Nuestro país fue nombrado históricamente como “granero del mundo”. Ese apodo lejos de ser un halago, refiere al lugar que históricamente ha tenido en la división internacional del trabajo: productor de materias primas y alimentos, es decir dependiente del imperialismo a nivel mundial. Si bien hay un desarrollo industrial importante en relación a otros países de Latinoamérica, la importancia del agro en la economía de nuestro país es fundamental. Tal es así que lo que se enseña en las escuelas y difunde como identidad nacional está directamente relacionado a la actividad agraria, y las patronales agrarias utilizan esto para identificar su existencia con la suerte del país
Hoy en día las exportaciones agroindustriales representan un 70% del total de las exportaciones y van meses y meses de cosechas y exportaciones récord. Las ganancias son récord por el aumento de las ventas y el aumento de los precios de los productos que se comercializan. Sin embargo, ese beneficio que están teniendo las patronales agrarias, no implica una mejora para el pueblo trabajador argentino, al contrario: imponen los precios internacionales en el mercado interno, lo que implica que la comida sea cada vez más cara. Ejemplos claros con los de la carne y ahora del pan, por la suba del precio del trigo (debido a la escasez mundial por la invasión a Ucrania).
La tierra es un recurso riquísimo de la Argentina, que utilizado al servicio de las necesidades de la mayoría de la población sería un gran puntal, como veremos, para solucionar el problema del hambre. Pero hoy quienes exprimen ese recurso, para su propio beneficio son precisamente los dueños de la tierra, ya sea mediante el arrendamiento a los pools cerealeros o mediante producción directa. Estos engrandecieron sus ganancias mediante el genocidio de los pueblos originarios con la conquista del desierto e impusieron el modelo agroexportador en la economía argentina. Hoy son menos patronales y más concentradas como en el conjunto de las ramas de la economía.
Según un informe presentado por la CTA, el 40% del territorio nacional pertenece a 1.200 terratenientes y/o empresas y el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11%. A esto se suma el proceso de extranjerización de la tierra por el cual hoy ya “legalmente” hay 12.5 millones de hectáreas en manos de extranjeros.
¿Qué quiere decir que exprimen el recurso? Precisamente que el uso de la tierra esta en función del mercado. Por ejemplo, el monocultivo de soja para vender a China, fue un fenómeno creciente en las últimas décadas. Extendieron las fronteras agrarias plantándola aún donde antes no se cultivaba, arrasando con toda la tierra que pudieron, con consecuencias no solo en relación a la alimentación sino también implicando una destrucción brutal del medio ambiente y la salud de la población, como por ejemplo, mediante el uso de glifosato, entre otros, temas que retomaremos en próximos artículos. Por supuesto cada vez con menos mano de obra, por el uso de la tecnología y con condiciones laborales paupérrimas
Las patronales agrarias y todos los nuevos inversores en el fabuloso agronegocio son parte fundamental del problema del hambre en el país, conjuntamente por supuesto con todo el empresariado ligado al agro que impone los salarios a la baja.
¿Y el Gobierno peronista?
La oposición patronal hoy agrupada en Juntos por el Cambio se reconoce como férrea defensora de las patronales agrarias. No es de extrañar ya que varios de sus representantes son precisamente de las familias patricias y oligarcas: Bullrich, Peña, etc. etc.
El peronismo históricamente tuvo más roces con las patronales agrarias y mayor ligazón con la burguesía industrial, este es un eje de las disputas que atravesaron a los poderosos del país desde hace décadas. Aunque no sea una disputa entre opuestos, por ejemplo, cabe recordar que el Gobierno de los Kirchner, con quien estuvo la recordada disputa por las retenciones, favoreció con creces la extensión del monocultivo de soja. Pero el Gobierno de Alberto Fernández ni siquiera se atreve a hacer la mínima medida que en 2008 propuso el entonces Ministro de Economía del Gobierno de Cristina, y ahora opositor Martín Lousteau.
Bastó una advertencia preventiva como la del último tractorazo para que, aún admitiendo que una forma posible de frenar la suba de los alimentos es aumentando retenciones, no lo hiciera por temor a “perder” en el Congreso y porque frenaría el ingreso de dólares que necesitan para pagar al FMI. No propone tampoco ningún cupo a la exportación como lo están haciendo más de 20 países en todo el mundo. Ni que hablar de reimplantar la Junta Nacional de Granos y Carnes o el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) que en su momento supo implementar Perón.
Qué hacer con esta situación es parte importante de la disputa que hay actualmente en la alianza gobernante. Sin embargo, más allá de que en declaraciones se tiren con todo, el conjunto del Gobierno del Frente de Todos y las organizaciones que adhieren a él, permiten que en una situación como la actual unos pocos ganen fortunas, mientras la mayoría vive cada vez peor.