En consonancia con un contexto nacional que ha profundizado el ataque a las/os trabajadoras/os del Estado, para justificar los cierres, despidos y retiros voluntarios etc., el gobernador Rolando(“Rolo”) Figueroa encomendó al diputado del MPN, Claudio Domínguez, que presentara en la Legislatura Provincial un proyecto de ley denominado “INCENTIVO AL DESARROLLO DOCENTE” (presentismo). Este proyecto contó con el apoyo de los 2/3 de las/os diputadas/os que responden al frente “Neuquinizate” y otros aliados circunstanciales y en solo 48 horas fue sancionada y promulgada con el número 3347.
Una provincia con recursos extraordinarios.
La provincia del Neuquén se ha desarrollado a partir del fracking o métodos no convencionales para extraer el petróleo y el gas, con un récord histórico de producción de 413.140 barriles promedio en julio y de 109,6 millones de metros cúbicos de gas. Con estos números en el primer semestre de este año el incremento por regalías fue de 350%, alrededor de $138.566 millones, un 20 % más que en junio del 2023. En segundo lugar, los ingresos por impuestos provinciales fueron de $94.087 millones.
Desacreditar para imponer otras condiciones.
En este marco la docencia neuquina enfrenta un ataque feroz tanto de los sectores alineados al “Rolo” Figueroa, como así también de todo el aparato propagandístico y mediático para instalar que la responsabilidad de la crisis educativa se origina en la “ausencia” por licencias y suplencias. Este descrédito a la tarea docente oculta lo que realmente está pasando, las escuelas están destruidas por falta de inversión del Estado y eso las convierte en potenciales escuelas “Cromañón”, cómo la explosión en Aguada San Roque que terminó con la vida de MÓNICA, MARIANO Y NICOLÁS. Esta situación que es producto de una red de corrupción en la obra pública, ha sido generada por los sesenta años del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en el gobierno y su continuidad con este frente (frente compuesto por peronistas, radicales, desencantados del MPN y macristas del PRO) que gobierna hoy.
¿Cómo está el conflicto? ¿Qué está en juego?
El conflicto que inició con un paro de 48 horas para exigir la derogación de la ley 3347 que modifica el régimen de licencias y franquicias, que se liquida sobre un trimestre con la base de un 15% y si en ese período no se computaron tres inasistencias. Esta ley extorsiva, busca cercenar el derecho a huelga y avanzar en la reforma laboral y jubilatoria.
Con este panorama las asambleas de ATEN votaron la continuidad por 48 y 72 horas con marchas y actividades de visibilización y denuncia por las condiciones edilicias, laborales y salariales. ¡Si bien esta ley es una vuelta al pasado está claro que el “núcleo” Sobichista al que responde Figueroa pretende hacernos pagar el descrédito de su mentor político (Jorge Sóbisch) quién diera la orden para que en 2007 asesinaran a CARLOS FUENTEALBA!
Con esta perspectiva la ministra de Educación, Soledad Martínez, que responde al Frente Grande, impulsó a través de su cartera el desconocimiento de la ley 242, en la que están representados el Poder Ejecutivo, las vocalías gremiales y el vocal por la comunidad (elegido por los consejeros escolares), y en este sentido organizó una estructura paralela para tomar decisiones unilaterales y autoritarias. A través de este mecanismo instruyó a funcionarios de segunda línea para que ingresaran a las plantas funcionales de las escuelas para realizar descuentos masivos.
Un plan de lucha sin el apoyo de CTERA.
La conducción provincial TEP (Trabajadores por una Educación Popular)- Celeste pretendió darle un cierre al conflicto con un acta que se le arrancó al Gobierno con la contundencia del paro, alrededor del 80%. Esta acta modifica un artículo (el 5to.) de la ley 3347 y para eso en la mesa se presentó un decreto para reglamentarlo con algunas licencias que no estaban contempladas, debatir la devolución de días etc. Pero no la derogaba y anulaba. Fue rechazada por la base en asambleas que fueron muy importantes y que evidenciaron un hartazgo por la forma en que se “negocia”.
Esta dinámica del conflicto ha generado una crisis política tanto en la conducción sindical como en el Gobierno, ya que no esperaban este nivel de participación y respuesta a un Gobierno que no solo tomó el camino del ataque y la demonización, si no que ya en el mes de febrero aumentó un 6% los aportes patronales obreros al ISSN (Instituto de Jubilaciones y de Obra Social de las/os Trabajadoras/os del Estado), desconociendo el 25 % de inflación de enero y la devaluación de Milei que llevó el dólar oficial de $360 a $800.
La CTERA no ha impulsado un plan de lucha nacional no solo para frenar este ataque al derecho a huelga, al Estatuto del Docente y a los fondos nacionales (FONID). Sino que ha permitido que se vote la media sanción de la educación como un servicio esencial en la cámara de diputados, solamente convocando a una “jornada de lucha”. Esta central burocrática a la que pertenece Marcelo Guagliardo (Secretario General de ATEN), miembro de su Junta Ejecutiva, está jugando un rol conciliador y no avanza en el enfrentamiento a esta lógica privatista y empobrecedora que solo busca garantizar la especulación financiera y el pago al FMI.
Perspectiva
A partir de estos y otros elementos las asambleas votaron la continuidad del plan de lucha por 72 horas para los días 27, 28 y 29 de agosto, con actividades y marcha desde la Legislatura hacia Casa de Gobierno para exigir una nueva mesa.
*¡Derogación de la ley 3347!
*¡Salarios igual a la canasta!
*¡Plan de lucha nacional!
*¡Justicia por MÓNICA, MARIANO Y NICOLÁS!
*¡Luchar no es delito!