El 12 de Noviembre de 2014 se votó en el Congreso de la Nación la “Ley de prohibición en cualquier medio de comunicación de todo aviso, publicación, publicidad y mensaje que fomente la oferta sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual”, conocida como “Ley Larroque”. Esta viene a ampliar la llamada prohibición del rubro 59 que se votó en el año 2011, y en su art. 2 plantea lo siguiente: “prohíbanse los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, a través de cualquier medio de comunicación (…)”. Si viéramos solamente este artículo, quizá podríamos decir que la ley tiene el aspecto positivo de que dificulta la prostitución, aunque no podríamos desconocer que los proxenetas y tratantes de personas, en complicidad con los políticos y poderosos, pueden eludir la legislación fácilmente, como lo han hecho con la prohibición del rubro 59.
Sin embargo, si continuamos con el análisis vemos que el art. 3 le otorga una facultad amplísima al Estado de poder controlar, diciendo lo siguiente “La autoridad de aplicación podrá: Monitorear la presencia de avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes de oferta sexual y/o de solicitud de personas para destinarla al comercio sexual difundidos en los medios de comunicación”. Es decir que la ley en concreto otorga un mayor poder punitivo al Estado pudiendo criminalizar a una persona que, a través de una cuenta personal de una red social, promueve una “oferta sexual”. Además, el poder que se le otorga a la autoridad de aplicación es tan amplio, que puede monitorear todos los medios de comunicación incluyendo las redes sociales, y las cuentas personales.
Con la sanción de estas leyes el Gobierno busca aparentar que tiene un interés legítimo por desbaratar las redes de trata, cuando en verdad el Estado, sus instituciones como la policía y quienes las dirigen son los principales cómplices de las redes de cooptación y distribución, y entonces el Gobierno es responsable de la propagación e impunidad de esas redes. Que la trata de personas disminuirá por la prohibición de oferta sexual en los medios de comunicación es una ilusión que el kirchnerismo nos quiere vender.
La actuación del PO y del PTS en el FIT, con respecto a la Ley Larroque
Tanto el PO, como el PTS, votaron a favor la Ley Larroque. El PTS votó a favor y luego se rectificó públicamente diciendo que, entre otras cosas, no lo habían entendido bien y que de haberlo hecho, habrían votado en contra, porque atentaba en contra de la libertad individual de las personas. El PO, votó a favor y luego salió a defender esa posición, aduciendo que apoyaban el sentido de la ley, que iba a legislar en contra de la trata de personas con fines de explotación sexual.
Entendemos que el accionar dubitativo del PTS, es sin dudas, además de desprolijo, erróneo. Ninguna persona ejerce la prostitución en el marco de las libertades individuales. Esto no es posible, ya que existe una sociedad patrialcal que pone a la mujer en el lugar de objeto para la satisfacción de los deseos del hombre; un estado proxeneta que garantiza que este abuso y esta violencia ejercida sobre los cuerpos de las personas en situación de prostitución, sea posible; funcionarios corruptos que son parte del mismo sistema que sostiene y fomenta la trata de personas; un estado policial represivo que no sólo es parte y arte del tráfico de personas para la explotación sexual, sino que además, persigue, hostiga y criminaliza a las mismas víctimas. Y por último, todos estos actores del escenario de la Trata, están al servicio del sistema capitalista, para el cual el negocio de la trata implica numerosos dividendos, y para el cual, el cuerpo de las víctimas es sólo una mercancía más de venta e intercambio.
Por otro lado, el PO, en su defensa del voto a favor de la Ley Larroque, indica y señala que la prostitución no es un trabajo a dignificar y que luchan por una sociedad que elimine esta explotación social degradante y ponen al servicio de la lucha contra la trata, sus bancas, diciendo: “Votamos la ley como parte de nuestro compromiso en la lucha contra la trata y como parte de la lucha contra el Estado y los intereses capitalistas que la amparan, la lucha política cotidiana del Partido Obrero y el Frente de Izquierda.” Ahora bien, sobre esto hay varias cuestiones a considerar. Es evidente que una ley de la burguesía, puesta al servicio de los intereses del sistema capitalista nunca podría resultar en beneficio de los trabajadores y el pueblo. Entonces, el hecho de que el PO, defienda su voto a favor, porque resalta su compromiso con la lucha contra el Estado, es una contradicción en sí misma, y lo que es peor, le da expectativas al conjunto de las masas oprimidas, diciéndoles que con una ley burguesa existe alguna posibilidad de que su situación de explotación se modifique.
Luchar contra la trata y por trabajo
Creemos que la actitud de los diputados del FIT frente a esta ley fue sumamente errónea, en nuestra opinión el centro de su actuación tendría que ser denunciar al Estado proxeneta y a la ley burguesa como cómplice de la desaparición forzosa de miles y miles de personas cada año, para ser consumidos y explotados por el sistema capitalista. Por lo tanto exigir a las organizaciones de trabajadores y estudiantiles que tomen en sus manos la lucha contra este flagelo y por trabajo genuino para todas, con un salario equivalente a la canasta familiar; vivienda, salud y educación gratuitas para evitar que las mujeres y niñas, desesperadas ante la falta de medios de subsistencia sean “engañadas” por los tratantes, además de pelear por el desmantelamiento inmediato de las redes de trata y la cárcel a todos los responsables y cómplices de las mismas.
10 de diciembre de 2014.