El presidente Mauricio Macri, sostuvo en una entrevista emitida la semana pasada, que no estaba seguro si los desaparecidos durante la última dictadura militar eran 9.000 o 30.000, y se refirió al genocidio, como una “guerra sucia”. Al respecto Pérez Esquivel sostuvo que el presidente “debería aprender realmente lo que pasó y no generar más tensiones”.
Macri sabe perfectamente lo que sucedió, ya que su familia fue una de las principales beneficiadas con las políticas económicas llevadas adelante por los militares, pero además su visión sobre el asunto no se revela sólo en sus dichos polémicos.
Muy por el contrario, se evidencia en las medidas que su gobierno ha tomado desde que asumió. Y esto se da tanto a nivel nacional, como en la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de María Eugenia Vidal, quien destina millones del presupuesto para espiar en las redes sociales a los docentes.
Breve repaso a la política de derechos humanos del PRO
En primer lugar, Macri dejó sin efecto un decreto firmado por el ex presidente Ricardo Alfonsín, que databa del año 1984, que establecía una delegación de “facultades en el titular del Ministerio de Defensa” con respecto al manejo de las fuerzas. Por medio del decreto 721/2016, el presidente le otorga nuevas potestades a las FFAA y de esta manera vuelven a tener atribuciones para decidir ascensos, traslados, designaciones, premios, incorporación de retirados como docentes en los espacios de formación, entre otras cuestiones, que habían sido pasadas a control político desde 1984.
Desde que asumió Macri ya son 50 los condenados por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar que lograron salir de la prisión para cumplir con su condena desde el confort de su casa. Desde febrero pasado, juzgados federales de todo el país concedieron decenas de prisiones domiciliarias a militares y policías encarcelados. Los represores obtuvieron la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y tener problemas de salud, un beneficio que no es automático y depende del criterio del magistrado.
En los últimas semanas se dio a conocer que Luis Tomás Trillo, principal responsable de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), fue fotografiado cuando salía a caminar con su perro. Trillo cumple su condena con prisión domiciliaria. Otro de los gestos hacia las FFAA es que los militares condenados o en proceso pueden volver a ser atendidos en caso de deterioro de su salud, en los hospitales militares, cosa que desde el 2013 estaba prohibida, año en el que dos condenados, Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, se fugaran del Hospital Militar Central.
En relación a los recortes presupuestarios para las áreas de investigación y documentación que funcionaban como auxiliares en los casos de lesa humanidad, se evidencia claramente cómo el accionar del Estado ha procurado desmantelarlas. En un informe de las IV Jornadas Nacionales de Abogados y Abogadas querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, advirtieron que durante los primeros siete meses del gobierno macrista, se realizó “un desmantelamiento total o parcial de áreas que investigaban sobre responsabilidad o complicidades con el terrorismo de Estado y que aportaban pruebas a los procesos de justicia por delitos contra la humanidad, parálisis de otras áreas, reorganización del personal o subejecución presupuestaria”.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advirtió que durante el primer semestre del año los juicios por delitos de lesa humanidad fueron demorados. En los últimos diez años, 163 son los casos en los que se ha dictado sentencia, con un pico máximo de 25 en los años 2012 y 2013, pero en lo que va del 2016, sólo han sido 9 las causas con sentencia.
Política represiva para frenar el ascenso social
Todas estas medidas se dan en el marco de una brutal política de ajuste sobre el bolsillo del pueblo trabajador. Y no es algo casual, ya que hemos sido los trabajadores los que hemos resistido con organización y lucha, las medidas de los gobiernos democráticos o dictatoriales, que responden a los intereses de la banca financiera internacional. Macri es un regente más, de los holdings empresariales que necesitan instrumentar el aparato represivo para sostener sus políticas de hambre. Y lo hace sobre la base una estructura cuidada y conservada por la gestión K (ver página 11).
Así desde que asumió propuso el Protocolo Antipiquete (que igualmente no pudo aplicar), y estrenó la gestión reprimiendo a los trabajadores de Cresta Roja. Más recientemente el procesamiento a los ferroviarios del Sarmiento y la represión a Mar del Plata y a los jubilados de Puente Pueyrredón.
La única salida a las políticas de ajuste, hambre y represión, es la organización y la lucha. Sólo movilizados en las calles lograremos arrancarle a éste o cualquier gobierno de los patrones las reivindicaciones que tanta falta nos hacen. Y así también demostrarle a Macri que la lucha por la cárcel común perpetua y efectiva de todos los militares genocidas sigue viva, que no vamos dejar de repudiar las prisiones domiciliarias a los milicos asesinos y todos los beneficios que quieran otorgarle.
Aunque a Macri y sus aliados le moleste los 30.000 desaparecidos están presentes en cada una de las peleas que llevamos adelante los trabajadores. El mejor homenaje que podemos hacer es continuar hasta lograr un mundo donde la lógica no esté puesta en la acumulación de unos pocos por sobre el hambre de unos muchos, sino que todo esté al servicio de los trabajadores y el pueblo, un mundo socialista.