En los últimos días los medios estuvieron obligados a difundir y a cuestionar los miles de casos de pensiones por incapacidad que el Gobierno a través de su ministra de Seguridad Social, Carolina Stanley, fueron suspendidas, provocando grandes repudios sociales y hasta movilizaciones de discapacitados y sus familiares. En lo que va del 2017 eliminó 70 mil pensiones por discapacidad y están en estudio otras 180 mil, y 15 mil por otra parte de casos de pensiones por vejez o de madres con familia numerosa. (1)
Un brutal ajuste presupuestario que hasta considera que una persona con síndrome de Down no tendría derecho a recibir una ayuda estatal. O casos
que por el solo hecho de que los padres de un niño con capacidad diferente perciban por sus trabajos dos salarios mínimos podrían bancar los enormes
gastos que demandaría la atención de su hijo discapacitado dentro de un sistema de salud con hospitales en crisis y privatizada la atención en su
mayoría con altísimos costos.
1) 13/06/2017 – Infobae.