen abiertamente con los supuestos aumentos del 20% en las tarifas de luz para todos. Y la perspectiva es que sea mucho más para incrementar las grandes fortunas de las patronales e inversionistas que poco les importa una digna calidad de vida con buena energía.
La reestatización es la única salida
La reestatización es la única salida. Pero no imitando los gobiernos de Juan Domingo Perón, que dilapidó fortunas para cambiar empresas capitalistas privadas por empresas capitalistas del Estado, atravesadas por corrupción. Es necesaria una verdadera reestatización que empiece por expropiar sin pago a las empresas privadas. No puede confiarse en los funcionarios de ningún gobierno. La gestión de esas empresas tiene que estar bajo el control de sus propios trabajadores.
Durante el proceso de renacionalización, hay que poner fin a todos los subsidios. Los costos operativos tienen que salir de las grandes empresas, que utilizan la energía para sus ganancias, y de las viviendas lujosas. Fuertes aumentos de tarifas para las grandes empresas y barrios privados, y no para el pueblo trabajador.
Que la producción se realice bajo control obrero, para que se administre el servicio eléctrico en forma democrática, transparente, y con el único interés de satisfacer las necesidades del pueblo trabajador, con el Estado cumpliendo solamente un rol financiero. La salida está en un sistema socialista, una economía planificada. Los millones que se pagaron, se paga y se pagarán por la Deuda Pública jamás investigada, deben estar al servicio de mantener y mejorar el sistema eléctrico argentino y no en el bolsillo de los buitres capitalistas y especulativos.
Fuentes:
Diario La Nación – 11-01-2022
Portal Web Cammessa
Aggera – Sitio oficial
ASAP – Asociación Argentina de Presupuesto
y Administración Financiera Pública
Infonet – www.infonet.com.ar
El Cronista – 05-01-2022
El Destape web – 21-11-2019