En estas últimas semanas estamos asistiendo a través de los medios de comunicación a un debate entre el Gobierno Nacional y las cámaras empresariales al presentarse ante el parlamento un proyecto que modifica la Ley de Abastecimiento dictada en 1974. El sector llamado G6 (que reúne a los altos poderes empresarios) junto al agro de la Mesa de Enlace, sumado a todo el arco opositor (Frente Renovador, UNEN, PRO, UCR) están haciendo declaraciones permanentes contra la injerencia del Estado en la producción y el control de precios, largas editoriales vuelven a colocar los debates sobre la libertad de mercado, sobre la defensa irrestricta de la propiedad privada y sobre los derechos constitucionales que se ven “vulnerados” cuando existe la posibilidad de que se toque a una empresa.
En un panorama mundial de crisis, donde las empresas despiden, suspenden o retienen productos para no dejar de ganar, la sola posibilidad de que el Estado regule precios o intervenga en la producción pone los nervios de punta a los empresarios. Este debate nos lleva a preguntarnos entonces, ¿el Gobierno verdaderamente tomará medidas para superar la situación actual que vivimos en nuestro país? ¿Enfrentará a las grandes corporaciones y las obligará a estar a disposición de lo que el pueblo trabajador necesita?, para responder estas preguntas basta ver qué es lo que se está proponiendo.
El proyecto de ley le solicita a las empresas que muestren los libros contables, los obliga a vender los productos que acaparen y propone un observatorio de control de precios. Estas medidas no son suficientes para enfrentar la actual situación, es más, en la ley original el Estado tiene el poder de expropiar, de intervenir empresas, de suspender patentes e incluso de arrestar a los empresarios. Sin embargo, con la nueva modificación kirchnerista esto se eliminaría y en propias palabras oficiales, todo apunta a una ley más benigna que la normativa actual1.
Si Cristina quiere dar una batalla real y a fondo contra los grandes especuladores no puede retroceder un centímetro de la ley que el propio peronismo sancionó, una ley que Menem modificó para casi dejarla sin efecto. No sólo no debe retroceder, sino que para que los trabajadores y el pueblo no paguemos las consecuencias de quienes generaron la crisis debería ir por más. No existen las medias tintas cuando lo que está en juego es el empleo y el hambre de todo un país, no puede volver a ocurrir lo que sucedió en el 2008 con el lockout patronal del agro, cuando se retenían granos, cereales y se arrojaba leche en las rutas ante la negociación con el Gobierno que en ese momento no aplicó la ley de abastecimiento para realmente dar un golpe fuerte a los sojeros que no pararon de ganar, aunque siempre se quejan de las retenciones al campo.
Ir más allá significaría aplicar con todo rigor la ley de 1974 agregando un programa obrero alternativo que empiece por combatir el principal elemento que genera inflación como son los pagos de la deuda externa, así como la necesaria eliminación del IVA a los productos de primera necesidad. Para poder frenar la especulación financiera y evitar una devaluación, en lugar de hacer leyes a medida de los bancos extranjeros (como sucedió con los chinos) debemos estatizar la banca. Para impedir el embargo que desean los buitres es necesaria la expropiación y estatización total de todos los recursos energéticos. La respuesta a los reclamos fundamentales de los trabajadores hoy, como son el empleo estable y seguro, así como salarios y jubilaciones que alcancen para vivir, se conseguirían con medidas muy precisas: apertura de los libros de todas las empresas para ver en qué situación están y que este control sea obrero. Si están en crisis y no pueden seguir funcionando como sucedió con Emfer-Tatsa o si hacen quiebra fraudulenta como Donnelley, debemos estatizarlas bajo control obrero, prohibición de despidos y suspensiones a las que sí pueden funcionar. Los salarios y las jubilaciones deberían ajustarse mensualmente de acuerdo a los reales índices de inflación. Para que todos podamos comer en un país que produce alimentos para 300 millones de personas, se debe combatir la sojización, obligando a las patronales agrarias a producir cereales y alimentos, estableciendo para eso una junta nacional de granos y la estatización del comercio exterior. Acompañando esto lanzar un plan de obras públicas de viviendas, escuelas, hospitales, obras sanitarias, centrales eléctricas, que garantice las necesidades básicas y empleo para todos.
Estas propuestas no están siquiera mencionadas por Cristina, y es por eso que para imponerlas y en verdad “abastecer” a todos los sectores populares debemos organizarnos y exigir al gobierno que lo haga, si decidió dar una pelea que sea con toda la fuerza y medidas necesarias, si no lo hace demostrará una vez más que gobierna para los empresarios.
Notas:
1 Página/12 – 19/8/14
Recuadro:
Patronales: los terroristas sin ley
En medio de un anuncio en el salón de las mujeres de la Casa Rosada, Cristina informó el pasado 14 de agosto que le aplicarían a la empresa gráfica Donnelley un artículo de la Ley Antiterrorista por “crear temor en la población” con una falsa quiebra, eso sí, no denunció que esta empresa deja a trabajadores en la calle y que quiere “sacarse de encima” a una comisión interna combativa. Asimismo, este anuncio generó tanta controversia que el Gobierno tuvo que retroceder y decir que sólo se la denunciará por quiebra fraudulenta. Es que la Ley Antiterrorista que fuera sancionada durante el actual Gobierno fue requerida por los organismos internacionales para poder otorgar créditos para nuestro país, es una ley que cercena los derechos de expresión, organización y movilización y que está dirigida hacia la criminalización de la protesta social, una ley para aplicarle a los sectores populares y a las organizaciones políticas. Es por esta razón que cuando se intentó usar contra una multinacional los empresarios y la oposición salieron a impedir inmediatamente que se aplique, salvo el Frente Renovador de Sergio Massa, todo el resto del arco político opositor solicitó la derogación de la misma denunciando su carácter represivo. Claro está que para votarla y aplicarla al pueblo no tuvieron problema, recordaron los males de esta ley cuando existió la posibilidad de utilizarla contra la patronal. El retroceso en la medida por parte del Gobierno ha servido para tranquilizar el debate e impedir que la derogación de la misma se coloque como posibilidad.
Si hay sectores del parlamento que definieron estar en contra de la ley, entonces deberían seguir impulsando la exigencia de derogación, pero lamentablemente defender a las patronales es su principal objetivo y no lo harán hasta el final. Derogar la Ley Antiterrorista es parte sustancial de combatir la actual represión que el Gobierno aplica a los trabajadores, organicémonos desde abajo para poder imponerlo.