El Gobierno tiene estos días una gran prioridad: aprobar la anulación de las Leyes Cerrojo y de Pago Soberano y así cumplir con los fondos buitre apoyados por el juez Thomas Griesa en Estados Unidos. Esto traerá grandes consecuencias para los trabajadores y el pueblo, ya que más recursos del país se destinarán a los buitres y no a satisfacer nuestras necesidades.
Es necesario recordar algunos detalles sobre el origen de este pago a los buitres impulsado por Macri. En la crisis del 2001, Adolfo Rodríguez Saá, en la semana que fue presidente provisional, decretó un “default” de la deuda externa argentina por U$S 82.000 millones de un total de U$S 132.000 millones. Una deuda jamás investigada que en origen era de U$S 45.000 millones contraída a punta de fusil por la Dictadura Militar y renegociada con el imperialismo financiero por los gobiernos de Alfonsín, Menem, la Alianza y el kirchnerismo.
En 2005 y 2010 los gobiernos de Néstor y Cristina efectuaron el canje de deuda en “default” reestructurando el 92,4% de la misma, con una quita del 40% pero concediendo compensaciones.
De los US$ 6.500 millones que no entraron al canje, unos US$ 1.330 millones – el 11,6%-, más algunos que se sumaron en los últimos meses, corresponden a los bonos en manos de los fondos buitre que litigaron apoyados por el juez Thomas Griesa en Nueva York. Éstos se transformaron actualmente a través de los litigios en una cifra estimada de U$S 18.800 millones.
Macri propone más sometimiento
La “hoja de ruta” Boudou con Cristina era hacer buena letra ante los usureros internacionales, y así pagó al FMI, al Club de París, a Repsol, etc. Macri va aún más allá, concediendo todo a los buitres, con la excusa de que vengan más prestamos y contener el déficit fiscal.
Así el Gobierno envió al Congreso el Proyecto de Ley (PL) 001/16 (PEN 436) – denominado PL de Normalización de la Deuda Pública y recuperación del Crédito que profundizaría aún más el sometimiento ante la usura internacional. Tres conceptos lo muestran:
– Derogaría la Ley 26017, del 2005, Ley Cerrojo, que prohíbe la reapertura del megacanje de Kirchner/Lavagna, y la Ley 26886, del 2013 que permite negociar con los buitres siempre que no reciban mejores condiciones.
– Derogaría también la Ley de Pago Soberano, que dispone que el Banco Nación intervenga en el pago y no entidades extranjeras, y una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación (CI), a cargo del diputado K, Eric Calcagno. En los hechos nunca funcionó. Pero Macri quiere anular el carácter de “interés público”, como dice la ley, cerrando la posibilidad de cierta investigación. Algo que el juez Griesa reclama explícitamente.
– Como en la década ganada K, el Congreso daría facultades irrestrictas al Gobierno en los casos de conversión de la deuda pública.
Aunque las leyes votadas durante el kirchnerismo no fueron un impedimento para que se pagaran 200.000 millones de dólares de la fraudulenta deuda externa, el proyecto macrista busca derogarlas para imponer algo mucho peor: abre las puertas para profundizar esa entrega de recursos para beneficio exclusivo de los usureros internacionales y someter aún más a nuestro país a los dictados de los gobiernos y los jueces imperialistas.
Más deuda pública para pagar a los buitres
Para pagar a los buitres se aumentará la deuda pública, lo cual ya estaba autorizado en el presupuesto 2016 aprobado por en el Congreso con mayoría K. Allí se autorizaba a aumentar la deuda pública en más de U$S 20.000 millones de dólares
Nada dice el proyecto de lo que se pagaría además por honorarios de letrados, de asesoramiento, de comisiones a intermediarios, generalmente bancos privados amigos del poder, y demás ítems complementarios de la negociación realizada. Gastos que usualmente se pagan al contado a costa de nuestros recursos.
Una gran movilización para rechazar el acuerdo
Con la caja de la coparticipación federal y la promesa de nuevos fondos para las provincias, el macrismo consiguió el apoyo de los gobernadores y de la mayoría de los bloques de legisladores peronistas que necesitaba para aprobar su proyecto en las cámaras. En un trámite express, se dispone a aprobar estas nuevas leyes que le permitan cerrar la negociación acordada con el juez Griessa y los fondos buitres.
Sólo los diputados del Frente de Izquierda y un sector del bloque de diputados del FPV se han pronunciado en rechazo a dicha entrega. Incluso han impulsado en forma reciente la convocatoria a una consulta popular al respecto.
Desde el PSTU, más allá de estas convocatorias, llamamos a impulsar la movilización junto a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales en rechazo de las nuevas leyes que impulsa el macrismo. No alcanza con testimonios y debates parlamentarios. La única manera de parar esta nueva entrega es en las calles. Ni un peso de nuestro presupuesto tiene que ir para pagar esta estafa, destinando esos recursos para cubrir las necesidades que tenemos los trabajadores y el pueblo del país.